La partida de 20 millones de euros destinada por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado para la recuperación del acuartelamiento de Monte la Reina hace renacer la esperanza entre los zamoranos. Una ilusión por lo que representa en cuanto a la demostración de la voluntad política, cuestionada durante los dos años transcurridos desde la promesa electoral del actual presidente Pedro Sánchez, pero no exenta de sombras que deberán aclararse en un futuro a corto plazo para medir con exactitud tanto la repercusión real del proyecto como el verdadero compromiso con Zamora, la provincia más envejecida y despoblada de España.

Esos 20 millones son solo una parte del coste que conlleva la recuperación de las instalaciones y el traslado del personal necesario para su funcionamiento. De momento, solo existe una memoria previa que calcula la inversión, a fecha de 2018, en unos 85 millones de euros. El propio subdelegado del Gobierno reconocía en esta semana que lo que está realmente en marcha es “un estudio de viabilidad”. Confiando en que esa viabilidad se dé por hecha en el contexto de la política de descentralización de servicios enarbolada por el Ejecutivo de Sánchez para combatir el reto demográfico, quedan muchos pasos por dar y resulta urgente conocer el calendario de cada una de las actuaciones.

Los presupuestos de 2022 carecen, hasta el momento, de anualidades sucesivas hasta completar la inversión, lo que deja en el aire la duda de la improvisación, ante la falta de la planificación financiera necesaria para iniciativas de esta envergadura. Ya sabemos, por tristes experiencias anteriores, que lo que figura como partida un año puede ser o no ejecutado durante el ejercicio, aparecer y desaparecer de unos presupuestos modificables y cuyo grado de cumplimiento no tiene por qué coincidir con lo inicialmente plasmado.

El propio proyecto de Monte la Reina puede servir para ilustrar lo expuesto: tras el compromiso electoral, se convirtió, por un lado, en arma arrojadiza política y, además, en clamor popular de una sociedad cuyo futuro socioeconómico pinta más que oscuro. Los primeros presupuestos socialistas, poco antes de que estallase una pandemia que ensombreció todo lo demás, sonaron a tomadura de pelo: 350.000 euros que crecieron hasta los 750.000 mediante una enmienda posterior. La cantidad estaba, además, asignada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al entenderse la recuperación del campamento militar como una actuación de lucha contra la despoblación. De esa cantidad nunca más se supo. Nadie ha explicado públicamente si los euros se emplearon en algo relacionado con Monte la Reina o, simplemente, se evaporaron como lo han hecho secularmente las asignaciones de infraestructuras que tardaron décadas en llegar, como el AVE, o que siguen sin realizarse merced a estos juegos de prestidigitación a los que nos han acostumbrado nuestros representantes políticos. Estos mismos presupuestos de 2022 incluyen otro caso sangrante: la A-11 hasta la frontera portuguesa, que repite, por enésima vez, cantidades irrisorias que demuestran que tampoco 2022 será el año de unas obras reivindicadas en las cumbres hispanolusas celebradas en los últimos meses. Así que, ateniéndonos a la experiencia, los 20 millones no suponen una garantía imperecedera.

Se abre la oportunidad de que el nuevo Monte la Reina forme parte de una red de instalaciones de alto grado de especialización, capaz de estimular el tejido económico zamorano más allá del derivado del avituallamiento y consumo de los nuevos pobladores

Cuando Europa puso sobre la mesa el plan de recuperación más importante desde el fin de la II Guerra Mundial para estimular la economía arrasada por el impacto del COVID-19 dejó claro que las ayudas no podrían ser destinadas a objetivos de índole militar. En ese difícil encaje se escudaron los primigenios promotores del proyecto, el PSOE, a la hora de justificar la, al menos aparente, inacción sobre lo que el propio Sánchez había presentado como gran medida para paliar la sangría demográfica que padece Zamora. En este segundo presupuesto, los 20 millones se consignan con cargo al Ministerio de Defensa. Sobre los plazos, los parlamentarios socialistas emplazan a una explicación futura por parte del departamento del que es titular la ministra Margarita Robles.

Desconocemos, por tanto, en qué se basa la aseveración rotunda del diputado Antidio Fagúndez de que será la Administración Central, y en concreto Defensa, la que asumirá íntegramente el coste del proyecto. El Ministerio ha presentado a los fondos de recuperación más de 250 proyectos, todos ellos enfocados hacia la transformación digital, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. La secretaria de Estado Esperanza Casteleiro aseguraba en fechas recientes que todos ellos son de carácter transversal y con gran impacto en el terreno del empleo en las áreas geográficas en las que se asienten, con un fuerte componente de I+D+i. La suma de la inversión sería superior a los 5.500 millones de euros, lo que convierte al presupuesto previsto para recuperar Monte la Reina en una cantidad irrisoria frente a los ambiciosos planes de Defensa.

Lo deseable es que el antiguo campamento sea uno de esos proyectos. Porque el objetivo final no debe ser el traslado de efectivos en una acción repobladora artificial donde los mil militares y sus familias simplemente cambien de casa y realicen labores rutinarias. Se abre la oportunidad de que el nuevo Monte la Reina forme parte de una red de instalaciones de alto grado de especialización, capaz de estimular el tejido económico zamorano más allá del derivado del avituallamiento y consumo de los nuevos pobladores. Un centro de referencia tecnológica en lo militar atraería talento y explicaría que el Gobierno quiera contar con la implicación de la Universidad de Salamanca, habida cuenta de que el campus de Zamora es puntero, precisamente, en formación tecnológica. Pero el velo de la discreción al que aluden unos, del humo vendido, para otros, en el anuncio rimbombante del presidente Sánchez hace una semana, impide medir la magnitud y la certeza más allá de las palabras.

Según el estudio económico realizado por la consultora KPMG a petición de Caja Rural, la recuperación de Monte la Reina para uso militar supondría un impacto de 59,31 millones de euros para Zamora. Esto es, más de un uno por ciento del PIB provincial. La mayor parte derivaría de los empleos generados por el propio campamento. La consultora estima que, según las promesas hechas por el Gobierno y según los planes del propio Ejército, Monte la Reina podría dar empleo directo a 1.380 personas, lo que la convertiría en el mayor centro de trabajo de la provincia. El grueso serían militares —1.200 personas—, pero a ellos hay que suman una veintena de trabajadores administrativos, 110 auxiliares y medio centenar más que estarían dentro del área de gerencia. Los puestos de trabajo por sí solos supondrían una inyección al PIB zamorano de 36,93 millones de euros. A esta cifra habría que sumar el gasto salarial en empleos indirectos, estimado por KPMG en 14,17 millones de euros, y los 8,2 millones que generarían las familias desplazadas a Zamora con su gasto diario.

Una inyección de vida, en definitiva, que impulsaría a la provincia al lugar que le corresponde. Pero en un territorio donde el fiasco se ha convertido en la norma, no caben más promesas. Y poner en marcha todo este gran operativo no será cuestión de dos días: será necesario redactar y licitar un proyecto, obras, trámites administrativos que pueden durar años, que requieren un tiempo que la provincia tiene casi tan agotado como su paciencia.

Necesitamos información veraz para medir el grado del compromiso y del cumplimiento del Gobierno tanto de sus propias promesas como de lo contemplado en la Agenda 2030 de la ONU, suscrita por el Ejecutivo. En dicha resolución se refleja fielmente la causa por la que Zamora ha quedado relegada durante décadas: “las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que dejan a grupos particulares de personas cada vez más atrás”. Ha llegado la hora de dar la vuelta a la situación y Monte la Reina debe ser el comienzo, con plazos y presupuesto concretos.