Este miércoles pasado, 16 de junio, la Comisión Europea evaluaba positivamente el plan de recuperación y resiliencia de España, paso ineludible para acceder a las ayudas por importe inicial de 69. 500 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La financiación desempeñará un papel clave a la hora de facilitar que España salga reforzada de la pandemia de COVID-19. Desde la Comisión se calificaba dicho plan como “hoja de ruta ambiciosa” para la transformación del país y aumentar la cohesión social del mismo.

Casi a la misma hora en la que se hacía pública la decisión, en Zamora se abordaban, de nuevo, las opciones de futuro ante el envejecimiento y la despoblación galopante que sufre la provincia. La falta de empleo está dejando a la provincia sin relevo generacional y sin un futuro claro si no se ponen en marcha de forma urgente actuaciones de verdadero calado. El foro “Razones para quedarnos II”, contaba con la presencia del responsable nacional del Reto Demográfico, Francesc Boya, secretario general del Ministerio de Transición Ecológica, así como del máximo representante en la materia del Gobierno autonómico, el vicepresidente Francisco Igea. La presencia de ambos, con su primera entrevista personal a raíz del acto organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA una hora antes del debate, es una primera buena noticia que debe traducirse, inexcusablemente, en la colaboración institucional necesaria para que esas máximas exigidas por la Comisión Europea, la cohesión social y, por tanto, el fin de las desigualdades territoriales, se cumplan por todas las partes implicadas.

La voluntad de colaboración se presupone, aunque, en la práctica, los actores principales del debate poco concretaron sobre qué actuaciones para Zamora tienen cabida dentro del Plan del Reto Demográfico anunciado por el presidente Sánchez y dotado con 10.000 millones de euros, ni si existían ya los cauces adecuados para que la cooperación entre ambas administraciones, además de las de las locales y provinciales que, necesariamente serán copartícipes de los proyectos que se puedan poner en marcha, cristalice en algo más que teorías y manifiestos voluntaristas.

Que la provincia juegue un papel protagonista en el demandado trato de discriminación positiva desde el punto de vista fiscal, resulta imprescindible para poder tener voz propia en muchos de los proyectos de ese plan de recuperación

La coincidencia con el anuncio de la Comisión Europea puede tomarse como excusa y conceder el beneficio de la duda a los representantes institucionales, pero hay cosas que exigen una actuación clara y evidente, mucho más allá de iniciativas puntuales, que serían bienvenidas igualmente, como el compromiso con Monte la Reina que defendió, de nuevo, arduamente y con argumentos, el director general de Caja Rural, Cipriano García.

Además de concretar proyectos, Zamora necesita un marco legal que regule los estímulos económicos imprescindibles para la creación de puestos de trabajo. El Gobierno central está obligado a realizar una traslación inmediata de la decisión adoptada también por la Comisión Europea el pasado mes de abril al incluir a la provincia, junto a Soria, Cuenca y Teruel, entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas económicas específicas debido a sus particularidades. Esa fue la reivindicación esgrimida, entre otros, por el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, y en la que debe ponerse todo el empeño como clave para construir una nueva Zamora. Los fondos de resiliencia pueden contener, definitivamente, la última baza para un futuro próspero.

Las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027 incluían, inicialmente, solo a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel como receptoras de subvenciones destinadas a las empresas, para así compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación. Zamora se incorporó poco más tarde a un acuerdo en el que ha sido clave la lucha desempeñada por los representantes empresariales de esas tres provincias, así como las comunidades autónomas respectivas, a través de las alegaciones presentadas y en las que se demostraba la analogía existente entre los territorios españoles y las regiones más despobladas del norte de Europa, tanto en demografía como en el reducido tamaño de las empresas: el 95% pymes o autónomos. Los negocios que se implanten en estas zonas especiales pueden acogerse, gracias a este marco reconocido por la UE, a ayudas del Estado equivalentes a un 20% de los costes laborales.

Es importante subrayar el hecho de que el grueso de la lucha lo haya protagonizado un lobby formando por Teruel, Cuenca y Soria, del que la representación zamorana ha estado desaparecida, inexplicablemente, aunque se haya podido enganchar a última hora. Corresponde ahora al Ministerio de Hacienda concretar la aplicación práctica del acuerdo que puede marcar un antes y un después en el tejido empresarial de las tres provincias y, finalmente, la de Zamora.

Que la provincia juegue un papel protagonista en un aspecto del todo relevante en cuanto al demandado trato de discriminación positiva desde el punto de vista fiscal, resulta imprescindible para poder tener voz propia en muchos de los proyectos de ese plan de recuperación. Europa mirará con lupa uno de sus principales ejes: la apuesta por las energías renovables. Lo que pasó con los embalses no puede repetirse con las plantas fotovoltaicas o los parques eólicos. No sólo se necesita una estricta normativa que impida el impacto medioambiental negativo, lo cual es competencia de la Junta, sino también exigir el derecho a beneficiarse colectivamente de la producción de la energía en nuestro territorio. No vale con que un ayuntamiento en concreto negocie beneficios para su municipio, deben buscarse los de una comunidad más amplia, lo que implicaría, también, cambios en las competencias provinciales y locales para acabar con los estériles reinos de Taifas.

El empeño en la diferencia en lugar de buscar la colaboración es la eterna maldición de todo un país que tiene en las provincias menos favorecidas a sus principales víctimas

Por supuesto que, como resaltó el secretario general del Reto Demográfico, en España existen muchas “ruralidades”, casuísticas y características en cada uno de los territorios. Ese empeño en la diferencia en lugar de buscar la colaboración es la eterna maldición de todo un país que tiene en las provincias menos favorecidas a sus principales víctimas. Desgraciadamente, el estado autonómico, tal y como funciona en la actualidad, no solo no ha acabado con los males del centralismo, sino que ha acentuado los desequilibrios y dejado en la fragilidad más absoluta esa pretendida cohesión que no funciona, siquiera, en el interior de comunidades como Castilla y León.

En el aire del debate de “Razones para quedarnos” quedó la pregunta al responsable de la Junta de cómo y cuándo se corregirían situaciones paradójicas de que provincias como Valladolid, con mayor renta y sin hacer frontera con Portugal, se beneficien de los programas Interreg, mientras Zamora, con 300 kilómetros de Raya, se va casi de vacío en cada convocatoria. Y justo al otro lado de la Raya encontramos el ejemplo de cómo se trabaja en la verdadera cohesión. La secretaria de Estado Isabel Ferreira expuso cómo Portugal se ha esforzado en elaborar un plan destinado a las regiones del Interior, con inversiones, apuesta tecnológica y fomento del empleo cualificado. Una lección más desde el país vecino sobre la auténtica resiliencia, que implica colaboración mutua. Aquí, mientras el futuro se nos desliza como arena entre los dedos de las manos, aún andamos enredados en el eterno dilema de si galgos o podencos. Cuánto por aprender y qué poco tiempo para comenzar a moverse en la dirección adecuada, de una vez por todas.