En la tradición de Westminster, el shadow cabinet está formado por miembros relevantes de la oposición que se encargan de funciones específicas y actúan de portavoces con el fin de fiscalizar la acción de Gobierno. Los ministros en la sombra son nombrados por el líder de la mayoría opositora y asumen los papeles del ejecutivo de turno. Se confía en que esa especie de gobierno a la espera dote, por la experiencia adquirida, a sus miembros de capacidad para desempeñar el rol de sus predecesores. Pero la democracia no es un cálculo exacto y no siempre ocurre así; el futuro y nuevo primer ministro se ocupa más tarde de asignar funciones diferentes a los integrantes de su gabinete dependiendo de los intereses particulares del momento. De ese modo la principal virtud de esos gobiernos en la sombra suele diluirse con facilidad.

En el mandato de Sánchez puede darse un caso insólito, que es el del Gobierno con dos gabinetes paralelos, uno en la sombra externa y otro en la interna. Casado ha ordenado desde la calle Génova funciones de fiscalización específicas en las distintas áreas. La estrategia, según parece, consiste en proponer una ley por cada norma del Gobierno. Los frentes abiertos por la improvisación constante del Ejecutivo son muchos y variados. Uno de ellos, el del coste del recibo de la luz urge resolverlo; los ministros se han puesto a alumbrar ideas al tuntún y ninguna de ellas cuenta con una visión adecuada del problema. El tiempo se ha echado encima y quizás es demasiado tarde. La acción, en este caso inacción, no encuentra la reacción necesaria y oportuna. Desconocemos cuál es la idea del shadow cabinet externo de Casado para contrarrestar tanta ineficacia. Sí tenemos noticia, en cambio, de cuál es la medida del otro gabinete en la sombra que opera desde el propio Gobierno, el de Unidas Podemos, y del ministro de Consumo, que está dispuesto a manifestarse en la calle contra él mismo.