Siempre se ha dicho que la mujer del César no sólo tiene que ser honrada sino que parecerlo. Las oposiciones a maestros o profesores de secundaria de nuestra comunidad tienen que cumplir los famosos criterios de igualdad, mérito y capacidad y estos criterios deben estar por encima del objetivo de ahorrar dinero público pagando poco dinero a los miembros de los tribunales de oposición.
En Castilla y León, como en alguna otra comunidad, la inmensa mayoría de los miembros de los tribunales son designados entre los profesores de la provincia donde se realiza la oposición, para así no tener que pagar dietas de desplazamiento. Esto trae consigo que, sobre todo en ciudades pequeñas, los cinco profesores que forman el tribunal se conozcan e incluso sean amigos y a su vez conozcan a varios opositores que han trabajado de interinos en esa provincia.
Yo me presenté y aprobé en Madrid donde las posibilidades de que eso ocurriera y de que tres de los miembros del tribunal llegaran a acuerdos ilegales me parecía más difícil que en una ciudad pequeña como Cuenca, donde pude contemplar como un opositor abrazaba sin rubor a un presidente de un tribunal antes del examen y casualmente fue el único opositor que aprobó. Desde hace años Castilla La Mancha designa ya a los miembros de los tribunales sólo por sorteo entre todos los profesores de la comunidad autónoma, evitando los localismos. ¿Por qué no lo hace Castilla y León? ¿Con qué criterio nombran los directores provinciales a los presidentes de los tribunales? ¿Dónde aparece la trasparencia que predica nuestra consejera Rocío Lucas?
Se me dirá, y es verdad, que las oposiciones a profesores de primaria o secundaria son más justas con diferencia que las de funcionarios de otras consejerías e incluso que las de acceso a profesores de universidad, pero eso no justifica las deficiencias de las mismas que pueden y deben ser corregidas.
Francisco José Cordero Rodríguez
Profesor de Enseñanza Secundaria.
