Que a las izquierdas comunistas no les gustan las policías salvo cuando ellas gobiernan despóticamente es algo conocido. Así sí, porque les sirven de instrumento fundamental de control y sometimiento social. De garantes de la arbitrariedad y de onda expansiva del miedo para que nadie se mueva e incomode el estatus revolucionario para las élites dominantes. No ocurre igual históricamente con las izquierdas socialdemócratas para las cuales, como para el resto de fuerzas políticas y la sociedad en general, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son instrumento básico para garantizar la convivencia en paz, libertad y con la tranquilidad de que hay alguien velando por que los derechos de todos estén siempre protegidos.

La aberrante reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que quiere sacar adelante nuestro gobierno socialista-comunista solo ha recibido halagos desde la ultra izquierda. Desde los sectores para los que la legalidad es opresión y el criminal más atroz tan solo una víctima de una sociedad de la que ellos no consideran ser parte y por encima de la cual miran con ojos de juez supremo. Sin entrar a enumerar elementos concretos, esa filosofía que la inspira es lo más grave porque se presta además a esa extensión que permite el ciego buenismo reinante, fruto de una sociedad acomodada que, al estilo de la Roma previa a su caída en manos bárbaras, se cree al margen de todo riesgo presente o futuro.

La propuesta parte de varias premisas falsas pero con apariencia feliz. Se resumen en que somos tan civilizados que podemos despojar a nuestros defensores públicos de la “potestas” porque con la “auctoritas” es suficiente y el riesgo no está en que el delincuente quede impune y pueda continuar con sus hazañas sino en que la policía se extralimite en su cometido. Pasamos así de la presunción de veracidad y buen hacer de nuestros policías y guardias civiles al sometimiento de los mismos a la permanente sospecha de que su actuación no se va a atener a lo que marcan leyes y ordenanzas.

Esa consideración no pone en riesgo a los agentes, que con cruzarse de brazos inteligentemente lo tendrían personalmente resuelto, sino a cada ciudadano que queda más expuesto a la violación de su derecho a la integridad física y de la propiedad privada, precisamente en unos tiempos en los que, lamentablemente, las estadísticas delictivas aumentan y se agravan muy sustancialmente. La cifra de delitos se está disparando y la violencia y salvajismo con la que se cometen alcanzan cotas impensables hace tan solo dos o tres años. Que no se les dé publicidad desde el Gobierno o que incomprensiblemente -salvo desde el punto de vista del soborno con fondos públicos-, se oculte por parte de los medios de comunicación buena parte de las agresiones sexuales y otros delitos violentos que se cometen ¡a diario!, mayoritariamente por no nacionales, y que a la vez se pretenda desarmar legislativamente a las fuerzas de orden público, solo puede responder a la estrategia global de un gobierno en el que ya no queda parte socialdemócrata. Que busca el choque social para cambiar el régimen apoyándose en un caos en el que los malos sean los buenos y los buenos sean los malos.

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