Ahora que estamos inmersos en la COVID, la posible guerra mundial debido a la disputa sobre Ucrania, el exagerado precio de la luz y la alta inflación, solemos olvidarnos de otras cosas, por desgracia también negativas, que no atraen tantos lectores, ya que son difíciles de entender pero que nos están afectando a nuestro bolsillo y a nuestra autoestima como país además de incrementar el recelo que siempre tiene parte de Europa sobre estos meridionales del Sur.

Posiblemente este nacionalismo simplista que se está poco a poco apoderando de muchos españoles no le dé importancia, son cosas materiales, y prefiera más hablar de macro granjas y cosas más profundas como la grandeza de España. Pero lo que voy a contar también ha sucedido hace días en esta piel de toro y tiene responsables claros. Veámoslo.

Este nacionalismo simplista que se está poco a poco apoderando de muchos españoles no le dé importancia, son cosas materiales, y prefiera más hablar de macro granjas y cosas más profundas como la grandeza de España

- Por si alguien no sabe lo que es la SAREB, le diré que “nació en 2012 para asumir los inmuebles y el crédito promotor de los balances que habían llevado a la quiebra a las cajas de ahorros, por lo que tuvieron que ser rescatadas con dinero público. Su creación fue impuesta por la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) y fue firmado por el Gobierno, entonces del PP, para el rescate de España. Pero se diseñó con el pecado original de una fuerte sobrevaloración de dichos activos -decidida por el Banco de España y el Ministerio de Economía-, para evitar que el rescate financiero de España fuera mayor de los 41.300 millones que finalmente nos inyectó Europa”.

La iniciativa de crear en 2012 el llamado banco malo, es decir, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), corrió a cargo del ministro de Economía Luis de Guindos en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ese banco “servía para aparcar los créditos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras y, según repitieron varios ministros por entonces, estaría al servicio del rescate bancario sin que costase un euro a los contribuyentes. El hoy vicepresidente del BCE incluso aseguró que sus bonos ofrecerían un rendimiento nada menos que del 15% a quienes los comprasen”. ¡Dios mío, quien se lo podría imaginar!

Y ahora, contengan la respiración. Según “El País”, “a los españoles va a costarles entre 2022 y 2027 la cifra casi inimaginable de 27.721 millones de euros que deberán devolverse a la UE. Esa gigantesca cantidad equivale al 39,9% de los fondos para la recuperación que España recibirá del presupuesto común. De cada 10 euros de los fondos europeos, España deberá devolver cuatro al mecanismo de rescate. Hasta que culmine la devolución en 2027, el fiasco del banco malo incrementa la deuda pública en 35.000 millones de euros —tres puntos del PIB”.

- Inmatriculaciones. Me refiero a las que realizó la Iglesia Católica de bienes inmuebles durante los últimos 20 años gracias a una ley aprobada por el primer gobierno de Aznar, de todos conocidos. Con más estilo, en una de las páginas oficiales de la propia Iglesia en Internet, la de su campaña publicitaria para recaudar dinero que han denominado “Por tantos”, se dice: “En el año 1998, para no colapsar la Administración, se promulgó una ley permitiendo que la Iglesia pudiera inmatricular sus edificios”. Parece que nos hacían un favor.

Así, 20 años después de aprobada la Constitución, el PP le concedió a la Iglesia católica el privilegio de ser “juez y parte” a la hora de decidir sobre algo tan importante como lo es el destino de miles de bienes patrimoniales de España, con un valor incalculable. O, dicho de otra forma, le permitió actuar a su libre albedrío y unilateralmente.

Algunos mal pensantes dicen que la prisa de Aznar para legislar las inmatriculaciones, pues solo hacía dos años que estaba en la Moncloa, desvela que aquello correspondía a un plan masivo y partidista destinado a beneficiar al electorado del PP mediante un fortalecimiento desmesurado del poder real de la Iglesia católica.

Ahora, la Iglesia católica admite que tiene un millar de inmuebles que no son suyos y ha pactado con el Gobierno iniciar un proceso para su devolución. Conviene no olvidar que se han registrados 35.000 bienes y solo se devuelve el 2,8 % del total. Curiosamente, la mayor parte de estos 965 bienes a devolver, 485 corresponden a la Comunidad de Castilla y León.

- Autopistas Radiales. Estas autopistas están todas en la circunvalación de Madrid capital. El actual Ejecutivo socialista acaba de reconocer oficialmente “que ese rescate le costará al menos al Erario más de 1.000 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que es solo un cálculo al inicio de un largo proceso administrativo y judicial. El resultado final puede incluso cuadruplicar esa cantidad: los acreedores lo cifran en 4.500 millones y el propio Gobierno admitió que puede alcanzar un máximo de 3.305 millones. De lo que no cabe duda es que quién pagará la factura final será el contribuyente (use o no las autopistas), y de que los que cobrarán serán los fondos de inversión, que adquirieron a los bancos y cajas de ahorro a precio de saldo la deuda por el pufo que les dejaron, a su vez, las constructoras y concesionarias de las autopistas cuando no pudieron afrontar los créditos con los que habían financiado las obras”.

“La solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano”. Así de categórica se pronunciaba a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento por el PP, Ana Pastor, en una entrevista en “El País”. Se refería a la asunción por el Estado de las nueve autopistas inauguradas menos de una década antes, entre ellas las radiales de Madrid. Hasta que dejó el Ministerio para presidir el Congreso de los Diputados en 2016 y, a medida que iban quebrando todas las concesionarias privadas, la señora Pastor no se cansó de reiterar el “coste cero” que tendría el reflotamiento público de esas infraestructuras. Su sucesor en el cargo, Íñigo de la Serna, en el último Gobierno de Mariano Rajoy, fue más cauto y dejó entrever que el “rescate” (palabra maldita para la Sra. Pastor, que siempre se negó a pronunciarla) tendría algún coste para el Estado, aunque sin atreverse nunca a concretarlo.

Para más inri, además de las obras se ensalzaba la fórmula mágica con la que se proyectaron las infraestructuras: “el Estado se ahorraba la inversión que recaía en las concesionarias privadas, encargadas de construir las autopistas a cambio de una larga concesión de peaje (hasta 30 años) y la salvaguarda de un tráfico mínimo garantizado. Para rematar la ecuación, en caso de que no se cumplieran las expectativas de recaudación se introducía una cláusula -la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)- por la que el Estado se hacía cargo de la gestión de las vías, compensando en su caso a las concesionarias por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado. Con esas premisas tan favorables, ninguna de las grandes constructoras se quiso perder la fiesta: Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL, Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi, Europistas, Budimex, Globalvía y Ploder, entre otras”. ¡Qué bien lo vendían!

Y colorín colorado, este cuento de buenos gestores económicos de que presume el ya conocido partido, se ha acabado.