El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid considera que la Junta de Castilla y León es responsable civil subsidiaria de la llamada trama eólica, sienta al gobierno autonómico en el banquillo y le impone una fianza de 24,1 millones. Es una de las amplias medidas solicitadas por el juez Javier de Blas, que ha coordinado desde 2017 las diligencias sobre esta macrocausa. Ha decretado ya la apertura de juicio oral contra 17 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Consejería de Economía cuando la dirigía Tomás Villanueva, y empresarios afines a la Junta. Las acusaciones son gravísimas, sobre todo en el caso de Rafael Delgado, por entonces número 2 de Villanueva, a quien el magistrado acusa de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y, alternativamente, tres delitos contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios. (Casi se queda uno sin respiración si lee todo de corrido).

Son tan graves los cargos que imputa el juez a los procesados que les pide penas de cárcel que suman 138 años y multas por importe de 835 millones de euros. Ustedes, como me ha pasado a mí, podrán preguntarse: ¿cuánto se llevaron si el juez les reclama esas sanciones después de investigar el asunto durante más de cuatro años?, ¿quién organizó, puso en marcha y ejecutó las acciones?, ¿nadie vio nada, supo nada, desconfió de algo durante el tiempo en los que se desarrolló la trama?, ¿fueron tan poderosos prepotentes que pensaron que no se descubriría el pastel, que ellos-“usted no sabe con quién está hablando”- estaban protegidos por el velo de la impunidad, que la Justicia no se atrevería con su posición y su prestigio de élites?

Lo que se prolongará más es la apertura del juicio oral. Es posible que tarde unos cuantos meses y que antes asistamos a maniobras y más maniobras para retrasos, impugnaciones y demás

Tras la decisión del juez, este proceso nos salpica a todos y no solo a los que se les imputan delitos y más delitos. Y nos salpica a todos los castellano-leoneses porque el juez declara a la Junta responsable civil subsidiaria, es decir que algo tiene que ver en el embrollo. Y por eso le pide una fianza de 24,1 millones de euros, que es un pastón. ¿De dónde saldrá este dinero? Está claro que no lo pondrá el señor Mañueco, que se sentaba en el Consejo de Gobierno cuando ocurrieron los hechos, ni Carriedo, que siempre ha ocupado algún alto cargo, ni el mismísimo Juan Vicente Herrera, presidente por entonces de la comunidad. ¿Tampoco nadie sospechó nada de nada, ni pidió información a Tomás Villanueva, ni se hizo eco de las denuncias y quejas de las empresas que aspiraban a instalar parques y se quedaron sin ellos por no pasar por el aro que manejaba, con la aquiescencia de ¿quién?, Rafael Delgado.

Así las cosas, y visto que nuestros próceres no van a soltar la guita, ¿de dónde saldrán los 24,1 millones de la fianza? A ver si lo adivinan, hombre. Sí, pues eso, premio para la señora, premio para el caballero, saldrán de alguna partida de la Junta o de algún crédito de nueva creación, es decir del presupuesto, es decir de todos nosotros. Si hay que depositar 24,1 millones en el juzgado, los tendrán que sacar de la hucha común. O sea que tal vez alguien se quede sin una subvención, sin una ayuda económica, sin una carretera, etcétera. La Junta tendría que explicar cuanto antes qué va a hacer, cómo y cuándo. Bueno, el cuándo ya se sabe: en un plazo de diez días tras la notificación del auto. Lo hará aunque no nos lo cuente. Eso sí, ya sabemos que 11,2 los abonará de forma solidaria con Iberdrola Renovables (ahí no entra el escándalo de Ricobayo); 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y otros 5 con Parque Eólico La Boga SL, empresas que el juez considera también responsables civiles subsidiarias.

Más difícil lo tienen Rafael Delgado, Manuel Ordóñez y Germán José Garrido para quienes las fianzas pedidas quitan el hipo. Al primero le reclaman más de 263, 5 millones; al segundo 24,1 y al tercero 14,5. ¿Los tienen a mano, se los prestará alguien o les embargarán sus bienes? Son incógnitas que se resolverán pronto. Lo que se prolongará más es la apertura del juicio oral. Es posible que tarde unos cuantos meses y que antes asistamos a maniobras y más maniobras para retrasos, impugnaciones y demás. Todo ello con el consiguiente desgaste para la Junta y el PP, partido que gobernaba con mayoría absoluta cuando quien quisiera poner molinos aquí tenía que pasar por la caja que controlaba, ¿solo él?, Rafael Delgado y un equipo de confianza en el que también abundaban los empresarios o directivos de firmas que buscaban que el aire les soplara de cola.

Ellos con el viento a favor y nosotros con estos pelos. Cosas de la vida, dicen.