Las necesidades de la ciudadanía son numerosas, cada día más si cabe, pues a medida que la economía, el Derecho, la técnica, la educación, el desarrollo social, la concienciación de los derechos y obligaciones cambian y evolucionan, demanda más obras, más servicios, más cultura, más bienestar social, más oportunidades en la formación, etc.
Las Administraciones Públicas tienen como competencias, por imperativo legal, precisamente el atender, entre otras, esas necesidades de la ciudadanía, que con sus pagos de las cuotas tributarias financian la ejecución de sus respectivas competencias y obligaciones legales, además de las retribuciones de los empleados públicos y cargos políticos que las gestionan y dirigen, respectivamente.
El desarrollo de algunas de esas tareas públicas se verifica por la ciudadanía, en buena medida por ser la creadora, la inductora, la ejecutora de algunas de sus manifestaciones, como es el mantenimiento de arraigadas manifestaciones culturales, que precisan, para su existencia y su promoción, de recursos de todo tipo, y que por ser de interés general; especialmente las que se desarrollan en el ámbito rural, y que al disminuir de forma dramática su población, precisan de las transferencias financieras de la Diputación Provincial, pues entre otros cometidos que tiene que atender es del “fomento de los intereses generales de la provincia”, como son los relativos a las tradiciones populares que son manifestaciones del sentir de las gentes, de sus sentimientos, de su historia, de su ser y que han de seguir disfrutándose en el presente, sabiéndolas transmitir para que subsistan en el mañana. Verbigracia, los zangarrones de la provincia de Zamora, como el de Sanzoles… buenísima gente, por cierto.
Y es que si todos tenemos del deber moral de facilitar, de ayudar, de comprender, de asesorar, etc., a nuestros semejantes, como iguales actitudes deseamos de ellos hacía los demás; más si cabe, si son empleados públicos y cargos políticos que tienen, además, por imperativo legal, que “acercarse” a la ciudadanía para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones y derechos, como pudiera ser la observancia del procedimiento relativo a las subvenciones, es decir, la formalización de la solicitud, de su tramitación, de su gestión, de su justificación, etc., dicho castizamente “el papeleo”. No es de justicia, ni de lógica, ni de sentido común, etc., que tales tareas obnubilen, preocupen y desincentiven la gestión de subvenciones destinadas al mantenimiento de la cultura entorpeciendo su existencia y desarrollo.
Desde los preámbulos de la Constitución, de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la normativa autonómica “ad hoc”, y de las debidas Ordenanzas Municipales y Provinciales relativas a la gestión de subvenciones, se impele a la agilización de las tareas de formalización relativas a la concesión de subvenciones; que debieran observarse por los empleados públicos supuestamente conocedores del Derecho, es un suponer, responsables, pues se que han ganado su puesto de trabajo en reñidas oposiciones y por lo tanto conocen, o debieran conocer, la normativa reguladora correspondiente.
Y desde luego lo que es improcedente es que las personas que hayan de aplicar las subvenciones, la inmensa mayoría ignotas en Derecho Administrativo, tenga que acudir a profesionales para que les formalicen y tramiten el papeleo, con el coste que ello supone, en menoscabo de aplicar íntegra la financiación al objeto exclusivo al que se concedió: la cultura.
Marcelino de Zamora
