La imagen del gobernante cómodamente encerrado en su torre de marfil, desde la cual observa al pueblo envuelto en sus cuitas y vicisitudes, lejos de ser un simple mito viene a representar, de manera gráfica, un comportamiento político mucho más habitual de lo que nos cuentan o de lo que la generalidad de ciudadanos perciben. Por supuesto es signo característico de las dictaduras, más cuanto más populista, o popular, se declare el régimen. Todo para el pueble pero sin el pueblo. Aunque tampoco deja de ser habitual entre los gobernantes democráticos de todo pelaje y condición.

Cuando los políticos son así, cualquier ocasión es buena para dar una vuelta más al cerrojo que los protege tras la puerta. Especialmente propicios son, sin embargo, los momentos de emergencia, como la de los últimos meses provocada por la pandemia COVID. Así lo vemos, con un comportamiento que sería perfectamente justificable o meramente anecdótico de no ser por lo generalizado y lo extendido en el tiempo. Me estoy refiriendo a la perpetuación casi insultante de la celebración de los plenos de las corporaciones locales mediante conexiones virtuales y no de manera presencial en el salón de plenos de cada una de las instituciones.

No hay ninguna razón objetiva para que los plenos de los ayuntamientos de Zamora (con alcalde de Izquierda Unida), Benavente (PSOE), Toro (con alcalde apartado del PSOE) y Diputación (con gobierno coaligado de Ciudadanos y PP) sigan sin haber vuelto a celebrarse de forma presencial mientras el conjunto de la sociedad hace muchos meses que desarrolla sus actividades, acompañadas de medidas de protección pero con criterios de normalidad.

Sí hay, al menos, tres razones subjetivas, cada una de ellas peor que la anterior, para justificar tal perpetuación en la anormalidad. El aprovechamiento para fortalecer el comportamiento despótico, que tanto gusta a alcaldes como Francisco Guarido o Luciano Huerga, de las ventajas que les otorgó la situación sanitaria para evitar el control de su acción política, es una de ellas y conlleva la limitación de la posibilidad de crítica de la oposición a la acción de gobierno. La segunda tiene que ver con la práctica eliminación de la participación directa de los ciudadanos y los representantes sociales y vecinales a la hora de poder expresar su opinión en los asuntos más conflictivos, como el caso de la irregular, y parece que ilegal, modificación de la ordenanza de la ORA en la capital para tratar de arreglar una adjudicación tan económicamente inviable como lo son la de la recogida de residuos o el mantenimiento de los jardines o lo ha sido reiteradamente la de la eterna y absurda obra del antiguo Banco de España.

Una tercera razón viene del aletargamiento de los miembros de la oposición, acomodados en el asiento institucional y más pendientes de las cuestiones de partido y su continuidad futura que de promover la defensa de los ciudadanos en esta provincia que se desangra a marchas aceleradas. Solo así se concibe que la oposición no se plante y exija que los plenos sean como tienen que ser y como son en los parlamentos nacional y autonómicos. Cierto es que no nos sorprende. Así nos luce el pelo.

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