Cualquier actividad debe ser eficaz y eficiente; es decir tiene que procurar alcanzar sus objetivos con el mínimo de recursos y en el mayor grado; para rentabilizar los esfuerzos humanos, los recursos materiales y financieros precisos para realizarla; pues, de no ser así, no se resolverían con plenitud la problemática a la que tiene que aportar soluciones; dejando a personas, a colectivos, a las empresas, a las organizaciones, etc., destinatarias de sus quehaceres, sin satisfacer plenamente sus necesidades, sus pretensiones, sus misiones, etc., todo lo cual conlleva, consecuentemente, una mayor desatención respecto a lo que debiera ser el cumplimiento pleno y certero de las competencias y obligaciones que todos tenemos hacía todos, recíprocamente.
Además, si no se emplean con rigor, con conocimiento de causa, con fundamento, con rapidez, sin acepción de personas la financiación y los medios y activos públicos, aparte de incurrir en responsabilidad por tal comportamiento y actitud negligente, pasota, irresponsable, delictiva, etc., pues perjudica, el no empleo de los medios no utilizados, o inadecuadamente empleados, a otras actividades que los precisan, lo que supone seguir dejando desatendidas las pretensiones de otras gentes.
Y así, como dicta el sentido común, la experiencia y la ciencia “nos enseña” el desempeño correcto, completo, oportuno, resolutivo, de las atribuciones que tenga la Administración Pública, si de ella se trata, exige una mínima planificación relativa a su desempeño, lo que demanda previamente de un exhaustivo diagnóstico sobre la situación y expectativas de la realidad, de las aspiraciones de la ciudadanía, etc., en función de las competencias que legalmente tenga encomendadas. De esta forma la gestión y disponibilidad previa, o comprometida, de los activos requeridos permitirán una más inmediata puesta en ejecución de la actividad, con destino previamente establecido, lo que asegura un mínimo de desviaciones respecto al objetivo que tiene que estar bien definido y contemplado en todos los Planes Locales de Obras y Servicios, por ejemplo.
Y es que los políticos y directivos de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales debieran contar con el conocimiento y conciencia de lo que supone, exige y requiere un desempeño digno de sus obligaciones públicas y profesionales, lo que es imprescindible para elaborar la estrategia de la provincia para el desarrollo rural.
Y es que cuando tal actividad sea de naturaleza laboral debiera conllevar una elevadísimas preparación académica y de los “temas de la oposición”; lo que los procesos selectivos serios, rigurosos, objetivos y respetuosos con los mandatos legales; debieran garantizar respecto a los empleados públicos y que además, se pondere su hipotética vocación de servicio público, su afán de superación, la conciencia de su necesidad de estar al día en sus saberes, su actitud exigente hacia la excelencia, el participar adecuadamente en el trabajo en equipo, etc.
Así, respecto a lo que ocurra “alrededor”, que sea de interés para el óptimo cumplimiento de las tareas profesionales, tendrá que atentos y avisados el político y el empleado público, por si fuera relevante tenerlo en cuenta, en adaptarlo, etc., por el titular, el responsable, etc., de una actividad.
Marcelino de Zamora
