No todo puede supeditarse al interés político. Mucho menos aún al interés político coyuntural de mantener una escuálida mayoría de gobierno. Las estructuras constitucionales se componen en un Estado de derecho de instituciones, normas, principios y valores que están por encima de las refriegas políticas del día a día. Cuando un Estado y sus dirigentes no son capaces de respetar la diferencia entre uno y otro plano de la actividad política y de la regulación de la convivencia y difuminan los bordes de lo esencial y perdurable frente a lo temporal e inmediato la democracia deja paso al capricho del poderoso y la seguridad jurídica a la arbitrariedad.
No son pocos los ciudadanos de buena fe que se plantean, la conveniencia del indulto para los políticos independentistas catalanes presos por sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia. Piensan que un solo día de privación de libertad ya es un duro castigo para cualquier persona y consideran un tanto etéreo el delito cometido pues no se sienten directamente afectados o amenazados. No es ajena a ese pensamiento la consideración de que no fue grave lo que hicieron ya que el tiempo transcurrido hace que se pierdan buena parte de los detalles concretos de aquellos días y no se produjeron grandes efectos o daños personales. El “buenismo” que acompaña a las sociedades acomodadas es el otro elemento que lleva a su razonamiento.
No caen en que la diferencia fundamental de estos delincuentes juzgados y condenados, con otros miles de los que habitan en nuestras nada despobladas prisiones estriba en que los presos del proceso independentista tienen una mayor y más cariñosa presencia mediática y en que por ser delincuentes de “cuello blanco”, de un estatus social más elevado que el común de los encarcelados, suscitan menos temor social que aquel que timaba a viejecitos, trapicheaba con cannabis o robó en unas cuantas viviendas. El resto de los privados de libertad en España no cuentan con un “sindicato” de gremio como sí parecen tener muchos políticos en asuntos que les afectan a ellos.
No se detienen a valorar que los delitos por los que cumplen la condena establecida en nuestras leyes tras un juicio celebrado con todas las garantías que nuestra Constitución asegura y de los que no solo no se han arrepentido sino que públicamente mantienen su orgullo por haberlos cometido y reiteran su deseo, intención y vocación de repetirlos, son delitos que afectan a la base misma de nuestra convivencia, de nuestra seguridad como ciudadanos libres en un Estado democrático. Más graves por tanto, que aquellos que pueden afectar a uno solo o a unos pocos de nosotros. No respaldar los indultos no es de ser inhumanos o peores personas que quienes los quieren propiciar. Oponerse a indultos arbitrarios, que no cumplen requisitos legales o formales exigibles como el del arrepentimiento o que sea cada uno de los condenados quien individualmente lo pida no es de ser extremistas o vengativos, sino leales defensores de lo que nos hace libres e iguales: el imperio de la ley. Prostituirlo en pago al chantaje del respaldo parlamentario, aquí y ahora, sí es traición a la nación y al conjunto de ciudadanos. Por eso no hay que tener miedo a decir una y otra vez “No”.
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