Aunque no esté en las conversaciones de la calle, no es un asunto baladí. Se trata ni más ni menos que del dinero que recibirá cada comunidad autónoma (excepto País Vasco y Navarra que tienen régimen foral) procedente de la Administración central. Hace años que se firmó (por decir algo) el sistema actual con las consiguientes protestas de los que se consideraban perjudicados en el reparto. Unos por hache y otros por be, nadie salió satisfecho de aquello. Y desde entonces, no han dejado de reclamar, de exigir, un nuevo marco. Han pasado gobiernos y más gobiernos y todo ha continuado igual. Ahora parece que la cosa va más en serio, si bien el posible pacto final está muy lejos a juzgar por las reacciones que ha suscitado el primer borrador enviado por el Ministerio de Hacienda a los gobiernos autonómicos. La mayoría ya ha hecho oír sus quejas y ha recordado sus reivindicaciones. La batalla se presenta cruenta, aunque también podría ocurrir que el problema se fuera aplazando y aplazando porque es imposible contentar a todos. O sea, como ha sucedido hasta ahora.
Sabemos lo que pide Castilla y León desde hace tiempo: más dinero para atender estas necesidades, agravadas por la despoblación y la orografía. Y ahí es donde tendría que dar la batalla a tope la Junta
Y es que es muy difícil encajar las piezas y cumplir las aspiraciones de todas y cada una de las quince comunidades autónomas que van a repartirse el pastel. Como esta es la nación de la solidaridad y la empatía con el de al lado, pues cada una ha puesto sobre la mesa sus necesidades sin reparar (o tal vez sí, pero el que no llora no mama) en las de otras regiones que están igual de mal o peor. Y se han formado frentes de esos que llaman (palabreja de moda) transversales. Es decir, que sus integrantes no son todos del PP o todos del PSOE, sino que están mezclados. No se mueven (o eso parece) por ideología, sino por los apuros económicos, poblacionales y sociales de sus respectivas tierras. Por tanto, al Gobierno central le es mucho más complicado luchar contra un grupo si dentro de él hay gentes de su mismo color. Y en esas estamos cuando ni siquiera se han iniciado las primeras escaramuzas potentes.
El lío de la financiación autonómica ha vuelto a la actualidad con motivo del escrito enviado por Hacienda a los gobiernos regionales. Es un borrador, un anteproyecto, pero ya se ve por dónde van los tiros centrales. Dicen los expertos que la nueva fórmula no introduce muchos cambios, pero sí algunos ajustes que parecen llamados a levantar polémica. Por ejemplo, las necesidades de gasto por habitante, que es un baremo, aunque no el único, que influirá en la financiación. Según un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, “se abre la puerta a cierta arbitrariedad” que aumenta “muy apreciablemente” el gasto de unas comunidades y rebaja el de otras. La más favorecida sería Extremadura que pasaría de 104,59 euros-habitante a 113,20 (8,62 % de incremento). Le siguen Aragón (7,03%), La Rioja (5,41%) y Cantabria (4,51). Castilla y León también registra una subida, aunque menor que las citadas. Pasaría de 108,26 euros-habitante a 110,80 con un alza del 2,54%, que la colocaría en el octavo puesto entre las que aumentan. Solo Baleares (2%) se sitúa detrás.
He escrito “entre las que aumentan” porque, claro, no todas lo hacen. Hay algunas que bajan; y bastante. La que más Canarias que pasa de 101,44 a 98,49 (2,95%). A continuación Galicia (2,69%), Valencia (1,70%), Cataluña (1,58%), Madrid (1,05%) y Andalucía (0,54%). Como se ve, en este apartado figuran las más pobladas de España, lo que seguramente va a dar lugar a una buena retahíla de quejas, agravios y las correspondientes declaraciones contra el Gobierno central. Probablemente, Isabel Díaz Ayuso y el catalán Pere Aragonés ya las estén memorizando para soltarlas en cuanto hay ocasión, que será mañana mismo o por Reyes.
Las necesidades de gasto por habitante influirán en el documento final (si es que llega antes de que se derritan los polos), pero no serán muy determinantes. Sí tendrán (o deberían tener) más peso el envejecimiento y la dispersión de la población. No es igual el coste sanitario en pequeños pueblos que en grandes o medianas ciudades. Y lo mismo sucede con los gastos educativos y de servicios sociales. Aun desconocemos cómo piensa abordarlos Hacienda, pero sí sabemos lo que pide Castilla y León desde hace tiempo: más dinero para atender estas necesidades, agravadas por la despoblación y la orografía, especialmente en zonas de montaña con malas comunicaciones. Y ahí es donde tendría que dar la batalla a tope la Junta. Pero con argumentos y datos; no solo con oposición política y siguiendo directrices de Pablo Casado. ¿Será posible?
