Un lector de este periódico me envío hace unos días el currículo cazurro del Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) don Carlos Lesmes. Le he añadido ese adjetivo porque los comentarios que hace sobre sus creencias religiosas me importan lo mismo que si me dice que se abraza a los árboles del parque los domingos. Lo que me interesa es el concepto que tiene del “Poder” y vistos los planteamientos que hace en sus lecturas en alta voz, la pregunta que de inmediato surge es ésta: una vez conseguido el Poder ¿cómo funciona la razón? En lo último que le escuché me dio la impresión que su mente había quedado funcionando en el vacío, fuera de todo contexto de realidad. Que se ha propuesto probarse así mismo a través de no dimitir de su cargo al que parece místicamente unido por el poder. –En una tertulia habría dicho que tiene el tafanario pegado al sillón para echarse la siesta- Y todo, en una época en la que la mitificación se encuentra, más bien, desacreditada.

No hemos aprendido nada del mal funcionamiento de las instituciones que hicieron en el pasado de la endogamia un método de selección de sus miembros

Tener poder no significa tener autoridad para esto último es necesario mostrar criterios positivos equilibrados y una dimensión humana que se entienda como superioridad moral. Me incomoda pensar que el puesto de Presidente del CGPJ solo es atractivo porque está remunerado con un sueldo que dobla el que tiene asignado el Presidente del Gobierno.

Al oír lo que decía en las últimas lecturas que le escuché me entraron ganas de leer a Rabindranath Tagore. Después de leer un rato me sentí aliviado.

Es interesante observar el concepto que la Institución que preside el señor Lesmes tiene de la independencia. Hace un par de días leí en un periódico la noticia de la expulsión de la carrera judicial al titular de un juzgado de una localidad de Tarragona por “vago”. La noticia decía que solo emitía “dos o tres sentencias mensuales”. Nada sobre la calidad de su trabajo o si en vez de atender sus funciones dedicaba el tiempo a jugar al golf o a otras actividades incompatibles con la profesión. Algunos echamos de menos la información del trabajo de los miembros de CGPJ, individual y colectiva.

Inmediatamente recordé la derogada Ley de Vagos y Maleantes de 1970. No debe haber sido fácil, alguien ha recordado en la comisión que blasonar del ideal de independencia es muy distintito de sentirla. Al fin y al cabo, hay un número elevado de miembros de la Alta Institución que están ejerciendo sus funciones más allá del tiempo para el que fueron elegidos.

Confieso que he dedicado mucho más tiempo a la lectura de León Tolstoi y Dostoievski que a Montesquieu. Charles Louis de Secondant, señor de la Brede y barón de Montesquieu, descendiente de la noblesse de robe, “nobleza de toga”. Pero el barón, contemporáneo del Rey Sol de Francia, de Navarra y copríncipe de Andorra, se oponía a la facultad de las instituciones para regirse a sí mismas. “El terrible poder de juzgar” no podía en ningún modo estar vinculado a un “estamento, corporación, casta o profesión”.

Como digo en el párrafo anterior no he dedicado mucho tiempo a estudiar la doctrina del pensador de Burdeos sobre la endogamia en la justicia francesa pero sí he estudiado los efectos que produjo el sistema de ascensos en el Ejército español durante el siglo XIX hasta la muerte de Franco y no me parece un ejemplo a imitar. El sistema de elección de los miembros del CGPJ por elección directa de los jueces se transformaría en un órgano propiedad de los jueces. Por lo visto y oído no hemos aprendido nada del mal funcionamiento de las instituciones que hicieron en el pasado de la endogamia un método de selección de sus miembros.

Si nuestro CGPJ hubiese estado atento ahora el Estado español no tendría que soportar el reproche jurídico que le hace el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la sentencia de la Audiencia Nacional al Juez Baltasar Garzón por la instrucción del “Caso Gurtel”. El Alto Comité dice que: “Fue inhabilitado en un proceso arbitrario” y pide una “reparación efectiva porque el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia” e insta al Estado para que tome medidas precisas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. Más o menos la sentencia del Comité de Derechos Humanos le viene a decir a los españoles que alguien nos defienda de los jueces o que en adelante lo hagan mejor.

No estoy haciendo una categorización a bulto de los Tribunales de Justicia españoles, estoy haciendo una reflexión del estado emocional en el que debe encontrarse alguien que se sienta delante de un tribunal de Justicia que no le garantiza los derechos que le da la Constitución de su país.