Esta semana varias plataformas reivindicativas han llevado hasta el Congreso de los Diputados un documento que recoge 101 medidas para poner en práctica en la lucha contra la despoblación. Una parte importante la dedicaban a la reivindicación de una política fiscal diferenciadora que ofrezca ventajas a las empresas que creen empleos y a los propios habitantes que decidan establecerse. Las medidas pretenden compensar una realidad palpable: el pago de los mismos impuestos en una provincia como Zamora no ofrece al contribuyente, a cambio, los mismos servicios que en zonas más desarrolladas. La propuesta de las plataformas es ambiciosa porque, para conseguir el encaje legislativo de una medida, la discriminación positiva, que los distintos Gobiernos jamás se han atrevido a llevar a cabo bajo el pretexto del amparo jurídico, plantea la modificación del artículo 138 de la Constitución Española que establece la “singularidad” de las circunstancias del hecho insular”, en los archipiélagos patrios.

Los representantes de las zonas despobladas exigen que el articulado añada la atención singular “a los diversos territorios y comarcas” que sufren la despoblación. La pretensión baja a tierra las teorías sobre como atender a las peculiaridades del mundo rural de verdad, a escala proporcionada. Se evitarían así absurdos como los vividos durante el confinamiento por la pandemia, cuando se aplicaban a pequeños núcleos urbanos las mismas restricciones que a las grandes ciudades del país. Ejemplos sangrantes que costaron sanciones a quienes salían de sus casas en los pueblos al alto más cercano en busca de cobertura para su teléfono móvil o, peor, para poder conectarse y estudiar “on line” con las aulas cerradas. Tras la exposición concreta, las plataformas y la ciudadanía que habita en esos territorios aguardan la llegada de soluciones concretas. Cómo, cuándo y de qué manera se repartirán, y, sobre todo, cómo se gestionarán esos 10.000 millones de euros que el Gobierno ha anunciado que dedicará de los fondos europeos de reconstrucción a poner en pie el mundo rural.

Ninguna excusa, ninguna explicación racional puede aceptarse cuando una provincia pierde 2.000 habitantes al año porque no hay un puesto de trabajo en el que ganar un salario digno

De momento, lo que encontramos es la realidad tozuda que traza, una y otra vez el mismo sombrío panorama. Los datos socio económicos dados a conocer tan sólo 24 horas después por el INE respaldan esa sensación de abandono cuando se constata que Zamora es la capital de provincia con menor renta neta disponible de toda la región, que las desigualdades son aún mayores en el resto de los municipios; que se perpetúa la tendencia al envejecimiento y, por el contrario, bajan cada vez más los indicadores de natalidad que nos están dejando sin relevo generacional.

Hace unas semanas, en estas mismas páginas, se apuntaba la necesidad imperiosa de trazar un camino compartido para el relanzamiento económico, la repercusión social de la pandemia será tan atroz como lo ha sido en los contagios y muertes. Pero falta ese hilo común, mientras desde unas y otras instituciones, y algunos particulares, se lanzan propuestas que recuerdan a aquella famosa escena de la maravillosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, cuando todo el pueblo hace cola para pedir los regalos que iban a traer los americanos que, al final, pasaron de largo.

En este nuevo “plan Marshall”, provincias como Zamora corren peligro de hacer el mismo papel si no existe una planificación de los proyectos, una concreción ajustada a los criterios marcados desde Bruselas y una actuación unitaria a la hora de gestionar las ayudas que pueden llegar. Se habla de potencialidades de la provincia, que las tiene, pero ¿cuántas iniciativas se quedan por el camino por ese exceso de individualismo que ha lastrado durante generaciones el porvenir de Zamora? Se dice que Castilla y León es una autonomía artificial derivada en nueve reinos de Taifas. Y, dentro de cada una de las provincias, se repite el esquema. El espíritu colaborativo que ha dado tan buen resultado en la gestión de cooperativas punteras tiende a dinamitarse a la mínima. Pesan siempre más las críticas y la oposición que la comprensión mutua y compartir objetivos. Personalismos, resabios caciquiles, herencia minifundista…Ninguna excusa, ninguna explicación racional puede aceptarse cuando una provincia pierde 2.000 habitantes al año porque no hay un puesto de trabajo en el que ganar un salario digno.

Remar en una única dirección y pensar proyectos viables constituye la parte indispensable del funcionamiento interno. No es posible reabrir, por ejemplo, el debate sobre la compensación por prestar suelo zamorano a las energías renovables si cada ayuntamiento va por libre en la negociación con la compañía de turno para que la exigencia tome cuerpo y la voz encuentre el eco adecuado, en lugar de estrellarse contra las paredes de la indiferencia política. No se puede pretender transformar la petición de instalación de granjas de porcino en iniciativas sostenibles, que vayan acompañadas de la exigencia unánime de que en el mismo lugar se cierre el proceso industrial para que el IVA generado se quede aquí, si no se afronta el debate, se adopta una postura común y se ejerce el liderazgo que la provincia necesita. Un liderazgo sostenido por un debate permanente del que florezcan iniciativas capaces de impulsar los nuevos tiempos que afrontamos.

Zamora lidera las hectáreas de producción de agricultura ecológica. El único “mercado” certificado como tal lo componen un puñado de puestos que, de vez en cuando, se ponen en una plaza de la capital. Ecocultura ha sido referencia internacional como feria. Contamos con maravillas arquitectónicas como el Mercado de Abastos, de Segundo Viloria, a la espera de una remodelación que no llega. Con todos estos ases en la mano, ¿Dónde se ubica el primer mercado en un edificio histórico en el que todos sus productos tienen el certificado ecológico y, visible, el lugar de procedencia, explotando el valor de la cercanía? ¿Quién aspira a convertirse en capital de la alimentación sostenible? Barcelona. La gran urbe sigue ganando la batalla hasta al propio campo que lo produce, por la sencilla razón de que lugares como Zamora llevan décadas de retraso en la evolución de una materia prima de calidad hacia la transformación y comercialización del producto.

Es cierto que en nada acompañan las políticas erráticas, las promesas incumplidas y las contradicciones de quienes, por un lado, dicen luchar contra la despoblación, mientras por otro desmantelan servicios básicos de movilidad, como el tren madrugador, de conectividad, cuando a tan solo 15 kilómetros del centro de la capital el móvil no alcanza ni 3 G, cuando la sanidad se resiente de los recortes y lo paga, sobre todo, quien vive en un pueblo de pocos habitantes. “Que ser pocos no nos reste derechos”, es uno de los eslóganes que se suelen corear en las concentraciones de la denominada España Vaciada. La realidad la conocemos de primera mano. Pero cuando, además, a la indiferencia institucional se une el freno autoimpuesto por una sociedad que camina con orejeras, ganar la guerra de la despoblación se convierte en una quimera.