El caos y el desconcierto que está generando el proceso de vacunación contra el COVID-19, el tan esperado remedio para la recuperación de la salud vital y económica, solo es comparable a la infinita paciencia observada en la mayoría de la población. Nada ha salido conforme a los primeros planes y, por mucho que se empeñen el presidente Sánchez y la ministra Darias, será difícil alcanzar ese ansiado 70% de población vacunada a finales de verano. La primera en fracasar fue la política de la Unión Europea frente a los intereses de las farmacéuticas: retrasos, incumplimientos, han sido la norma a pesar de los compromisos, de los contratos, de la inversión de dinero proveniente de las arcas de la UE, mientras otros países, los que más desembolsaban, aceleraban la inmunización de sus habitantes.
Esa ha sido la punta del iceberg de un desastre que, lejos de corregirse, cada vez adquiere más tintes de esperpento en todos los niveles de la escala administrativa. Desde el inicio, esa escasez de vacunas ha afectado directamente a España, Castilla y León y, por ende, a Zamora. La provincia es la quinta con más población de la comunidad autónoma, pero solo supera a Soria en número de dosis administradas de la vacuna contra el coronavirus. Son conclusiones obtenidas a partir de los datos de esta misma semana dados a conocer por la Junta de Castilla y León y que revelan una descompensación territorial sin que, hasta la fecha, nadie haya aclarado la razón de la misma. Por poner un ejemplo, en la provincia de León se pusieron más de 4.600 vacunas el Sábado Santo; en Zamora, fueron 4.500 las inoculadas durante toda la semana. La cifra de ciudadanos inmunizados, con las dosis completas, sigue estancada en 16.600 desde hace ya algunos días.
Si alguien dudaba de que el panorama podía empeorar, el pasado miércoles obtuvo la respuesta. El martes renacía la esperanza sobre la velocidad de vacunación deseable. Se había puesto en marcha una inoculación masiva en centros de Zamora capital y Benavente, exclusivamente para los nacidos en 1956, a los que se aplicaría, a lo largo de una semana, la primera dosis de una de las vacunas que más polémica había generado: AstraZeneca. No llegaron a transcurrir ni 24 horas cuando, de forma unilateral, la Consejería de Sanidad decidió suspender la campaña de nuevo por las dudas sobre la seguridad en los efectos secundarios. A algunos el inesperado anuncio los pilló, literalmente, con la jeringuilla en la mano. En Zamora, fueron varias las personas que, tras enterarse por la prensa, acudían desde sus domicilios, muchos de ellos en pueblos lejos de la capital o Benavente, para comprobar que, efectivamente, la cita quedaba anulada de facto. La decisión de la Consejería de Sanidad, que siempre ha preferido navegar en las aguas de la prudencia, desembocó en perplejidad y dejó en el aire muchas preguntas que siguen sin respuesta, porque el desarrollo de los hechos, a ojos al menos de los usuarios, resulta, cuando menos, errática.
La consejera Verónica Casado tomaba la decisión de paralizar el suministro de AstraZeneca “por precaución” y lo hacía solo unas horas antes de que la Agencia Europea para el Medicamento (EMA), emitiera su juicio sobre los efectos secundarios más graves observados en parte de los inoculados con dosis de AstraZeneca: la formación de trombosis. A media tarde la EMA concluye lo mismo que ya hizo en anteriores ocasiones: considera el efecto secundario de la formación de trombos como casos “muy raros”, aporta una opinión positiva sobre los beneficios de la misma y la recomienda como “alternativa efectiva” frente al riesgo que el COVID-19 entraña como “enfermedad muy seria con altas tasas de hospitalización y muerte”, subrayando que, un año después de declarada la pandemia, aún mueren miles de ciudadanos europeos cada día a causa del coronavirus. Minutos después tiene lugar la cumbre de ministros de Sanidad. La UE reclama unidad de criterios y la respuesta fue la habitual, cada uno por su lado. Con posterioridad se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, otro foro de desacostumbrado consenso, para concluir que la aplicación de AstraZeneca se haría para el segmento de edades de entre 60 y 65 años. Castilla y León vota a favor, al vicepresidente Igea le parece bien la propuesta y el resultado es la vuelta a la casilla de partida, porque justamente eran los de 65 años los que se habían quedado a las puertas de la vacunación.
