La pospandemia COVID alumbrará una nueva era. En ello coinciden desde los sociólogos a los arquitectos. Y sí, ese miedo nacido del confinamiento, de haberse pasado los últimos dos años privados de lo que entendíamos como “normalidad”, hacinados en las colmenas en que se han convertido las grandes urbes, ha espoleado la construcción en los entornos rurales. También en la provincia de Zamora, según reconocen en el sector que ve dificultades en la falta de personal especializado. Se trata de reformas y segundas residencias que aspiran a convertirse, durante buena parte del año, en hogares desde los que poder teletrabajar, una fórmula laboral que, de repente, ha hecho replantearse conceptos tanto a los empleados como a los empleadores de aquellas empresas cuyo funcionamiento no requiere la presencialidad continua de su personal.
Los trabajadores soñaron con compatibilizar su jornada con las vistas relajantes del pueblo al que volvían. Los empresarios, además, con ahorrarse costosísimos alquileres de oficinas en los centros urbanos. Los habitantes de provincias como Zamora alimentaban con estas ensoñaciones las esperanzas de detener una sangría demográfica, de invertir el movimiento migratorio incesante que se contabiliza a casi 2.000 personas al año hacia las ciudades que, ahora, se revelaban como hostiles e incapaces de dotar de una mínima calidad de vida a sus agotados habitantes. De hecho, sí que puede hablarse de un “redescubrimiento” del mundo rural, pero no de que se hayan creado las bases mínimas para que la revisión sociolaboral se complete como se ansía desde la denominada “España vacía”.
Basta un verano para volver a la cruda realidad de una provincia, la zamorana, que figura entre las que más zonas de sombra presenta en cuanto a conectividad; es decir, telefonía móvil y acceso a Internet
Basta un verano para volver a la cruda realidad de una provincia, la zamorana, que figura entre las que más zonas de sombra presenta en cuanto a conectividad; es decir, telefonía móvil y acceso a Internet. El regreso de los emigrantes y la llegada del turista de interior se han topado con la práctica imposibilidad de comunicarse. El teletrabajo se convirtió en una quimera y la situación, en muchos puntos de la provincia, se tornó en surrealista: abrieron los consultorios médicos locales, pero no había suficiente señal como para que el médico pudiera ver datos del historial de los pacientes, el despacho de recetas electrónicas se tornaba en odiseas del centro sanitario hasta las farmacias, unidos por los fallos continuos de conexión. La Administración electrónica anda aún perdida en una nube inalcanzable, tanto como algunos de los servicios más básicos para la población.
Los buenos presagios de la hostelería tras tantos meses de restricciones, se topaban con las mismas dificultades. Los alojamientos rurales no podían funcionar con normalidad para fijar las reservas. El wifi no constituía el fuerte de la oferta hotelera, a la fuerza. Los restaurantes llegaron a recurrir a plataformas como “bizum” como fórmula de pago ante la imposibilidad de que los datáfonos de las entidades bancarias funcionaran con normalidad. En las casas de los pueblos, de Tierra del Vino a Sanabria, las llamadas requerían “excursiones” internas en distintas estancias en busca de cobertura, los avisos llegaban al cabo de horas o no llegaban.
Es la consecuencia inmediata de un aumento de población y de unos servicios tan nimios que son incapaces de absorber la demanda en cuanto esta crece lo más mínimo. Y este verano el crecimiento ha sido exponencial, pero el panorama ha dejado asomar una situación vergonzosa. La evidencia de que la brecha digital se agranda, convirtiéndose en un problema socioeconómico e impidiendo la libre competencia entre los negocios que intentan sobrevivir en esa España rural que todos dicen querer salvar, pero que, sin obras concretas, prosigue el camino hacia el abismo.
Europa había fijado para 2020 el objetivo de que toda la ciudadanía pudiera contratar un acceso de alta velocidad, los 30 megabits por segundo (Mgbps), independientemente de donde viviera. No se puede culpar solo a la pandemia de que los planes vayan con tanto retraso. Es evidente que los deberes no se hicieron a tiempo y que los avances van al trantrán, dependiendo, hasta ahora, más de la voluntad de las operadoras que de la acción política.
A nivel nacional, los servicios de acceso a Internet de banda ancha ofrecidos a los usuarios finales (es decir, a nivel minorista) no cuentan con una regulación específica, ofreciéndose, por tanto, en régimen de libre competencia entre los operadores, quienes establecen sus precios y áreas de cobertura libremente. Los prestadores de servicios de acceso a Internet de banda ancha están sujetos a la normativa general que se aplica a todos los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, en áreas como la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, o la calidad de servicio. Pero no se concibe la prestación de Internet como servicio público, lo que otorgaría un papel decisivo a las Administraciones en una implantación imprescindible para el reequilibrio territorial del país.
Los planes de extensión de la fibra, que permiten acceder a un Internet de altísima velocidad, se han ido llevando a cabo con cuentagotas en las principales poblaciones de la Zamora rural, y aún están por completar en muchas de ellas. Los números cantan. Según reconoce el propio Gobierno central, Castilla y León es la cuarta autonomía con menos implantación de la fibra óptica, a 12,4 puntos de distancia de la media nacional y a 24 de la hiperconectada Madrid. La provincia zamorana cierra todos los rankings de cobertura por tecnología y por velocidad. Más de 11.600 hogares carecen de conexión digital en la provincia. Cuando ya es un hecho la implantación del 5G, en Zamora aún quedan zonas a las que no ha llegado el 4G.
Ahora se dibuja en el horizonte un nuevo programa enmarcado dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación Digital con el objetivo de ampliar la cobertura de la banda ancha al 100% de la población, con una inversión de 4.000 millones de euros que la convierte una de las líneas principales del Plan de Recuperación. Ya hay una convocatoria lanzada en la que Zamora tiene asignados 6,7 millones de euros parala extensión de la banda ancha de muy alta velocidad en zonas blancas, que son aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps ni planes para su dotación en los próximos tres años. En el calendario político se sigue celebrando llegar a una meta que debía haberse alcanzado hace un año con un lustro de retraso. Triunfo pírrico por el que pagarán otros 10.000 zamoranos que en esos cinco años tendrán que resignarse a abandonar los pueblos porque, a día de hoy, la realidad del teletrabajo en gran parte del territorio zamorano sigue siendo una entelequia. El acelerón requiere una acción transversal de todas las Administraciones y empresas implicadas con urgencia absoluta. Mientras tanto, hablar de las posibilidades de la España rural en la era tecnológica tendrá de realidad lo mismo que los beneficios de una explotación de unicornios en Sayago.
