Mucha expectativa había generado la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Salamanca, aunque de la misma, como cabía esperar, no haya salido un criterio homogéneo y se haya tratado, más bien, de una lista de peticiones por parte de las autonomías más críticas contrarrestada por el Pedro Sánchez con dos anuncios con los que intentó neutralizar desde primera hora los dos grandes temas que se debían poner sobre la mesa: fondos de reconstrucción y evolución de la pandemia.
En el mismo tono triunfalista exhibido el presidente del Gobierno solo 24 horas antes al hacer balance, sin autocrítica, de sus dos años de mandato, Sánchez anunció a primera hora que las autonomías financiarán el 55% de los fondos que lleguen de Europa, unos 10.500 millones este año, y la compra de 3,4 millones de vacunas de dosis de Pfizer para llegar al 70% de la población en el mes de agosto, un porcentaje que, con la quinta ola todavía en apogeo, no conseguirá llegar a la ansiada inmunidad de grupo, pero que garantiza que el ritmo de vacunación no decaiga, como presagiaba el jueves la Junta de Castilla y León. Y en esa reducción de vacunas, 200.000 menos en comparación con el mes anterior, en el caso de la comunidad castellanoleonesa, se basa el Ejecutivo autonómico para prorrogar hasta mediados de agosto las restricciones de horarios y aforos que han vuelto a poner en pie de guerra a la hostelería, al coincidir en plena temporada veraniega. Es dudoso que el anuncio de Moncloa sirva para levantar las medidas antes del 16 de agosto, a la vista de los datos que se siguen registrando a diario en las nueve provincias, incluida Zamora, donde el pico de la nueva oleada parece entrar ya en descenso.
En el aire quedan demasiadas cuestiones por resolver y que hacen referencia, precisamente, a la discriminación positiva para quien nunca la ha tenido
Debatieron los presidentes reunidos (todos, a excepción de la Generalitat catalana, como ya ocurriera en citas anteriores), sobre el galimatías jurídico que viene produciéndose desde el inicio de la pandemia, agudizado desde el momento en que el Gobierno cedió a las autonomías la gestión de la misma. Pero la sensación resultante del encuentro es que se repitió la sucesión de monólogos sin que cuajase ningún principio de acuerdo que aporte la más mínima racionalidad a una situación surrealista, donde los ciudadanos, sin tener prohibida la movilidad, hacen frente a exigencias radicalmente distintas según donde residan en el momento.
Y como muestra, la polémica sobre el pasaporte COVID. A un ciudadano de Castilla y León, por decisión de su Gobierno autonómico, no se le exigirá el certificado de vacunación en ningún alojamiento hostelero. Si ese mismo ciudadano se desplaza unos kilómetros, hacia Galicia, deberá estar en posesión del mismo al exigirlo la Xunta gallega, pero si toma un avión a Canarias, dependerá del momento judicial en que se encuentre la reivindicación del Cabildo que, por ahora, ha visto cómo los tribunales tumbaban la propuesta. No puede decirse que la Justicia sea, precisamente, un espejo en el que mirarse a la hora de buscar esa más que necesaria homologación de normas. Más bien se ha contribuido a todo lo contrario. Y quienes legislan y por tanto tienen el poder otorgado por sus votantes para modificar y afinar las leyes, representados en esa reunión de Salamanca, hablaron, pero sin acuerdo concreto. Como siempre.
Las cuatro autonomías del Noroeste llegaban a Salamanca con un pacto previo, basado en los problemas que comparten y que se centran en la despoblación y la dispersión geográfica. La España vacía volvió a estrellarse contra el mismo muro, ya que ni siquiera existe una concreción sobre el reparto de esos 10.500 millones y si servirán para los objetivos demográficos que previamente marcaron Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Ni una palabra sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, salvo las reivindicaciones conocidas, la promesa de Sánchez de no abordar la cuestión en la mesa bilateral con el independentismo catalán y el desmentido de Urkullu de haber comparecido, finalmente, en la cumbre, a cambio de nuevos tratos de favor hacia el País Vasco.
En el aire quedan demasiadas cuestiones por resolver y que hacen referencia, precisamente, a la discriminación positiva para quien nunca la ha tenido. Esa propuesta de ley de pequeños municipios propuesta por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que exista una fiscalidad ventajosa y trámites administrativos más flexibles para las localidades de menos de 5.000 habitantes, que resultaría decisiva para provincias como Zamora, dada que esa es la composición demográfica mayoritaria de los núcleos rurales. Puesto que el modelo de financiación, que ha demostrado de sobra sus estrechuras para comunidades como Castilla y León, también se apunta en el debe de la cumbre, la petición de la Junta para que los fondos COVID se prolonguen durante el próximo año, en contra de las intenciones expresadas por la ministra de Hacienda, adquiere carácter de urgencia. Las nueve provincias se enfrentan, con desigualdades evidentes entre ellas, a una reconstrucción que debe levantar el modelo social, laboral y económico de los próximos años. Pero, además, seguirá que tener que hacer frente a la colosal factura de los servicios sociales y sanitarios en un territorio envejecido y con un relevo generacional que no está, ni mucho menos, asegurado.
Ojalá la monumental Salamanca haya servido para algo más que para que los presidentes tomaran nota del excelso valor del patrimonio castellanoleonés: que también lo hayan hecho sobre la necesidad imperiosa de diálogo y de reequilibrio territorial si, de verdad, aspiramos a cambiar España, además de evitar que el fondo de reconstrucción de Europa se convierta en un símil de aquel infausto Plan E, plagado de proyectos insostenibles y ausentes de planificación y racionalidad.
