La campaña en Castilla y León: cambio o continuidad

Primero, porque interrumpe abruptamente (y sin explicaciones convincentes) una legislatura, aparentemente estable, que debió haber llegado hasta mayo de 2023. Adicionalmente, este anticipo electoral se realizó exhibiendo un áspero desacuerdo y un enconado divorcio político entre los socios que formaban la coalición gubernamental: el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (cuyo líder, Francisco Igea, en 2019, tras una dura campaña contra la perpetuación en el poder del PP, prefirió dar la presidencia de la Junta al popular Alfonso Fernández Mañueco en vez de al socialista Luis Tudanca, ganador de las elecciones, con seis procuradores más en Cortes).

Se eleva la incógnita sobre el comportamiento electoral de los castellanos y leoneses el 13 de febrero, porque la abstención puede ser más elevada y determinante que en otros comicios

Segundo, porque estas elecciones se realizan de forma disociada de las elecciones municipales. Numerosos análisis politológicos apuntan que las preferencias de voto en las municipales influyen sobremanera sobre las urnas destinadas a las autonómicas. De hecho, los castellanos y leoneses, cuando coinciden ambos comicios, votan más en las elecciones municipales que en las autonómicas. Los datos hablan por sí solos: en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 la participación fue del 65,8% en toda Castilla y León (1.385.790 votos emitidos), mientras que en las municipales se elevó hasta el 71% (1.403.396 personas ejercieron su derecho al voto). Es decir, casi cinco puntos más. Las personas votaron a sus candidatos a alcalde, pero muchos no votaron a nadie para presidir la Junta. Además, Castilla y León tiene un elevado porcentaje de población mayor de 65 años y residente en el medio rural. En período invernal, las inclemencias climatológicas del domingo de votos y el miedo al COVID pueden disuadir a muchos ciudadanos de acudir a los colegios electorales, sin que nadie pueda predecir con exactitud las consecuencias de un aumento de la abstención. Es decir, se eleva la incógnita sobre el comportamiento electoral de los castellanos y leoneses el 13 de febrero, porque la abstención puede ser más elevada y determinante que en otros comicios.

Tercero, porque la entrada en escena de nuevos partidos provinciales, portando la bandera de “la España vaciada”, provocará una mayor dispersión del voto, especialmente en Valladolid, Burgos, Soria, Palencia y Salamanca (donde se presentan). Muy probablemente el éxito mediático de estas candidaturas no se traduzca en escaños en las Cortes de Castilla y León pero, sin lugar a dudas, recibirán un caudal importante de votos que puede restar procuradores a otros partidos. De hecho, una participación inferior al 60% podría traer sorpresas en los equilibrios parlamentarios.

Cuarto, porque la potente irrupción de Vox en el tablero regional dificulta que pueda haber una mayoría absoluta del Partido Popular. Alfonso Fernández Mañueco (según reflejan los sondeos más recientes) está lejos de conseguir la mayoría necesaria para gobernar en solitario (41 escaños). Si el PP necesitara gobernar en coalición con Vox, que entra en los escenarios demoscópicos consiguiendo entre nueve y diez representantes, le complicaría la vida no sólo a Mañueco, sino, también, a Pablo Casado, ya que el partido de ultraderecha pasaría a ser considerado como el socio preferente de un hipotético gobierno nacional del Partido Popular. En ese escenario, Mañueco podría verse obligado a convocar unas nuevas elecciones o asumir los costes de gobernar en coalición con la extrema derecha.

Opciones muy abiertas

Las opciones, por lo tanto, de que tanto Luis Tudanca (PSOE) como Alfonso Fernández Mañueco (PP) puedan presidir la Junta de Castilla y León están muy abiertas.

Y es que, en esencia, esta campaña electoral pivota, más que nunca, sobre un gran eje discursivo: continuidad o cambio.

Por un lado, Castilla y León se ha convertido en un feudo del PP desde 1987, cuando José María Aznar se puso al frente de la Junta. Desde entonces, cuatro presidentes populares han gobernado ininterrumpidamente la comunidad autónoma. Si el PP revalida mandato en febrero, Castilla y León se convertirá en la única comunidad autónoma de España gobernada cuatro décadas consecutivas por el mismo partido político. Una continuidad política sin parangón alguno.

Por otro lado, el PSOE se erige como la gran alternativa portadora de la bandera del cambio político en Castilla y León. De hecho, ya ganó las elecciones autonómicas celebradas en 2019 con 35 escaños (justo cuando el PP cayó a un segundo puesto, con 29 procuradores, cosechando el peor resultado en la historia de los conservadores en la región).

¿Querrán cambio o continuidad los castellanos y leoneses? En mi opinión, esta campaña electoral será decisiva.

Todos los datos apuntan a que en estos momentos hay un importante grupo de electores indecisos. Y parece ser que los votantes retrasan cada vez más su decisión. Así, por ejemplo, según datos de la empresa demoscópica 40 DB, más de un 25% de los electores no sabía a quién iban a votar cuando comenzó la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019.

Por eso los resultados de las elecciones son siempre inciertos (como hemos comprobado recientemente con la imprevista mayoría absoluta obtenida por los socialistas en Portugal). Y es que el número de ciudadanos indecisos es clave para el recuento final. Y por eso, en gran medida, las campañas electorales se suelen dirigir a ellos.

La campaña electoral es la gran (y la última) oportunidad que tienen los partidos políticos y sus líderes para hacer pedagogía, para desplegar sus estrategias de comunicación, para competir abiertamente, para atraer hacia sí la atención de los votantes, para fijar los asuntos que consideran más relevantes, para emocionar, para razonar, y, sobre todo, para persuadir y convencer. Así, por ejemplo, dos asuntos tan cruciales como la despoblación y el envejecimiento de Castilla y León serán determinantes para el futuro de las nueve provincias. Y el voto dependerá de cómo los electores perciban la gravedad de ambas cuestiones y quién puede solucionar mejor tan graves fallas estructurales de nuestra sociedad y de nuestra economía.

Y es que esta campaña electoral da sentido, articula y sintetiza ideológicamente lo que hemos visto y percibido durante el pasado. Esta campaña resume y condensa en 15 días los dos grandes relatos que entran en pugna en Castilla y León: el de la continuidad (conservadores) o el del cambio (progresistas). Por eso, desde las estrategias que apelan a las emociones hasta los argumentos que cimientan las razones, los líderes se esfuerzan en trasladarnos sus narrativas, esas que apelan a la esencia de lo que somos: seres simbólicos, que primamos tanto lo que vemos, como lo que creemos, lo que sentimos y lo que intuimos.

No hay duda: esta campaña electoral importa. Y mucho. Votar y elegir es el objetivo final. Pero no es el único. El 13 de febrero están convocados 2.094.490 ciudadanos para elegir a sus 81 representantes en las Cortes y, por lo tanto, están citados para decidir qué formación o formaciones políticas dirigirán nuestra comunidad autónoma hasta 2026. En esencia, los castellanos y leoneses decidirán entre el cambio o la continuidad, dos vectores tan potentes como la vida misma.

(*) Sociólogo y ex presidente de la Asociación de Comunicación Política de España (ACOP)