Que la vida es pura incertidumbre se sabe desde “que salen los dientes” y para prever y encauzar los acontecimientos futuros, con el fin de evitar o disminuir, en la medida de lo posible las posibles consecuencias adversas, hay que tratar de indagar como podría evolucionar el futuro considerando las series históricas de las variables socioeconómicas, la historia, etc., procurando realizar estudios de prospectiva que permita arbitrar las decisiones sobre la adecuada gestión de las competencias de las Administraciones Públicas, de las empresas, de las organizaciones no gubernamentales, de los profesionales, etc., que tengan responsabilidades para arbitrar los medios conducentes a satisfacer las demandas ciudadanas en cada momento. Y claro está, comprendiendo que siempre habrá un margen de error, de imprevistos, etc., que el estudio del futuro contribuirá, no obstante, a aminorar, lo que debiera implicar al político, al gestor público, al empresario, la investigador, al sindicalista, etc., a ser conscientes de la necesidad de considerar como debiera ser el porvenir de las Administraciones Públicas, de las empresas, de las organizaciones, etc., para que cumplan sus competencias plenamente satisfaciendo las demandas y necesidades de la ciudadanía y clientela en todo tiempo y lugar.

Y es que el aumento del envejecimiento de la población, como de la esperanza de vida, conlleva las demandas de una especial atención a las personas mayores actuales y futuras que actualmente, ni remotamente, están satisfecha adecuadamente, con riesgo de pérdida de la vida, como ha acontecido, y está pasando, con las que habitan residencias teóricamente dedicadas a su cuidado.

Y para evitar que tanto en el presente, como en el futuro, fallezcan 30.000 personas, en dichos establecimientos de “tanatos”, ubicadas, es preciso nueva regulación sobre el particular; como parece que va a tomar nueva la Junta de Castilla y León; que contribuya a que los edificios “ad hoc” no sean mastodónticos, no estén masificados, que el residente tenga un trato lo más personalizado y humanizado posible, considerando su edad y las “peculiaridades” y atenciones especiales que precisan; todo lo cual requiere profesionales motivados, con vocación, preparados, adecuadamente remunerados, etc.

Por cierto, ya era hora después de tantos artículos periodísticos sobre el particular, que las administraciones públicas haya reflexionado sobre la manifiesta incompetencia demostrada, en este campo afectante a la geriatría, con los que nos precedieron; que, si se hubieran tenido en cuenta, cuentas muertes y sufrimientos se hubieran evitado. Y claro, de ello no se deriva ninguna responsabilidad penal, como recientemente ha manifestado la fiscalía, ni política, ni funcionarial, naaa.

“La negligencia, el abandono y la impotencia que sufrieron los mayores”, “la decisión de la Comunidad de Madrid de negar la atención hospitalaria a los ancianos que vivían en sus residencias”, etc., etc., etc., queda reflejado, entre otros muchísimos aspectos, en el documental La muerte más cruel, dirigido por Belén Verdugo, y proyectado en la Seminci de Valladolid

“Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, contempla el artículo 43.1, “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”, artículo 50. Enmarcados en el Título I, “De los derechos y deberes fundamentales”, de la Constitución Española de 1978; lo que obliga al legislador y al poder ejecutivo a aprobar normativa que haga efectivo tales derechos fundamentales; y que tengan presente que podría incurrir en responsabilidades penales, civiles y administrativas por su negligencia en el cumplimiento de sus competencias libremente asumidas, según contempla el ordenamiento jurídico especial.

Descansen en paz, nuestros mayores fallecidos.

Marcelino de Zamora