El clamoroso desconcierto afecta ahora a los llamados de 65 años, a los no llamados de entre 60 y 65, a quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca que incluye a colectivos esenciales como a sanitarios de segunda línea, fuerzas de seguridad y profesores. Las dudas iniciales de AstraZeneca ya habían provocado que 600 docentes zamoranos renunciaran a la inmunización, bajo la advertencia de que no habría alternativa, puesto que la vacuna es voluntaria. Ahora se suma la zozobra de quienes están en pleno proceso y para quienes se baraja la posibilidad de dejarles con una sola dosis o inocularla de otra marca. ¿Y eso revela mayor seguridad? Porque en el empeño de explicarnos las bondades de la “temida” AstraZeneca han proliferado informes. Ningún medicamento se salva de los efectos secundarios. Tampoco el resto de las vacunas aprobadas hasta ahora por Europa de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. En concreto la de Pfizer, según reporta el Reino Unido, que va a la cabeza de vacunaciones, tiene recogidos más casos de efectos secundarios graves, aunque siempre en un porcentaje ínfimo en comparación con los inyectados.
En todo este sainete es comprensible que los ciudadanos ya no sepan a qué atenerse, que haya cundido el caos y, lo más grave, se esté dando alas a los negacionistas y antivacunas
En todo este sainete es comprensible que los ciudadanos ya no sepan a qué atenerse, que haya cundido el caos y, lo más grave, se esté dando alas a los negacionistas y antivacunas. Por si fuera poco, durante la semana nos encontramos que Madrid negocia con un empresario ruso la compra de la Sputnik V, que Valencia trata de asegurarse dosis suficientes de la marca Janssen, y que la región alemana de Baviera ya ha tomado la delantera a la de Madrid en la adquisición del fármaco ruso pese a ser uno de los tres que aún no ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que alude, entre otros detalles a la “inquietud porque no se hayan cumplido los estándares internacionales” y las dudas sobre “procedimientos a nivel científico” durante la fase de ensayos clínicos. Ahora el presidente Sánchez se une al coro del fármaco supuestamente ensayado en las filas del antiguo Ejército Rojo. Y aún hay más, el jueves el Ministerio de Sanidad ampliaba la horquilla de AstraZeneca hasta los 69 años, para agitar aún más la coctelera de la confusión. Y esa es, al menos de momento, la pauta que cumplirá Castilla y León.
Aún así, al reanudarse este fin de semana las vacunaciones en Zamora, donde aún restan por vacunar los mayores de 70 y varios octogenarios que no han recibido ni siquiera su primera dosis, la ciudadanía vuelve a dar una lección de concienciación. Aunque hayan tenido que recorrer kilómetros hasta el punto de vacunación, pese a no disponer de vehículo propio. Ese es el caso de muchos zamoranos de una provincia de población dispersa y mayor. No existen tampoco directrices únicas, así que hay personas que acuden a los centros de salud comarcales y quienes tienen la suerte de que su médico de cabecera abre voluntariamente el consultorio local para vacunar a sus pacientes. Muchas de esas personas transitan por carreteras con un elevado índice de siniestralidad, como la N-631 y la N-525 que, en los diez últimos años acumulan 10.000 accidentes a causa de la fauna. Los vecinos, como expresan en este periódico esta misma semana en un reportaje sobre la peregrinación en busca de la vacuna, “se apañan” como pueden. Se arriesgan compartiendo coches de vecinos, de familiares, o sea de no convivientes, que, además tienen que pedir permiso en el trabajo para trasladarlos. Esas idas y venidas se han saldado ya con dos accidentes en la N-122 y la muerte de uno de los candidatos a vacunarse. Aunque si se trata de dudar de conductores, los que más incógnitas ofrecen siguen siendo los responsables de nuestro bienestar, desde la UE al Gobierno central y sus autonomías. La impresión, hasta ahora, es que nadie parece estar al volante y no estamos para más trayectorias erráticas.
