Aunque para el grueso de la opinión pública suene a nueva, la polémica en torno a las denominadas “macrogranjas” se alarga en el tiempo en Zamora y es causa, desde hace más de un lustro, de protestas, recursos administrativos y pleitos en el Contencioso por la vía judicial. Solo la coordinadora regional Stop Ganadería Industrial agrupa a 22 colectivos diferentes, muchos de ellos de Zamora, cuya movilización es constante, porque identifican las “macrogranjas”, contrariamente a lo que sostienen sus defensores, con mayor despoblación, la ruina de los ganaderos tradicionales y la contaminación del territorio.

Conviene subrayar que el término macrogranja no se corresponde con ninguna figura en la jurisdicción agropecuaria, alimentaria o medio ambiental ni en Castilla y León, ni en España, tampoco en Europa. Lo que viene a definir el neologismo, penúltima piedra de escándalo político, es una forma de explotación cárnica: el modelo intensivo con ganado estabulado y sin pastos, ya se trate de gallinas, de cerdos o vacuno, frente al extensivo, que vendría a estar representado por explotaciones de menor tamaño, casi todas ellas familiares, y en las que los animales tienen acceso al aire libre y al pasto. Entre ambos modos de producción cabalgan dos importantes factores, el de rentabilidad, asociado a la cantidad y la rapidez, frente a la calidad, pero con un alto precio para mantener esa sostenibilidad.

Las explotaciones que generan mayor preocupación en la provincia de Zamora son las de porcino. Su proliferación viene de la mano de un incremento en la producción que ha convertido en los últimos años a España en la primera potencia mundial en carne de cerdo que se exporta a países como China y otros de los denominados de “economía emergente”. En el caso del porcino sí que existe una clasificación según los ejemplares que aloje la instalación: hasta los 350 en el grupo 1, 2.000 en el grupo 2 y 5.500 ejemplares más 750 reproductoras en el tercer grupo. En función del grado, se aplica la normativa que emana del Estado pero que se sustancia por parte de la Junta de Castilla y León.

A Zamora le sobra terreno por falta de población, cierto, pero es un territorio que ofrece otros modelos sostenibles de producción y que alberga una biodiversidad que debe conservarse como lo que es: parte de la riqueza de la provincia

Hay que remontarse a 2016 , durante el último mandato de Juan Vicente Herrera, para encontrar el primer gran detonante con una modificación en la legislación autonómica que fue tumbada por el TSJ tras un recurso de los colectivos ecologistas, al entender que dicho cambio relajaba los requisitos medioambientales para una actividad que provoca gran cantidad de desechos contaminantes. El decreto ley de marzo de 2020 tampoco resolvió el problema de fondo, ya que los opositores consideraban que se facilitaba la instalación de las grandes explotaciones, por mucho que desde la Consejería de Agricultura se afirmara que el hecho de que las “mal denominadas macrogranjas” continuaban sometidas a un férreo control que recaía directamente en la Administración autonómica en lugar de en los municipios y que la simplificación administrativa introducida solo pretendía agilizar trámites en las explotaciones pequeñas de carácter familiar.

Según la legislación actual, la autorización de la Junta es necesaria en todas las instalaciones que cuenten con más de 2.000 cerdos. Pero, en cualquier caso, las granjas deberán acreditar el cumplimiento de un sistema de gestión de las emisiones a la atmósfera y de los purines, los causantes de la contaminación de los acuíferos por nitratos.

La cuestión es si esa legislación, que, según la Junta y los propios ganaderos defensores de la actividad intensiva del porcino, es férrea y rigurosa, es lo suficientemente garantista para evitar los peligros que causaría una deficiente gestión de esos purines.

El estado de los acuíferos españoles está lejos de las recomendaciones de la Unión Europea, cuyo último tirón de orejas se produjo el pasado mes de diciembre. La Comisión Europea llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber adoptado medidas suficientes para reducir la contaminación por nitratos. Es la culminación de varios “avisos”, uno de ellos en noviembre de 2018. Los incumplimientos superan los matices de color político y los sucesivos gobiernos, porque se trata de una cuestión compleja de abordar en la práctica, con un negocio que mueve cada año miles de millones de euros.

Las protestas reiteradas de las plataformas contra las macrogranjas provocan enfrentamientos entre todos los niveles de la administración pública. Ante la creciente manifestación vecinal, algunos ayuntamientos zamoranos como Tábara decidieron aprobar ordenanzas para limitar este tipo de explotaciones, lo que motivó la requisitoria de la Junta para examinar si tales normativas invadían las competencias autonómicas.

En los pueblos, mientras, ha seguido la agria polémica a cada proyecto que se anunciaba y, en algún caso, como Carbajales de Alba, la autorización municipal está en la vía del Contencioso.

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Las explotaciones del porcino en Zamora poco tienen que ver con el ejemplo de sostenibilidad qu e ofrece el sector del ovino. La ganadería en extensivo de ovejas y cabras genera empleo en todas sus fases de producción, porque la leche y la carne cuentan con una cadena de transformación a través de la industria láctea, quesera y la comercializadora de canales de lechazo, además de desarrollar una intensa labor de investigación e innovación. Por el contrario, las granjas asociadas a la producción masiva de porcino no culminan la cadena de transformación. El cerdo criado en granjas zamoranas acaba en embutidos y otros derivados que se fabrican en otras provincias, con lo que se pierde la riqueza derivada del valor añadido y, a cambio, se asume una gran responsabilidad en esa imprescindible gestión de nitratos que perjudica los acuíferos y que se manifiesta cada verano con los problemas de contaminación detectados en numerosos núcleos de la provincia que acaban por tener que renunciar al agua corriente y deben ser abastecidas por camiones cisterna. Si a eso le sumamos la repercusión en el riego de los cultivos agrícolas, los riesgos frente a los beneficios pueden inclinarse del lado más peligroso sin una normativa capaz de garantizar la gestión de los purines.

Una ley rigurosa en materia medioambiental y un plan que garantice el cierre de ciclo porcino, con la consiguiente creación de puestos de trabajo que fijen población deben ser los criterios que primen a la hora de evaluar la viabilidad de la instalación. A Zamora le sobra terreno por falta de población, cierto, pero es un territorio que ofrece otros modelos sostenibles de producción y que alberga una biodiversidad que debe conservarse como lo que es: parte de la riqueza de la provincia.