“No queremos ni ver la factura de la luz”. Lo admite Leticia Asas, propietaria de una modesta peluquería del barrio de Los Bloques, de tradición obrera. El precio de la electricidad, en medio de la quinta ola del coronavirus, ha hecho “pupa” en toda la sociedad española, con recibos que triplican a los del mismo periodo del año pasado y con una media de cien euros más al mes en los pequeños negocios. Lo mismo deben pensar los regantes del canal Toro-Zamora, que cifran el aumento de su factura anual para poder producir en 150.000 euros anuales. Se trata de producto básico, como lo es también el del combustible, que lleva al límite el bolsillo de los zamoranos en lo que esta vez sí es una “cuesta de agosto”. Pero Zamora tiene sus propias reivindicaciones, porque soporta además los embalses que en la primera mitad del siglo XX anegaron pueblos enteros con el objetivo poder producir la energía hidroeléctrica necesaria para impulsar el crecimiento de todo un país. Algunos de los mismos embalses que este verano, y con denuncias judicializadas, se encuentran casi vacíos. Con ello ni posibilidad de disfrutar de refrescantes baños en este pedazo de la España Vaciada, ni el aumento de las compensaciones que los municipios afectados llevan años reclamando a las eléctricas, primero a través del canon hidroeléctrico y luego del IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Insuficiente a los ojos de los mandatarios locales. Un desastre también para la fauna autóctona de esas aguas.
La estampa del embalse de Ricobayo en plena temporada estival ha sido una de las primeras en dar la voz de alarma. Pese a las abundantes lluvias del otoño e incluso primavera su aspecto, casi desértico, hasta ha provocado un cisma en equipos de Gobierno como el de la Diputación de Zamora, donde por primera vez PP y Ciudadanos han roto dos años de “fair play” para echarse en cara el apoyo o no de una rebaja del 25% en el IAE propuesto por el presidente Requejo, de la formación naranja, para beneficiar a las empresas zamoranas. El PP ya ha salido al quite al interpretar que esa decisión beneficiaría en un 70% sobre todo a las grandes eléctricas, y el asunto ha quedado por el momento aparcado.
Ahora, la denuncia de 16 particulares, expertos en estas lides, también acaba de terminar en la mesa del Defensor del Pueblo. Desde el 5 de marzo hasta el 30 de abril el embalse de Ricobayo pasó del 95 al 48% de su capacidad. A partir del 11 de junio Zamora asistió, atónita, a un vaciado sin precedentes. En siete semanas Iberdrola turbinó 5.200 hectómetros cúbicos hasta dejar el embalse del Esla como una postal lunar, con el mínimo que impone la ley. Ante las reiteradas denuncias la única respuesta de la eléctrica ha sido que su actuación se debe a “necesidades del mercado eléctrico”. Pero Zamora si de algo sabe es de embalses… los que un día anegaron sus orígenes y en los que sus habitantes acostumbran a refrescarse en los calurosos veranos, junto al turismo de interior que busca en ellos (y con su caravana) una alternativa a las playas. Ahora ni agua ni beneficio económico para la veintena de municipios que rodean Ricobayo.
El vaciado de Ricobayo antes de que comience el mes de agosto ha supuesto un doble castigo para el sector hostelero de una decena pueblos con playas, embarcaderos y otras instalaciones recreativas en las orillas del embalse
Los mínimos en Ricobayo se justifican “legalmente” en que se trata del único depósito con categoría de “embalse regulador”. Mientras el conjunto de pantanos de la cuenca del Duero se mantiene al 62% de su capacidad, el excepcional contrato de explotación de la presa de Ricobayo ha permitido a Iberdrola agotar el mayor embalse zamorano hasta dejarlo al 11%. Claro que se trata de un acuerdo de explotación datado en 1926 y que caducó, supuestamente, en 2008. Hace 95 años no existían conceptos como el cambio climático, y electrificar un país en desarrollo era una prioridad superior al cuidado del medio ambiente o la protección de la fauna piscícola. Los alcaldes y vecinos afectados no piden nada fuera de lo normal. El “tarifazo” eléctrico no tiene que llegar a consta de los zamoranos, y menos en los meses de verano cuando, tradicionalmente, las turbinas generan electricidad a medio gas. Claro… que ahora estamos en picos máximos de facturación eléctrica. La justa demanda de los municipios ribereños consiste en cambiar el caduco contrato de explotación para actualizarlo con condiciones tan objetivas como el cambio en la condición de embalse regulador y mantener un mínimo del 70% del agua durante los meses estivales para usos recreativos que beneficien no solo a al medio ambiente, sino al ocio de buena parte de la provincia
El vaciado del embalse antes de que comience el mes de agosto ha supuesto un doble castigo para el sector hostelero de una decena pueblos con playas, embarcaderos y otras instalaciones recreativas en las orillas del embalse. Después de un invierno en el que los bares y restaurantes han sufrido dos cierres decretados para contener la pandemia de COVID-19, restricciones de aforo y cierres perimetrales por provincias, y cuando el ritmo de vacunación dibujaba un horizonte un poco más brillante para el oficio, los establecimientos de estas comarcas finiquitaban la temporada de verano antes de que comenzara agosto. Sin agua, la gente veranea en otros lugares.
Otra batalla es la económica. El alcalde del principal pueblo afectado, Muelas del Pan, lo ha dejado claro: “Perder beneficios sería una sentencia de muerte”. El regidor fue el primero en aprobar en Pleno un acuerdo para “no perder” compensaciones ante el incierto futuro de los aprovechamientos. En definitiva, en exigir el pago de una deuda histórica, medioambiental y económica con la provincia de Zamora. Todo ello respaldado por el manifiesto de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica, que exige que las nuevas concesionarias destinen el 20% de los rendimientos a los núcleos de población afectados por el embalse. En términos efectivos luchan por lo perder ingresos ya consolidados en concepto de IBI o de IAE superiores a los 2,5 millones de euros en Zamora.
El asunto traspasará las fronteras de la provincia y de España. Una veintena de municipios con terrenos anegados por el embalse tratarán de poner sus reivindicaciones en la agenda de la Comisión Europea, enviando un detallado informe del impacto de la desertización del Esla al vicepresidente Frans Timmermans, el hombre de confianza de Von der Leyen para el Pacto Verde Europeo, y a Virginijus Sinkevicius, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.
El embalse de Ricobayo lleva 86 años explotándose bajo unas condiciones firmadas para un periodo de 75 años. A lo largo del próximo lustro caducarán también los acuerdos de los saltos de Villalcampo y Castro. El Gobierno debe abordar la licitación de los contratos de estas tres presas zamoranas sopesando no solo las necesidades del mercado eléctrico, sino también el respeto al medio ambiente con una planificación racional del recurso hídrico y, sobre todo, el desarrollo de la provincia que cedió terrenos y pueblos enteros para alimentar de energía hidroeléctrica a la industria de otras regiones. Los nuevos convenios deberían reflejar, negro sobre blanco, tanto los tributos que deben percibir los municipios afectados por los embalses, como los usos turísticos, lúdicos y recreativos de estas infraestructuras de titularidad pública.
