Después de tantos siglos de experiencias vitales, de filosofía, de ciencia, etc., es sorprendente que de todo ello no se hayan aplicado la totalidad de las enseñanzas que debieran haberse obtenido para aplicarlas, en cada momento, a la mejora del bienestar humano.
Y es que sorprende que en pleno siglo XXI tengan que reunirse los jefes de Estado y de Gobierno para acordar algo que, como dicen en mi pueblo, se tendría que dar por hecho, evitando demoras injustificadas en su puesta en práctica, lo que perjudica la satisfacción, lo más inmediata posible, del interés general, es decir, la satisfacción de las demandas, de los problemas, de las aspiraciones de la ciudadanía
Cuando los poderes públicos a través de las Administraciones Públicas, tienen la obligación, por imperativo legal, por lógica, por sentido común, por espíritu de servicio, por ejemplo, de ejecutar las obras y los servicios provinciales y municipales con la máxima diligencia posible en función, fundamentalmente, de los créditos y recursos financieros disponibles; suponiendo, lo que más de las veces que fuera de desear, es mucho suponer; que todo el “papeleo”, es decir la documentación contractual, técnica y administrativa “ad hoc”; como proyectos, los pliegos de cláusulas administrativas, de condiciones, la retención de crédito, (Documento RC); los anuncios de licitación, etc., estuviera preparada para su más inmediata “puesta en marcha”.
El desarrollo económico y social depende de la conciencia, del espíritu de servicio y de la preparación profesional de los representantes locales y directivos de las Corporaciones Locales, entre otros, lo que se traduce en trabajar, y dejar que trabajen los demás “compis”, mucho, bien, y superándose “segundo a segundo”, pues el bienestar colectivo así lo demanda.
Desde Keynes con su “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”, que sostiene la conveniencia y necesidad de la inversión pública para aumentar y estimular la demanda agregada como medio de creación de puestos de trabajo y de desarrollo social y económico, supliendo las insuficiencia de la privada; como la infinidad de textos, como los de la Doctrina Social de la Iglesia Católica expuesta, generalmente, por las Encíclicas de los Romanos Pontífices, el Concilio Vaticano II; los teóricos de la economía desde Adam Smith, tesis doctorales, ensayos científicos de naturaleza jurídica y filosófica, la doctrina vertida en los artículos de las revistas profesionales más acreditadas, como The Economist, ofrecen propuestas fundamentadas en la evidencia empírica, como en la reflexión que de ella se deriva, para contribuir a que el “mundo mundial” sea mejor. La cuestión es si quiénes tienen que hacer las propuestas y tomar las decisiones están “por la labor”.
“Verbigracia”: el contenido de los 13 puntos de la Declaración de Oporto del 8 de mayo de 2021: “Unidad, solidaridad, cohesión social, prosperidad”, “trabajar en pro de una Europa social” apartado 1; “derechos sociales”, apartado 4; “aprendizaje permanente”, punto 8; etc. Pues tomen buena nota los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que, en base a la autonomía y competencia que la legislación les reconoce tendrán que fijar sus políticas y presupuestos generales en sintonía con el contenido de ese documento comunitario. Las sinergias, la armonización, la coordinación y la cooperación económica, social, técnica y jurídica a que están obligadas las Entidades locales, así lo demanda.
A nuestros “irmãos” portugueses mi más sincera enhorabuena por su bien hacer en el durante el primer semestre de 2021, pues Portugal asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, como por la organización del evento en la ciudad donde desemboca el Duero. Y a los “españolitos” aprender de lo mucho y bien que lo hacen nuestros queridísimos “vecinos”.
Marcelino de Zamora
