Zamora y el temor de su campo ante la nueva PAC

Nadie puede dudar ya de la necesidad de corregir todas las prácticas, ya sea en el campo o en cualquier otro sector productivo, para poder llegar a reducir el impacto claro del cambio climático. Lo extraordinario es que agricultores, ganaderos y ecologistas lleguen a la misma impresión negativa, aunque por distintos motivos. Y, en el caso de Zamora, cualquier estornudo en el sector primario sacude con fuerza el resto de su maltrecha estructura económica. A pesar de que la provincia encabece la dedicación de hectáreas a la agricultura ecológica, la producción es, aún, claramente insuficiente como para sostener el grueso de uno de los pilares de la economía zamorana. Y en cuanto a la “convencional”, no parece que los criterios contemplados en el documento previo a la nueva PAC que tiene que ser aprobada por Europa en el primer semestre del año próximo, garanticen la paz frente a las protestas crecientes de los últimos meses.

Las organizaciones agrarias consideran que las directrices marcadas desde los despachos de Bruselas están dirigidas hacia el tipo de explotaciones que funciona en los países del centro y norte de Europa, en detrimento del arco mediterráneo y, en concreto, de países como España, Italia y Portugal. Uno de los primeros puntos de desacuerdo es la consideración de “agricultor activo”, el beneficiario de las ayudas. La nueva PAC entiende como tal a todo aquel que esté afiliado al régimen agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o bien, a aquellas personas que ingresen una parte significativa, al menos del 25%, de su renta total. La medida persigue, por parte de la propuesta inicial, una fórmula para amparar a las pequeñas explotaciones. Pero para la mayoría de los agricultores, la realidad es que no se consolida, como se esperaba, la profesionalización del sector. Y se abre una horquilla demasiado amplia que puede suponer, afirman las organizaciones agrarias, el “coladero” perfecto para quienes reciben ayudas siendo su actividad en el campo totalmente marginal. Los profesionales atribuyen directamente la responsabilidad al Ministerio de atender a la agricultura a tiempo parcial, lo que puede significar, en la práctica que “casi cualquiera pueda acceder a las ayudas” y, además, resultarán beneficiados “por un pago redistributivo que resta fondos a las explotaciones de los profesionales”.

Agricultores y ganaderos reclaman, una vez más, que se reconozca su papel en la defensa del medioambiente y en la lucha contra el cambio climático, además del de garantes de alimentos seguros y sanos, con la mayor trazabilidad y control sanitario

La “arquitectura verde” sobre la que se sostiene la Política Agraria europea para los próximos años contiene novedades como la figura de los ecoesquemas, sobre la que existen también recelos. Acerca de esta novedad, que abarca numerosas prácticas para favorecer la sostenibilidad y la mejora del medioambiente, existen también abundantes dudas por parte del sector que, entiende, deberá asumir mayores compromisos medioambientales ante la posibilidad de ver reducidas las ayudas, pero deberán hacer frente a prácticas que resultan contrarias a los criterios profesionales en determinados cultivos, además de obligar a requisitos administrativos que las hacen inoperativas. En el caso de Castilla y León se va a tener la posibilidad de ofrecer a los cultivos una práctica de rotación, una de siembra directa y agricultura de conservación, además de una práctica para fomentar las superficies no productivas y elementos del paisaje y una de cubiertas vegetales para cultivos permanentes. Pero el sector insiste en que son demasiados los interrogantes sobre el desarrollo final como para considerar los ecoesquemas un capítulo cerrado de la negociación.

El documento a presentar a finales de mes también tendrá que dar respuesta a otras peticiones como la incorporación de un Plan Nacional Sectorial para el ovino-caprino, reclamado por la Junta de Castilla y León, y que resulta capital para provincias como Zamora, además de tener una firme base cooperativa, susceptible de ser ampliada y mejorada. Por su parte, los ganaderos de leche de vacuno tampoco encuentran una salida en el documento que les salve de unas previsiones catastróficas con el cierre del 30% de las explotaciones a lo largo de los próximos años, fruto de la política de precios, la subida de las materias primas y de las exigencias para mantener las granjas abiertas.

Si ha de extraerse un balance de todas las interpretaciones de esa futura PAC resulta difícil creer que pueda cumplirse la filosofía de partida del Plan Estratégico, que prima la incorporación de los jóvenes y de las mujeres al campo. Los actuales protagonistas vaticinan, sin embargo, problemas de producción y tramitación, ya que no están claras medidas que palíen el tortuoso camino burocrático y tramitaciones que son exigidas por medios telemáticos en zonas donde no existe cobertura de Internet. Agricultores y ganaderos reclaman, una vez más, que se reconozca su papel en la defensa del medioambiente y en la lucha contra el cambio climático, además del de garantes de alimentos seguros y sanos, con la mayor trazabilidad y control sanitario. Avisan de la posibilidad de desabastecimiento y de que el último perjudicado será el consumidor, ante la creciente práctica de importaciones de productos de países extracomunitarios, donde las medidas sanitarias para el ser humano no son tan estrictas.

Demasiado en juego con respecto a esa nueva PAC si no es capaz de salir adelante con acuerdo y equilibrio. Queda menos de un mes para llegar a unos mínimos que permita trazar un futuro sostenible pero sin renunciar a la rentabilidad del sector primario.