El pasado día 30 se publicaba en el BOE la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, más conocida como “ley de la nueva normalidad”, que nada más ser conocida ha suscitado controversia, estupefacción, incredulidad y, en algunos sectores, indignación. Y todo ello porque en el artículo 6.1.a, dedicado al uso obligatorio de mascarilla, establece dicha obligatoriedad “En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”; es decir, con independencia de que exista la distancia de seguridad. Claro, el asunto ha planteado cuestiones como qué ocurre en las playas, si habrá que tomar el sol con mascarilla, o en los paseos por el campo, por ejemplo, salvo que los entendiésemos como deporte, que este queda exento de la obligatoriedad, artículo 6.2, cuando es individual y al aire libre.
No ha estado mal el revuelo, dado que esta ley supone un endurecimiento considerable respecto al uso de la mascarilla en relación con momentos anteriores de la pandemia, cuando había más desconocimiento del comportamiento del virus y no había ni siquiera vacunas. Y ante el revuelo, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha venido a intentar devolver las aguas a su cauce, lo que no deja de ser mal asunto cuando hay que explicar, matizar, o reinterpretar lo plasmado en el BOE, máximo canal de expresión de la voluntad del gobierno en tanto que es ley. Así que se dicta una ley y en horas hay que matizarla, lo que no parece muy apropiado en ningún caso, pero mucho menos cuando la sociedad está fatigada por el sufrimiento producido por la pandemia y más que harta de normas distintas según cada parte del territorio, porque, no olvidemos, que en el actual estado de alarma las Comunidades Autónomas tienen un amplio margen de actuación, con más que discutible coordinación a través del Consejo Interterritorial de Salud, así que quizás hubiese sido prudente hablar primero con las Comunidades y después legislar sobre este asunto. Pero era pedir mucho.
Puestas así las cosas, la ministra portavoz sale en rueda de prensa y se incorpora a la moda de esta pandemia de introducir nuevas palabras, en este caso decalaje, al señalar, ante las críticas respecto al nuevo uso de las mascarillas, que “hay un decalaje entre la norma y la realidad”. ¿Qué significa esto? Y como si no tuviésemos poco con la que está cayendo, ahora resulta que tenemos que interpretar a la ministra que interpreta lo que el BOE dice. Menudo panorama.
Quizás poniendo un poco de orden en este sinsentido podamos entender por qué la ministra utiliza esta palabra y si se trata simplemente de una especie de pose de intelectual de medio pelo, o una ocultación de la realidad de lo que se dice.
Lo que dice la ministra es que, dentro de esta nueva ley, las autonomías buscarán “un margen de actuación”, que ignoramos cuál es, con el fin de aprobar criterios “homogéneos y contextualizados”
El término decalaje es una adaptación de la palabra francesa décalage, cuya traslación más ajustada al español, me dice mi buena amiga y colaboradora en este diario Ana Olivares, sería desajuste o diferencia. O sea, que lo que la ministra portavoz e intérprete del BOE dijo es que entre la norma publicada el día 30 de marzo y la realidad hay un desajuste, una diferencia. Pues estamos apañados. Y lo estamos porque lo normal es que las leyes surjan a raíz de comportamientos o situaciones que no estaban previstas con anterioridad, vamos, lo que vulgarmente se conoce como que el delito va por delante de la ley. Lo que no parece tener ni pies ni cabeza es que se saque una ley que no contempla justamente la realidad que tienen delante de sus narices y mucho menos que haya que proponer rectificarla nada más ser publicada.
Claro, cuando la ministra dice eso del decalaje supongo que la mayoría de la población no comprendería a qué se estaba refiriendo, mientras que si hubiese dicho que había un desfase entre la realidad de ese momento y la recién promulgada ley los ciudadanos se hubiesen echado las manos a la cabeza pensando que cómo es posible que el mismo día de su publicación la ley esté desfasada respecto a lo que regula. Lo que me lleva a que, y no es una novedad, hay una tendencia a crear nuevas expresiones o incorporar términos extranjeros, e incluso cultismos, no por un afán de vitalizar la lengua, cosa que, dada mi condición de filólogo, aplaudiría, sino con ánimo de ocultar los errores cuando no de ocultar la realidad misma.
Así que pongamos las cosas en su sitio. Y el sitio es que el Gobierno, en lo tocante al nuevo uso de la mascarilla, ha desbarrado, quizás porque el texto ahora aprobado viene del pasado mes de junio, donde la situación era distinta, y desatendido tanto a la realidad como al propio Consejo Interterritorial al que este miércoles se ha emplazado para que se pronuncie y matice la ley gubernamental. Y se ha pronunciado como suele ser habitual en este órgano, con cada comunidad diciendo una cosa y con ello generando más confusión en la población, y la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, intentando salvar el disparate navegando entre dos aguas, que nunca da buen resultado salvo en las manos del maestro Paco de Lucía. Lo que dice la ministra es que, dentro de esta nueva ley, las autonomías buscarán “un margen de actuación”, que ignoramos cuál es, con el fin de aprobar criterios “homogéneos y contextualizados”, que sería una sorpresa que fuesen homogéneos y lo de contextualizados bien da a entender que esta llamada ley de la nueva normalidad, pese a su novedad, no está contextualizada. Claro, porque hay decalaje con la realidad.
Pero bueno, en todo caso, eso ya será para la semana que viene, que tampoco corre prisa salvo para legislar.
