El jueves 20 de mayo el Gobierno presentó la estrategia España 2050, que abarcaba con vocación profética una batería de variopintas medidas y objetivos encaminados, entre otras finalidades, al amortiguamiento de los efectos desfavorables de la ubicua crisis climática que acapara con incansable empecinamiento el debate público contemporáneo. El documento en cuestión se construye a través de nueve retos, cincuenta objetivos y algo más de doscientas propuestas de consecución que, según el presidente del Gobierno, serán objeto de discusión nacional en lo sucesivo para su inserción en la agenda social española. El plan, más allá de la virtud o el naufragio de la sensatez de algunas de sus medidas, del amplio consenso o del repudio sistematizado que pueda suscitar, uno se imagina que indubitablemente ha de motivar la sonrisa socarrona del autónomo, del paciente de COVID-19, del no vacunado, del desempleado, del trabajador en ERTE sempiterno, del empresario en quiebra y, en fin, del ciudadano español que en la actualidad esté padeciendo cualquier manifestación de la adversidad y abra el periódico en estos días para confirmar que increíblemente su Gobierno pretende invertir esfuerzos para intentar asegurar un futuro nebulosamente lejano e indolente con las dificultades del momento presente.

Cualquier ciudadano puede ver como, increíblemente, su Gobierno pretende invertir esfuerzos para intentar asegurar un futuro nebulosamente lejano e indolente con las dificultades del momento presente

Entre tantos planteamientos y disposiciones a comentar de la estrategia, me gustaría centrarme con cierto detenimiento en el comentario de algunas medidas concretas cuyo alcance merece la pena especialmente desentrañar:

-Prohibición de los vuelos cortos: con objeto de reducir el impacto en el medio ambiente del tráfago intrínseco a las dinámicas de la navegación aérea, el documento recomienda la supresión de los vuelos que cubran trayectos realizables en tren en menos de 2,5 horas así como la incorporación de nuevos impuestos dirigidos a gravar estos desplazamientos en función de la cercanía del destino. Como liberal convencido, he de evidenciar de primeras mi rechazo consecuente con esta clase de propuestas con las que el Estado procura una vez más perpetuar su creciente presencia perturbadora en el desarrollo de nuestras vidas. Y no se trata de otorgar más o menos valor al medio ambiente, sino de recelar de esa corriente de pensamiento político que todo lo pretender arreglar mediante políticas públicas administradas por un Estado paternal que nos salve siempre de nosotros mismos. Del propio mercado, si posibilitamos su libre funcionamiento, naturalmente florecerán los arreglos ampliamente ambicionados que la sociedad demanda, porque al igual que el sector de la restauración y los supermercados han ido colmando en los últimos años sus propuestas de productos vegetarianos, fitness y, en general, “sanos”, como respuesta a las reivindicaciones sociales por una alimentación cada vez más saludable, si para los usuarios del sector aéreo el medio ambiente es un interés altamente defendible, entonces las aerolíneas, en definitiva, el mercado, harán lo posible por alinear sus servicios con esas demandas tendenciales.

Como resulta utópico imaginar ahora mismo que un mercado plenamente liberalizado pueda erigirse robusto sobre la arcaica cimentación de nuestra vigente socialdemocracia, no queda más opción que la resignación de expulsar de pleno la idea de la prohibición de estos vuelos de duración sucinta y acoger la instauración de esa clase de impuestos orientados a la corrección de externalidades negativas y que disfrutan de extendida aceptación entre los popes del liberalismo: los impuestos pigouvianos. De entre la heterogénea tipología de los tributos, son éstos los que propiciarían que los ciudadanos usuarios de los mentados vuelos compensaran al conjunto de nuestra sociedad por los posibles efectos medioambientales adversos que se pudieran derivar.

-Limitación del consumo de carne: enlazándolo con el aumento de la probabilidad de retoñar hostilmente las pandemias, el informe se esfuerza pos sustentar una llamativa teoría acerca del progresivo abandono de los hábitos legados por la dieta mediterránea y la ocupación de estos vacíos en lo culinario por una ascendente propensión a la consumición de carne. La solución a este problema consagrada por el documento, una reflexiva necesidad de remar hacia la limitación de consumo de estos comestibles de origen principalmente proteico, encubre tras la pantalla de su consciente buenismo una reconocible crítica hacia el consumismo desenfrenado con el que algunos se jactan de confundir repetidamente al capitalismo. De nuevo, claro, la fragancia del intrusismo estatal sobrevuela con parsimoniosa cadencia, hasta saturar nuestro olfato, la lectura de esto que para nuestro Gobierno debería ser la España de 2050.

La conclusión no puede ser otra que la del reconocimiento en esta estrategia futurista de la creciente ambición de nuestros políticos por aumentar día a día sus ya prolíficas prerrogativas mediante diversos disfraces que hoy se concretan en la aparentemente cándida preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental. Nos quieren ahora imponer cómo viajar y qué comer y uno se imagina que en Moncloa ya se estarán despidiendo, con semblante lacrimoso pero determinación tenaz y entereza espiritual solemne, del apreciado Falcon presidencial que por tan abreviados trayectos celestes ha transitado... Por su parte, Casado ha fabricado recientemente su crítica a esta distopía de tintes orwellianos bosquejada por el Gobierno en la forma de sendos discursos de corte liberal, sin que resulte fácil no catalogarlos a éstos como manifestaciones hipócritas y atribuirle al palentino el desconocimiento negligente de que el partido que preside se distancia en muchas de sus posiciones de los valores políticos que debieran ser nucleares para un liberal.

Por favor, déjennos vivir en paz.