Recientemente, la Asociación Mundial de Juristas (WJA) ha rendido un homenaje en Madrid a la que fuera jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fallecida en septiembre del pasado año a los 87 años, en reconocimiento a una carrera intachable. Como recientemente indicaba David Trueba en un artículo de opinión en El País “Integridad contra desesperación”, Ruth Bader Ginsburg “ejemplificaba una de las cumbres del sistema democrático, esa que dicta que un juez postulado por un partido político para ocupar un cargo en tribunales superiores de vigilancia no está forzado a convertirse en alguien predecible, sectario y esclavo de aquel partido en todas sus decisiones. En una palabra, la independencia es un estado profesional y no una etiqueta desgastada por el mal uso”.
Para los que no somos juristas, nos parece evidente que lo que ocurrió en marzo de 2020 se parecía mucho más a una “epidemia” que a un colapso de las instituciones democráticas
A dicho homenaje se han sumado autoridades nacionales e internacionales. Supongo que también habrán asistido miembros de los altos tribunales españoles ya sea Tribunal Constitucional, Salas del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal de Cuentas y Fiscalía del Estado, muchos de los cuales habrán ido al acto para que se les vea ya que en parte practican lo contrario de lo que simbolizaba esta jueza ejemplar, es decir, ser independientes del partido político que los nombró. Posiblemente, a mucho de ellos ya todo le da igual por no haber dimitido a tiempo y en forma de sus puestos de sobra caducados. En muchos casos coincide su postura con lo que el Partido Popular está pidiendo. También, parafraseando de nuevo a David Trueba, “este bloqueo despoja de su bandera constitucionalista a los que tanto presumen de ella”. ¡Y eso tratándose de un servidor de la Justica!
Casi todas las altas instituciones judiciales están bajo el signo de la sospecha, lo cual es un problema gravísimo, y por ello no tienen demasiada credibilidad ante una parte importante de la sociedad española e incluso ante muchas instituciones europeas como ya ha sucedido en el caso del bloqueo del CGPJ.
Lo último que acrecienta esta desconfianza lo hemos visto y lo estamos viendo con las medidas que los diferentes tribunales autonómicos de Justicia están tomando para el control de la pandemia, que las hay para todos los gustos y con argumentos contradictorios. Recuérdese lo que argumentó Luis Ángel Garrido, presidente del Tribunal Superior del País Vasco en su día ante la decisión de suspender las medidas decretadas por el Gobierno Vasco al señalar, entre otras cosas, que los expertos en Epidemiología eran sólo “médicos de cabecera con un cursillo” ¿Este galimatías es lo que se entiende por un estado de derecho?
Lo último que cierra la traca de nuestra Justicia Superior lo hemos visto esta semana con la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha decidido por la mínima, partido por la mitad, con una parte de sus magistrados con el mandato caducado y una vacante sin cubrir, sentenciar que el estado de alarma que aprobó el Gobierno durante la fase más dura de la pandemia fue ilegal. ¿Significa eso que le parecen mal las medidas de confinamiento que España, y que todo el mundo, aplicó? No. La sentencia no entra en eso. El debate era otro, jurídico y no sanitario: si el estado de alarma era el cauce legal adecuado para aprobar el confinamiento o si el Gobierno debía haber recurrido a una medida más dura, el estado de excepción.
Para los que no somos juristas, nos parece evidente que lo que ocurrió en marzo de 2020 se parecía mucho más a una “epidemia” que a un colapso de las instituciones democráticas. Como ha indicado algún medio, el debate jurídico se empieza a parecer a una discusión teológica sobre el sexo de los ángeles. ¿El confinamiento fue una suspensión total de la libertad de circulación o una limitación muy severa de ese derecho? ¿Las excepciones, como salir a comprar o a trabajar en muchos casos, eran una prueba de que no estaba suspendida la circulación? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Como escribe un medio de comunicación nacional, es bastante evidente lo que habría pasado en España si el Gobierno, en marzo de 2020 hubiera optado por el estado de excepción, y no el de alarma, como ahora le dice el Constitucional. ¿Se imaginan las críticas de la oposición si el Gobierno “social comunista” hubiera solicitado al Congreso unos poderes así a los tres meses de llegar? ¿Cómo argumentar que era necesario un estado de excepción cuando la ley habla literalmente de “epidemias” para un estado de alarma? ¿Cuánto tiempo se habría perdido en esa negociación parlamentaria? ¿Cuántas personas habrían muerto por ese retraso? ¿Cuántas más víctimas tendríamos si se hubiera levantado el confinamiento antes de tiempo? Hacer justicia sin ver una realidad tan evidente y mundial es irse por las ramas y enredar, que es lo que algunos partidos políticos desean.
En el colmo de los colmos, esa ilegalidad del Gobierno al recurrir al estado de alarma para frenar a la pandemia se cometió con la ayuda del mismo partido que, meses después, la recurrió ante el Constitucional. Me refiero a Vox, que no solo votó a favor del estado de alarma, sino que en aquel momento criticó al Gobierno por no haberlo decretado antes. También lo respaldó el PP, que ahora acusa al Gobierno de Sánchez de saltarse la ley.
Con todo este lio, de nuevo aparecen las dudas políticas sobre una sentencia, en este caso del Tribunal Constitucional ¿No es para preocuparse?
Como dice Iñigo Sáez de Ugarte, “en España ha fallado la flexibilidad que ha existido en otros países europeos. Aquí todo es blanco o negro. Ante un escenario como el de mediados de marzo de 2020, sin ninguna crisis de orden público en las calles, con una pandemia desbocada, viendo además lo que había pasado en Italia, incluso llegando tarde a las medidas de confinamiento imprescindibles, el Tribunal Constitucional sostiene ahora que debería haberse iniciado la tramitación en el Congreso de una petición de estado de excepción con todo el tiempo necesario para tramitar enmiendas, negociarlas y finalmente aprobarlas en el legislativo.
También podrían haber enviado ejemplares de la Constitución a los hospitales para consolar al personal sanitario mientras se les morían los enfermos.”
Todo muy triste y preocupante.
