El pasado día 5 de septiembre el precio de la luz alcanzaba su máximo histórico con 132,65 euros MW/h. En el mes de agosto hemos pagado un 55% más en el recibo de la electricidad respecto al mismo mes del año pasado. Esta tendencia se ha mantenido desde el mes de junio, coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas. El coste de la factura de la luz sube por varios factores en los que influyen los diferentes actores que participan en el mercado eléctrico. No debemos olvidar que el precio de la luz representa aproximadamente el 30% de la factura de los consumidores, mientras que el 70% restante corresponde a peajes de acceso a las infraestructuras de la red eléctrica, cargos e impuestos (21% de IVA-ahora transitoriamente el 10%-, el 5,1127% del Impuesto sobre la Electricidad, el 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica-ahora suspendido temporalmente-).

Por otra parte, el mercado mayorista de la electricidad, donde teóricamente se fija el precio de la luz por la interacción entre la oferta y la demanda, está registrando sus niveles más altos desde el año 2018. El calor ha disparado la demanda de electricidad y para atenderla, ha sido necesario recurrir a fuentes de energía con costes variables mayores como los ciclos combinados de gas o el carbón. Esa demanda no puede ser atendida con fuentes de producción eléctrica más baratas, como la nuclear o las renovables, sino por las centrales de ciclo combinado, al mismo tiempo que se ha producido una subida del gas natural en Europa.

El calor ha disparado la demanda de electricidad y para atenderla, ha sido necesario recurrir a fuentes de energía con costes variables mayores como los ciclos combinados de gas o el carbón

Sin embargo, también es cierto que las empresas hidroeléctricas han aprovechado la coyuntura para vaciar sus embalses y producir una electricidad, la cual es vendida al precio máximo. Por tanto, si tenemos en cuenta que las presas hidroeléctricas están amortizadas, el precio de venta de esa electricidad supone un 100%% de beneficio para las empresas eléctricas, las cuales están fomentando ese movimiento especulativo sobre un bien básico, como es la electricidad. Esta situación se agrava en Castilla y León.

El aprovechamiento hidroeléctrico del Duero y del alto Ebro ha sido explotado históricamente por empresas vascas, a través de las entidades ligadas a los bancos Bilbao y Vizcaya.

En efecto, el 19 de julio 1901 se fundó en Bilbao Hidroléctrica Ibérica, con la finalidad de atender la creciente demanda de energía eléctrica en las regiones industriales del Norte de España, comenzando con la explotación de la riqueza hidroeléctrica de la cabecera del Ebro, del Tajo y del Júcar, para su envío a los puntos de consumo del Norte de España.

Mientras que, el 3 de julio de 1918 se constituyeron por una parte la “Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos” y por otra “el Consorcio de los Saltos del Duero” (aportando el Banco Bilbao el 50%, el 25% la Sociedad General de Transportes Eléctricos y el 25% restante D. Horacio Echevarrieta), con el objeto de llevar a cabo el aprovechamiento hidroeléctrico integral del río Duero. Dado que en el tramo inferior del río Duero, destaca la estrechez de su cañón y su desnivel, un gran tesoro energético, aunque las concesiones estaban situadas en el tramo internacional del río, en la frontera con Portugal.

No obstante, el 12 de diciembre de 1924, los derechos del “Consorcio “Saltos del Duero” se integraron en la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos, naciendo la “Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos-Saltos del Duero”. Aunque el punto culminante de la citada operación vino cuando el día 23 de agosto de 1926 la Dictadura de Primo de Rivera otorga la concesión definitiva a la citada Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos-Saltos del Duero del aprovechamiento global del Duero y sus afluentes el Esla, Tormes y el Huebra. El planteamiento final creaba el salto del Ricobayo en el Esla (Zamora), una fuente de energía que era cinco veces superior al consumo nacional de entonces, e incluía posteriormente el aprovechamiento integral del Duero y sus afluentes, con una previsión de producción anual de 10.000 millones de kilovatios hora. Las obras de construcción del salto de Ricobayo sobre el Esla comenzaron en mayo de 1929 y el 4 de enero de 1935 comenzó el suministro desde este salto al Norte de España por la línea “Esla-Alonsótegui a 138.000 voltios, teniendo como primer destinatario al mercado de Bilbao y como primer cliente a Hidroeléctrica Ibérica.

El proceso culminó el 16 de septiembre de 1944, cuando se fusionaron las sociedades Hidroeléctrica Ibérica y Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos-Saltos del Duero, para dar lugar al nacimiento de Iberduero, dedicada a la producción de energía hidroeléctrica bajo la protección inestimable del Régimen de Franco.

El aprovechamiento del río Duero continuó en el año 1942 con el comienzo de las obras del salto de Villacampo, en 1943 con el Salto de Castro y en 1948 comenzaron las obras del Salto de Saucelle. El punto culminante de las obras constructoras de Iberduero fue “el aprovechamiento hidráulico de mayor potencia de Europa Occidental”, el salto de Aldeadávila, con una potencia total de 718.200 kilovatios en 1962. Aldeadávila supuso doblar la capacidad de producción de Iberduero, que al final se fusionó con Hidroeléctica Española en 1991, con el nacimiento de Iberdrola.

Un aprovechamiento del río Duero que no ha servido para el desarrollo de las provincias de Castellano-leonesas, sino que su explotación se ha cedido a manos ajenas al desarrollo económico de Castilla y León. En efecto, ahora asistimos a la percepción de unos beneficios astronómicos por parte de las empresas hidoeléctricas con un recurso público como es el agua, recordemos que el agua de los ríos es un bien de dominio público. Unos beneficios que deberían revertir en el desarrollo de las zonas donde se produce esa electricidad, en este caso Castilla y León, y que son mucho más pobres que las provincias donde tienen su sede dichas empresas. Unos ingresos que deberían servir para atajar la despoblación que afecta nuestra Comunidad, procurar el desarrollo económico y posibilitar la financiación de los servicios básicos de las zonas rurales.

Félix García de Pablos