La brecha entre el mundo rural y el urbano se mantiene, e incluso se ensancha. Eso parece desprenderse del primer informe realizado por el Banco de España sobre “El acceso a los servicios en el mundo rural”, que sitúa a la provincia zamorana como una de las peor dotadas de Europa, sin hablar ya de prestaciones como Internet. Hablamos de que un vecino de cualquier pueblo pequeño de Zamora recorre una media de doce kilómetros para acudir a un supermercado y abastecerse de productos básicos, 26 para realizar un trámite administrativo y hasta 89 en el caso de un servicio médico.

Quien vive en cualquiera de los pueblos que conforman los 248 municipios zamoranos sabe lo difícil que es disponer de efectivo, porque los bancos cierran las sucursales, desaparecen los cajeros automáticos, sin que las alternativas propuestas tengan visos de solvencia. Una de ellas, que se lleva a cabo ya en otras comunidades, es la de habilitación de cajeros en las farmacias, pero las distancias kilométricas vuelven a imponerse como obstáculo. Algunos pueblos tienen a más de diez kilómetros la primera farmacia, más de veinte si lo que busca es una botica en horario de urgencia. Los bibliobuses, suspendidos durante la pandemia, llevarían el cajero a sus destinos, semanales como poco, pero no disponen de un sistema de seguridad que los equipare a los de una sucursal bancaria.

La prestación de la sanidad se presenta, sin embargo, como el gran talón de Aquiles en regiones envejecidas y dispersas geográficamente como ocurre en Castilla y León. El problema se extiende mucho más allá de tener abiertos los consultorios locales, que también. Y cabe celebrar la vuelta a la asistencia presencial ordenada desde la Presidencia de la Junta. Pero una buena sanidad supone, además, estar dotado de medios materiales y humanos capaces de resolver a tiempo situaciones de gravedad. Y por la Sanidad, con el telón de fondo del cierre de consultorios y la aplicación del polémico “Plan Aliste” que la Consejería de Verónica Casado había programado para reordenar la atención en la comunidad con la experiencia piloto en la comarca zamorana, se han descosido las costuras del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos que gobierna la Junta de Castilla y León, propiciando un inicio de curso político que se anuncia convulso.

Que la prestación sanitaria necesita un nuevo modelo resulta obvio, y más después de la pandemia, que ha puesto a prueba hasta la extenuación a los profesionales, escasos, y a los materiales, inexistentes cuando la primera ola del COVID-19 estalló delante de nuestras narices de la forma más dramática. La reforma de la sanidad, sin embargo, adolece de las mismas carencias que otra de las asignaturas pendientes de hace décadas: la ordenación del territorio. Pero abrir esos melones es harina de otro costal, como hemos comprobado legislatura tras legislatura. Se suceden los gobiernos autonómicos sin que cuajen proyectos realistas y eficaces, como la Agenda de la Población diseñada por el Ejecutivo de Herrera, cerrada una década después sin haber cumplido ni uno de sus objetivos. Parece ser que realista y eficaz devienen en oxímoron cuando se trata de hablar de servicios y, en concreto, de la atención médica.

La historia, hasta el momento, no ha estado de su parte, pero el giro absoluto de las políticas que requiere la dotación de servicios necesaria para asentar población puede producir vértigo a más de uno en las mesas de negociación

La carencia de recursos la ponía en solfa el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, cuando expresaba su malestar esta semana por el acuerdo entre PP y PSOE : “No se puede mentir más a la gente. No podemos decir que se van a jubilar más de 600 médicos y todo va a seguir igual”, aseguraba, en pleno calentón, el número 2 del Ejecutivo regional.

Las palabras contrastaban con la promesa del presidente Mañueco de no cerrar “ningún consultorio”, acercando posturas con el socialista Tudanca, después de comprobar, durante meses, la oposición tajante de los alcaldes de los pueblos al Plan Aliste que concentraba recursos en las cabeceras de comarcas. Pese a evidenciar el cabreo supino por la alineación de populares y socialistas frente a la consejera Casado, Igea asegura que el pacto con el PP se mantiene firme, pero lo cierto es que ese acuerdo se tambalea desde hace meses. El Gobierno se mantiene en minoría desde que el PSOE rompiera el grupo de Cs con la presentación de una moción de censura que podría repetir en marzo del año próximo. Y esa posibilidad es la que da alas a las especulaciones sobre un adelanto electoral que, oficialmente, desmienten desde Valladolid, pero que el presidente Mañueco matiza con una coletilla a la que agarrarse en último caso: que exista “estabilidad parlamentaria”.

El momento político al inicio de curso es, pues, de máxima tensión, porque se añade otro ingrediente a escala nacional. El funcionamiento tanto de la Sanidad como del resto de servicios que la Junta reclama en nombre de la España vaciada para corregir desequilibrios frente a los grandes núcleos de Madrid y el Mediterráneo, dependen de la nueva financiación autonómica en la que se alinean dos frentes inéditos que confrontan territorios, independientemente de las siglas que los gobiernen.

Si Castilla y León viene haciendo piña con Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha para optar a una financiación en la que pese como criterio la despoblación y, por tanto, la mayor factura de esos servicios necesarios para mantener el entorno rural, lo mismo se fragua estos días entre Cataluña, Valencia y, de rondón, Andalucía. Territorios despoblados y sin recursos frente a los más habitados y que se quejan, igualmente, de salir malparados en el reparto.

La batalla está servida si la España vaciada deja de conformarse con las migajas, puesto que es la más dependiente de las transferencias de la Administración central. Esa escasez de población se traduce en una menor recaudación fiscal y, por tanto, en una menor capacidad financiera de las administraciones autonómica, provincial y local, incapaces de afrontar la enorme factura de acometer las necesidades básicas de sus habitantes. Así lo expone, lisa y llanamente, el propio Banco de España, quien hace hincapié en el déficit de servicios que existe de hecho en los pueblos frente a las grandes ciudades.

Una observación que nos devuelve a la exposición inicial: la brecha que, lejos de corregirse, puede agrandarse y acabar con las expectativas de la tan reivindicada España vaciada. Veremos qué tesis se imponen al final en estos años decisivos para trazar el futuro de un entorno rural con pocos efectivos y recursos menguantes. La historia, hasta el momento, no ha estado de su parte, pero el giro absoluto de las políticas que requiere la dotación de servicios necesaria para asentar población puede producir vértigo a más de uno en las mesas de negociación.