El Gobierno ha confirmado lo que era un secreto a voces: se acabaron las autovías gratuitas. Para conducir por España habrá que pagar. O utilizamos el tren, al que ya le encontrarán algún impuesto que endosarnos a los ciudadanos o, si queremos movernos sobre las cuatro ruedas de nuestro automóvil o las dos de nuestra moto, habrá que llevar el billetero a mano. Nos van a freír a impuestos. Y no están nuestros bolsillos para muchos trotes.
Cuando al Gobierno de España le faltan las ideas, las toma prestadas. Su plan ya es un hecho. Se ha sabido que ha venido trabajando en dos modelos: el alemán, una especie de tarifa plana que permite utilizar las carreteras del país o el modelo que parece ser el elegido: un céntimo de euro por kilómetro. Están empezando a pisar el acelerador para implantar peajes en todas las autovías y demás carreteras propiedad del Estado siempre que sean de alta capacidad.
El Gobierno no quiere ni oír hablar de “peajes”. Para vendernos su sistema se han sacado de la manga una metáfora. El Gobierno prefiere hablar de implantar un sistema de tarificación. Parece que tienen prisa por recaudar más de lo que lo hacen a diario entre pitos y flautas, porque Sánchez ha puesto fecha a la entrada en vigor de esta medida que no ha hecho otra cosa que generar malestar, especialmente entre los transportistas. Con razón. Al parecer el plan de Sánchez se presentará en “unos meses”. Se espera implementarlo como “máximo” a inicios de 2024.
Los transportistas, profesión llamada a desaparecer, están en pie de guerra. Tanto autónomos como empresas del sector, se muestran indignadas con esta medida. Se quejan de que el Gobierno todavía no se ha sentado a negociar con este sector. Es más, todavía no les han informado de sus intenciones y de cómo se va a desarrollar el nuevo impuesto que amenaza la viabilidad de muchos pequeños y medianos empresarios. Este mecanismo de pago por el uso de las carreteras de España está preocupando a la vez que soliviantando al personal. No es para menos. En plena crisis resulta un tanto sangrante.
El principal rechazo llegará por parte del colectivo de transportistas profesionales. El Gobierno galo intentó hasta en cinco ocasiones establecer una tasa similar en las carreteras francesas y el rechazo por parte de los transportistas de aquel país fue tan fuerte que tuvo que abandonar el proyecto. A lo mejor podría ocurrir lo mismo en España puesto que el incremento de costes no podrá ser repercutido en muchos casos, lo que llevaría a la quiebra a cientos de transportistas.
