En lo que tienen de parlamentarias, las democracias occidentales padecen la crisis originada por una tendencia al abuso de fórmulas partitocráticas, con aparatos que acostumbran a monopolizar instituciones y resortes del Estado, al servicio de intereses de facción cuando no puramente personales. Quizá por falta de suficiente tradición cívica, la democracia española heredera de la transición, proceso necesitado de revisión crítica, es buen ejemplo de lo que va camino de convertirse en lacra de difícil solución.

Particularmente el electorado conservador, apegado a valores como la familia, la ley y la propiedad, sufrió una honda decepción a raíz de la conducta del partido que consideró durante más de una década su principal baluarte, y que, bajo un rajoyismo claudicante gozando como gozó de una mayoría absoluta nunca merecida, se reveló incapaz de abordar la defensa de tales valores.

Bajo la óptica que se quiera, no se explica cómo el PP asumió con servilismo pastueño no ya políticas socialdemócratas orquestadas en base a una, a día de hoy, insoportable presión fiscal sobre las clases medias, sino aquellas otras relativas al ideario y sistema de valores de un electorado que intuye a la perfección cuáles son su posición e intereses, identificados en la práctica con principios ajenos a la especulación, al aggiornamento resultante de estrategias, giros, cambalaches ideológicos y partidarios que se traducen en dejación y entreguismo, a remolque de cálculos electorales a la postre también fallidos.

Evitar frustraciones que desmovilizan al electorado, en beneficio de una izquierda cada vez más radicalizada desde propuestas acerca de cuestiones que jamás debieron ponerse en almoneda, requiere que en las futuras citas electorales se exija desde el ámbito de la opinión pública a las fuerzas solicitantes del voto conservador un contrato o compromiso cívico, en el sentido de que, una vez alcanzado el poder, y sea cual fuere el ámbito de representación: municipal, autonómico o estatal, se revisarán por vía de su inmediata derogación todas aquellas iniciativas legales, así las de género y memoria histórica, sin excluir las fiscales y las inmigratorias, instrumentadas por la izquierda al único objeto de hacer valer un proyecto político en esencia liberticida.

Lamentablemente, a día de hoy la única certeza para el electorado conservador es el desprecio de la derecha partitocrática hacia sus valores e intereses, según confirmó en sus peores defectos la era rajoyista, herencia, no se olvide, del gran fiasco ideológico y político del aznarismo. Dicho lo cual, y a propósito del voto, ¿por qué incidir en el error?