Se confirma que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto las primeras diligencias de investigación sobre los contratos del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se trata de unas pesquisas, a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, reclamando que se indague en un contrato de emergencia por la adquisición de 250.000 mascarillas. Resulta que ser hermano de Isabel Díaz Ayuso tiene numerosos inconvenientes.
Los tres denunciantes se han mostrado muy diligentes. Ojalá fueran así para todo. Y no que en lo que a sus formaciones compete, siempre cierran los ojos o miran hacia otro lado. Me gustaría, por aquello de la levedad de la memoria, refrescársela a todos ellos facilitándoles unos datos de interés que conviene recordar. Anticorrupción está tardando mucho en investigar y firmar el pertinente decreto de incoación de diligencias al Ministerio de Sanidad que presidía Illa en los primeros meses de la pandemia, por las adjudicaciones a empresas de dirección desconocida, sin trabajadores o sin especialización sanitaria por los sobreprecios desorbitados que pagó su digno ministerio.
Lo del hermano de Ayuso es peccata minuta si lo comparamos con el encargo que hizo cierto organismo ministerial por 527 millones de euros, de los que nunca se supo más. La señora Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra que también tiene un hermano, ha declarado que “adjudicar obra pública a mi hermano es legal, ético y estético”. Porque no es el hermano de Ayuso, porque entonces es ilegal, antiético y antiestético. Una pequeña sociedad afincada en Zaragoza y elegida por Ábalos, levantó un imperio empresarial durante los primeros meses de pandemia por la compra de material sanitario, ingresando de 0 a 53 millones en menos que cantaba un gallo
En su día, Carmena adjudicó a dedo 11.000 contratos por valor de 60 millones. La diputada de Más Madrid, Mónica García, tiene que devolver 13.000 euros por haber cobrado como parlamentaria con dedicación exclusiva mientras estaba de baja laboral. El PSOE ha recibido la mayor condena por corrupción de la democracia. Nadie sabe qué hicieron los implicados con los 679.432.179,09 euros desaparecidos en el fragor del ‘expolio’. Ada Colau imputada por malversación y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción, numero 1 de Barcelona Resulta que Ximo Puig, presidente de la comunidad valenciana también tiene un hermano que está imputado desde 2019 por los presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental. Incluso el marido de la directora general de la Guardia Civil está siendo investigado.
¿Alguien oye hablar de todo esto en teles y radios?
