Fiscalidad diferenciada para saldar la deuda histórica con Zamora

Lo recordaba la filósofa Victoria Camps en las jornadas sobre Despoblación celebradas en el Consejo Consultivo el mes pasado al hablar de una parte de España “que nunca se ha narrado a sí misma y se ha resignado a ser narrada” por voces que, o no han sabido, o no han querido reflejar una realidad que no es homogénea ni atribuible a una única causa. Abogaba Camps por la necesidad de afrontar el genuino debate que este país siempre ha rehuido: repensar la idea de nación en España para conseguir un concepto que una y no divida. Un nuevo modelo que debería establecerse con mentalidad política y no partidista, capaz de afrontar con serenidad problemas que, como las posibles soluciones, son complejas y variadas.

Sin ese replanteamiento, lo que encontramos son batallas libradas con más o menos repercusión, pero la guerra contra el envejecimiento y la despoblación continúa y, hasta ahora, las víctimas no suman grandes victorias. Prueba de ello es que, a pesar del reconocimiento hecho por parte del Consejo de Europa, Zamora siga sin figurar, oficialmente, como uno de los territorios que tendrán derecho a la discriminación fiscal que establece la disposición 115 de los Presupuestos Generales del Estado, como así ocurre con Soria, Cuenca y Teruel. Las tres provincias se encuentran con densidades de población por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Oficialmente son las tres más despobladas de España. Las estadísticas señalan, sin embargo, a Zamora, como la que encabeza tan triste ranking.

No caben soluciones mágicas y la recuperación, si llega, no dependerá de un único factor, sino de varios que sumen y aporten hasta crear un nuevo tejido económico y laboral

Para acceder a esa fiscalidad diferenciada el Estado tiene que plasmarlo en un documento definitivo antes del próximo mes de febrero. Y la realidad de la provincia hace impensable que el Gobierno central pueda obrar de otra manera. La caída del padrón entre 2009 y 2018 en Zamora fue del 11,2%, suficiente para colocarnos en los parámetros con los que Europa asigna fondos Feder y otras ayudas regionales para territorios escasamente poblados.

Hasta ahora, los habitantes de la capital disimulaban la verdadera realidad de Zamora, pero hace años que la pérdida de población afecta tanto al entorno rural como al urbano, en una sangría imparable.

Así lo contaba LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA esta misma semana. Hasta primera década del presente siglo, el área urbana se mantenía como el último reducto del crecimiento, pero la ciudad y sus principales municipios de su alfoz han entrado también en números rojos. En la última década, la suma de la Zamora capital y sus localidades aledañas más pobladas, Morales del Vino y Villaralbo, ha pasado de los 70.194 habitantes a 65.769, es decir 4.425 menos, lo que representa una caída del 6,3% entre 2011 y 2020. Y a pesar de ello, entre los tres términos municipales acumulan el 38,6% de la población total que tiene la provincia.

La pérdida de población de las áreas urbanas está directamente conectada con la despoblación rural, que en el mismo periodo bajó un 15%. Pueblos vacíos conducen a ciudades donde cierran los negocios que atendían a los habitantes emigrados, propiciando, asimismo, la marcha de quienes viven en los núcleos urbanos cuya economía languidece. A los datos de población, Zamora suma unos datos de paro y de falta de activos en las que también sale malparada en comparación, por ejemplo, con Soria.

No caben soluciones mágicas y la recuperación, si llega, no dependerá de un único factor, sino de varios que sumen y aporten hasta crear un nuevo tejido económico y laboral. Se necesitará más de un Monte la Reina para revertir el proceso, aunque la confirmación de un centro de desarrollo vinculado al Ministerio de Defensa sea una buena noticia, tanto como lo que pueden significar los puestos de trabajo de proyectos como Latem Aluminium, en el polígono de Villabrázaro, el parque tecnológico de la Diputación con Braganza de modelo y centrado en la silver economy o cualquier otra iniciativa emprendedora capaz de crear empleo y nuevas oportunidades. Pero en esa tarea son necesarios pasos ineludibles, porque contar con ventajas fiscales puede y debe ser una poderosa arma de crecimiento. No hace falta citar ejemplos en otras latitudes donde los conciertos económicos han ayudado incluso más que muchas infraestructuras a la hora de elevar la renta per cápita de dichas zonas.

Las administraciones, sobre todo el Gobierno central, tienen mucho que decir en esto, pero también los agentes sociales comenzando por las patronales. Y, en conjunto, volviendo a las palabras de la filósofa Victoria Camps, tienen ante sí el deber de desarrollar uno de los más profundos conceptos democráticos, como es el de “atender a aquellos que están en situación más débil”, atender a la España despoblada, a medio y largo plazo, para lo que “hay que sostener la exigencia viva”, alzar la voz, y activar políticas que “construyan una sociedad incluyente y vertebradora”. No se trata, por tanto, de medidas aisladas, sino de una política del bien común que permita el reequilibrio territorial. Y para conseguir ese objetivo solo cabe establecer esa ayuda a los que se encuentran en peor situación. Ese es el caso de varias provincias, pero también el de Zamora, cuya baja renta sirvió en su día para atraer fondos de la Unión Europea cuando Castilla y León figuraba como Objetivo 1. Dinero que, a la vista está, no fue invertido en quien más lo necesitaba. Eso no puede volver a ocurrir, y la voz de Zamora tiene que sonar alta y clara por todas las reivindicaciones pendientes, por una deuda histórica que debe comenzar a saldarse.