Se supone que aceptamos que las leyes están para cumplirse y los tribunales para interpretarlas y aplicarlas cuando existe conflicto o discrepancia. Se supone que admitimos que el Tribunal Constitucional, con sus mejores aciertos y sus peores errores, es el encargado de decirnos -por su tardanza en tomar las decisiones, más hacia el futuro que hacia el presente-, cuándo una norma adoptada por el legislativo o el ejecutivo, es acorde o discordante con el texto y el espíritu de nuestra Constitución.

Se supone que todos sabemos que en nuestro régimen democrático es el acuerdo constitucional vigente el que establece el marco en el cual se desarrolla nuestra convivencia. Y se supone que aunque discrepemos en aspectos puntuales, todos entendemos que la Constitución es barrera infranqueable a la hora de la actuación de los poderes del Estado. Se llama Estado de derecho y seguridad jurídica frente a la arbitrariedad del gobernante que rige en los regímenes totalitarios.

Da una tremenda pereza tener que reiterar estas obviedades y más en una nación en la que antes de la Constitución vigente lo que había era dictadura y no democracia. Pero hete aquí que ahora hay quienes, desde insospechadas tribunas políticas, gubernamentales y mediáticas, letrados acomodaticios unos y legión de iletrados otros, nos dicen que por una emergencia sanitaria -ante la que, por otro lado, no es que se actuara con la emergencia que ahora reclaman-, el Tribunal Constitucional y el conjunto de los ciudadanos debemos comulgar con ruedas de molino y tolerar una inadecuada e injusta privación de uno de nuestros derechos fundamentales básicos, el derecho a movernos libremente por el territorio nacional del que somos soberanos.

El gobierno de la nación lo sabía desde el primer día -exactamente igual que el gobierno de Castilla y León lo sabía cuando ilegalmente nos restringió hace unos meses más allá incluso de lo que aquél había permitido con su norma-. Existían informes y advertencias jurídicas suficientes que acreditaban que lo que se pretendía decretar cabía en un estado de excepción y no en el de alarma. Dos figuras que contempla el mismo artículo 116 de la Constitución, pero con características diferentes. Básicamente mucha más libertad de acción para el gobierno en el estado de alarma, con ausencia en la práctica de control parlamentario por preverse para emergencias limitadas a partes concretas del territorio y durante un periodo de tiempo muy corto, frente al permanente control del parlamento en el caso del estado de excepción que, por preverse para emergencias que afecten al conjunto del territorio, más duraderas en el tiempo o de especial gravedad, exigen que el control parlamentario, es decir, de la representación de la soberanía nacional sea permanente sobre la acción del gobierno.

Hay otra diferencia, esta no jurídica pero de peso en este país que algunos tratan de idiotizar más cada vez. Sánchez y los independentistas querían que alarma nos sonara a bomberos, ambulancias y aplausos desde el balcón mientras que excepción a ellos y a sus votantes más montaraces les sonaba a franquismo. Así que, la manta a la cabeza y a prevaricar contra tus derechos y los míos, españolito de a pie. Y no dimiten, claro.

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