Los doce españoles dejados atrás

Pero el naufragio del Villa de Pitanxo con veintidós marineros a bordo, solo tres supervivientes, más nueve cadáveres ya recuperados, y doce cuerpos desaparecidos aún por encontrar, demuestra, que nos gusta agarrarnos a un clavo ardiendo. Engañados, se vive mejor.

En nuestro maravilloso mundo limitado a tirar una cabra desde un campanario y a asediar a un toro en un pinar, no tienen cabida las catástrofes. Nadie se acuerda ya de los dieciséis mineros muertos en el pozo María Luisa ni de Marta del Castillo o el niño Julen. Aún así, las tragedias se siguen sucediendo.

Y cuando la tragedia se sucede, y tiene como protagonistas a gente con la que compartimos nacionalidad, el deber del Estado de todos los españoles siempre ha sido el de dar con la mejor solución, cueste lo que cueste. De este modo había venido siendo, hasta ahora.

Cada vez que un español se ha enfrentado a problemas en alguna parte del mundo, el Estado ha ordenado el operativo para solucionar la crisis

En 2008, el atunero vasco Playa de Bakio fue secuestrado ante las costas de Somalia, dentro iban veintiséis marineros. En aquel momento, el Estado de todos los españoles puso en marcha el dispositivo diplomático, de inteligencia y militar que las terribles circunstancias requerían.

Y la opinión pública entendió a la perfección que había que hacer lo que había que hacer. Desde desplegar comandos de Operaciones Especiales, cuyas acciones no pasan por el control del Parlamento, a pagar un multimillonario rescate. Lo que fuera con tal de traer a nuestros paisanos de vuelta.

2009 fue un mal año. El atunero de Bermeo, Alakrana, con treinta y seis marineros a bordo, fue secuestrado por piratas somalíes fuera de la zona protegida por la Operación Atalanta. El Estado de todos los españoles se puso entonces en marcha, y en coordinación con comandos franceses y norteamericanos, consiguió rescatar a los marineros. Ese mismo año fue secuestrado un periodista independiente, y nuestros responsables políticos movieron Roma con Santiago hasta que lograron traerlo de regreso.

En 2011 fue liberado en Libia un fotoperiodista, después de haber caído en manos de fuerzas leales a Gadafi. También se rescató a tres de nuestros cooperantes retenidos contra su voluntad en Mauritania. Y es que, en los últimos veinte años, cincuenta y siete cooperantes y misioneros españoles fueron privados de libertad mientras realizaban su impagable labor de servicio a la comunidad en alguna parte del mundo.

Y el Estado siempre ha respondido. Hasta ahora.

En 2014, durante la última crisis del ébola, el Estado de todos los españoles cumplió con su deber y facilitó la MED-EVAC de los dos misioneros y una monja, contagiados en el continente africano. Se les repatrió en un avión militar medicalizado, aunque luego en suelo patrio no se pudo hacer nada por salvar las vidas de los dos sacerdotes.

Ese mismo año, diversos grupos yihadistas vinculados al Estado Islámico secuestraron en Siria a tres periodistas. Una vez más, el entramado del Estado de todos los españoles se puso en marcha y consiguió liberarlos. Toda vez que un periodista español, o cualquier otro profesional, ha resultado muerto o retenido contra su voluntad, mientras desarrollaba su labor, el Estado ha movilizado a todos sus efectivos hasta conseguir traerlo a casa.

Compromiso

Los ciudadanos sabemos de sobra que nuestro Estado cuenta con los mejores medios humanos y materiales para buscar y localizar a los doce marineros desaparecidos. Si disponemos del equipo, la tecnología y los profesionales cualificados, por qué no lo hacemos.

Los ciudadanos sabemos igualmente que Canadá es un país de economía liberal, pero no al modo europeo, sino al modo norteamericano. Un modelo que antepone los beneficios económicos a la vida humana. Para Canadá buscar marineros vivos sí tiene una utilidad práctica, no así buscar marineros muertos.

Para Canadá buscar los cuerpos de nuestros doce marineros es despilfarrar dinero público en pagar a costosas empresas privadas canadienses. Por lo que la obligación del Estado de todos los españoles, junto con los armadores gallegos, es correr con los gastos que sean necesarios. Y apremiar a las empresas privadas canadienses para que inicien la búsqueda por la que se les va a pagar.

Tenemos un compromiso de lealtad hacia la OTAN. Por esto mismo, en cumplimiento de nuestras obligaciones con la Alianza, hemos desplegado a nuestros militares en el Mar del Norte.

Tenemos una relación de fraternidad hacia nuestros marineros desaparecidos en el Atlántico. Es nuestro deber devolver a sus familias los cuerpos de esos doce españoles a los que hemos abandonado. Hay que traerlos de vuelta a casa.