La Comisión Europea reconoció esta semana a Zamora como la cuarta provincia española, junto a Teruel, Cuenca y Soria, acreedora de ayudas específicas en la lucha contra la despoblación. El anuncio se conocía solo 24 horas después de los demoledores datos del padrón continuo publicados el miércoles: la provincia zamorana se aleja de la frontera demográfica de los 170.000 habitantes, tras perder casi otros dos mil en el año de la pandemia. La caída no es achacable a la mortandad del coronavirus, sino que apuntala una tendencia que, solo en las dos décadas transcurridas del siglo XXI, ha supuesto el descenso de más de 33.000 personas. La población equivalente a una localidad vallisoletana como Aranda de Duero o a una madrileña como Galapagar. Viene al caso la comparación, porque sobre todo Madrid y Valladolid son algunos de los puntos que reciben a los cinco zamoranos que, cada día, abandonan su tierra en busca de empleo. Así, hasta sumar los más 130.000 nacidos en la provincia (no de segunda generación) que residen en las comunidades autónomas y provincias más desarrolladas.

Zamora entra, por desgraciado mérito propio, en un club del que, para colmo, se le había excluido hasta ahora, ya que la concentración en la capital zamorana tiraba ficticiamente hacia arriba de una realidad palpable en los pueblos. Solo quince municipios (que no núcleos de población), contando entre ellos la ciudad de Zamora, Benavente y Toro, superan los mil habitantes, mientras se multiplican los que cuentan con menos de cien vecinos. En la práctica, esa desertización se traduce en una estructura económica y laboral que pesa como una losa sobre los negocios que, pese a todo, logran despuntar. Un lastre que desmoraliza a los miles de trabajadores que, cada día, se levantan a poner en marcha su negocio, a incorporarse a sus puestos de trabajo, mientras ven, impotentes, cómo los activos de provincia parecen colarse por un desagüe sin que exista una acción conjunta política, económica y social capaz de sacarla del marasmo.

Como colofón a la desastrosa demografía provincial, también hemos superado a Lugo y Orense como cabezas visibles del envejecimiento por habitante. La media supera los 51 años, los 61 si solo se tiene en cuenta al abandonado medio rural. Somos la provincia con menos habitantes menores de 16 años de toda España.

Hace más de un año que Zamora levantaba, con evidencias suficientes, la bandera de la despoblación. Con una pandemia por medio, las urgencias se han multiplicado, pero a los oídos de los zamoranos siguen llegando más proyectos que concreciones. Arrastramos las consecuencias de políticas que no han corregido un milímetro los desequilibrios territoriales, en las que todas las instituciones tienen su parte de responsabilidad. En julio del año pasado el resumen del Consejo Económico y Social de Castilla y León ponía negro sobre blanco el resultado de décadas de desidia: la propia región camina a dos velocidades, concentrando la debilidad en el oeste que enmarca a Zamora.

Ni siquiera el mayor periodo de bonanza económica vivido por España en lo que va de siglo, entre 2000 y 2006, sirvió para un auténtico despegue de la provincia, el crecimiento en esos años de la renta fue de los menores de todo el país. En ese plazo fue cuando Castilla y León dejó de ser “Objetivo 1” para los fondos de la Unión Europea. En 2004, la comunidad autónoma superaba, por fin, ese umbral del 75% de la renta media europea que servía como fiel a la balanza orientativa de Bruselas. Hasta ese año, fundamentalmente el subdesarrollo de dos provincias, Soria y Zamora, abrió la puerta al maná de los fondos europeos con los que prosperaron, sobre todo, el centro y el norte de la comunidad. La zamorana siguió, durante mucho tiempo, siendo, en sí misma, Objetivo 1. Los desequilibrios jamás se corrigieron pese a que la bonanza económica permitiera cierto espejismo estadístico, ya borrado. Con datos de 2018, el índice de convergencia se queda en el 72%. No nos movemos del charco, frente a Burgos con un 102%, Palencia, con un 94% o Valladolid, que hasta con retroceso se sitúa en un 92% de la renta media europea, a veinte puntos de distancia.

Hay mucho por hacer y más aún por corregir. Hay que apostar por una discriminación positiva que jamás se ha llevado a cabo en la provincia

Si no se corrigen políticas que dan pie al abandono lacerante del territorio zamorano, si no se invierten ayudas, estrategias y se favorece la creación de empleo, el ritmo permanecerá invariable. El cambio debe producirse ya y de forma efectiva porque únicamente hay una fórmula para asentar población: crear empleo. Y sí, claro que es vital contar con comunicaciones como el tren madrugador cancelado por el mismo Gobierno que pone en marcha una secretaría ministerial contra el reto demográfico. Departamento al que se le asigna una promesa del hoy presidente en Moncloa que vinculaba a Defensa, el campamento de Monte la Reina, que queda en el aire. Pero no es suficiente: la aceleración de la instalación de Internet es vital para detener el proceso y está llegando con cuentagotas: no podemos esperar a ese horizonte de 2025 que pintan desde el Gobierno central y la Junta de Castilla y León, porque, de continuar la tendencia sumado el efecto económico de la pandemia, en cuatro años habremos bajado ya de los 160.000 habitantes.

La sociedad zamorana debe mostrarse más ambiciosa: no es de recibo que los fondos europeos que aún benefician a la provincia por su situación fronteriza se los acabe llevando Valladolid que no sólo no tiene frontera, sino que cuenta con un PIB superior y una renta per cápita media 4.000 euros mayor que la zamorana. Hay mucho por hacer y más aún por corregir. Hay que apostar por una discriminación positiva que jamás se ha llevado a cabo en la provincia, inundada por embalses que producen electricidad para empresas situadas lejos de los valles anegados y vacíos y que ahora se convierte en meta de la energía solar y eólica. Zamora debe exigir ventajas fiscales por su situación y por la explotación de sus recursos. Y si no hay marco legal que lo ampare, legíslese para ello, igual que se han creado otro tipo de conciertos en comunidades autónomas que, eso sí, contaban más en el Congreso que los tres diputados electos por esta tierra. ¿O acaso hay que resignarse hipotéticos reinos de Taifas que puedan resultar decisivos en una mayoría de diputados que respalde el Gobierno de turno? Por la actitud del PSOE en el Gobierno central con Teruel y ahora, la coalición en apuros PP-CS en la Junta con el único procurador de Por Ávila, cabría deducirse que la división acaba por sumar. Lo que podría llevar a peligrosas conclusiones y, en el peor de los casos, a una inestabilidad de política del mejor postor que nadie desea.

Pero Zamora está harta de esperar, harta de promesas que sí se cumplen para otros. El desplazamiento de toda una unidad logística de Infantería a Córdoba es factible, la rehabilitación del campamento toresano, melón abierto, además, por el propio PSOE, se pinta ahora como reto inalcanzable ni con el dinero en la mesa de Caja Rural porque “no hay encaje legal”. Eso dicen, después de haber asistido a pactos nocturnos entre partidos antagonistas para cambiar articulados en la Constitución cuando la situación económica apretaba. Zamora, directamente, se ahoga y necesita un pacto fiscal y económico ya.