En mi anterior carta a este diario estimé, con los periodistas y comentaristas, que la posible concesión del indulto de parte de sus penas, a los nueve penados catalanes por el delito muy grave de sedición, sería considerada un insulto y una burla al Ministerio Fiscal Acusador, al Tribunal Supremo Juzgador y a la mayoría de pacíficos españoles.
Hoy, la concesión efectiva por el Gobierno y la ejecución material de tales indultos a favor de los indicados penados, sin previa petición de los mismos de tal beneficio, sin su arrepentimiento por la comisión del indicado delito y con la altanería, arrogancia, soberbia, cinismo y orgullo además de los penados de reincidir en su nueva comisión, obliga a calificar dicha decisión gubernamental de sorprendente, asombrosa, impensable e ilegal, como lo ha sido por la mayoría de los medios de comunicación social.
Se que los criminólogos y psicólogos actuales propugnan, como la ley Penitenciaria, que las penas deben estar encaminadas a la rehabilitación y reinserción social del penado, más bien que a su caracter aflictivo y punitivo, y se que el grave problema del independentismo catalán debe tener una solución, pero es evidente que ésta tiene que hacerse en un Estado de Derecho yendo de la Ley a la Ley y no dictando disposiciones políticas ni concediendo beneficios de gracia contra la misma, porque en este caso se puede estar cometiendo el delito también grave de prevaricación, por los responsables de tal proceder ilícito y de evidente fraude de ley. Es mi sincera y modesta opinión.
José Donato Andrés
