Lo que el martes era “no comparte el criterio que ha terminado con los chopos cortados”, se transformaba el jueves en “la solución adoptada es la más adecuada desde el punto de vista urbanístico y medioambiental”. Ambas declaraciones públicas fueron hechas por el concejal de Medio Ambiente, Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora y han sido respaldadas por el alcalde, en relación con la tala de media docena de árboles de gran porte una vez que los vecinos de los edificios colindantes con el parque de Eduardo Barrón pusieron el grito en el cielo.

Lo que condujo a tan radical cambio en las manifestaciones del que a estas alturas se destaca como el más nefasto de los concejales del equipo de gobierno -otros procuran hacer lo mínimo posible y al menos con eso el daño a la ciudad es menor-, no fue que el proyecto haya cambiado o se haya rehecho tras la comprobación de algún aspecto inadecuado en el mismo. Eso sería perdonable. Rectificar es de sabios y que se trate de minorar el daño causado por una actuación equivocada siempre es de agradecer.

El problema en este caso es que el cambio en las declaraciones, que el concejal Romualdo Fernández y el alcalde Guarido han tratado que pase lo más desapercibido posible, se ha producido solo después de resultar fallida una operación inicial consistente en cargarle “el muerto” -en este caso la tala indiscriminada- a un funcionario e incluso en privado al promotor de la obra. Algo que es ya escandaloso punto común en el comportamiento de este alcalde. Descargar siempre la culpa en los funcionarios, servicios técnicos, en los errores administrativos, cada vez que una actuación resulta fallida, como la necesidad de triples o cuádruples licitaciones para adjudicar una misma obra; la paralización de todos los procesos de renovación de los grandes contratos de servicios públicos vencidos desde hace años; los procesos judiciales suscitados con motivo de su despótica forma de actuar frente a los trabajadores del ayuntamiento; o las llamadas al orden ante el Tribunal de Recursos Administrativos y el Tribunal de Cuentas.

El intento grosero de escurrir la culpa quedó rápidamente puesto en evidencia dado que lo ejecutado es exactamente lo que contempla el proyecto de urbanización aprobado a propuesta de Romualdo Fernández por acuerdo de la Junta Local de Gobierno celebrada el 22 de mayo de 2018 bajo la presidencia del alcalde Francisco Guarido, que así mismo firma el anuncio publicado en el BOCyL. No sólo eso, hace un mes, el día 15 de enero el mismo concejal Romualdo Fernández firmaba el decreto autorizando la tala y las actuaciones a realizar para la demolición de parte del parque de cara a la ampliación de la calle de acceso al edificio, en cuyo texto se sigue recogiendo la advertencia del Técnico de Parques y Jardines de que para realizar esos trabajos será necesaria la retirada de cinco árboles.

Sin entrar en si la solución óptima es estrechar en un tercio la anchura del parque en ese tramo, introducir en la zona verde escaleras y un paso más de circulación peatonal o talar unos árboles que creaban un entorno de frescor y privacidad, lo sustancial es la mentira y el despotismo como argumento de gobierno y poner el rojo siempre por delante del verde aunque presuman de lo contrario.

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