EDITORIAL | Con la prohibición de su caza el lobo sigue desprotegido y el ganadero también

Aún será necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publique la correspondiente orden en el Boletín Oficial del Estado, pero el enfrentamiento de posturas ya fue evidente en la propia reunión de la Comisión Estatal donde no fue posible alcanzar el consenso en una cuestión que, necesariamente, debe buscar un equilibrio por cuanto se conjugan intereses que pueden resultar enfrentados. La conservación del lobo y su gestión para que no colisione con una actividad fundamental para el sostenimiento de la vida en los núcleos rurales, la ganadería, son cuestiones delicadas en la que cada medida debe ser sopesada y meditada. No parece haber sido ese el proceder de la citada comisión que, oficialmente, se felicitaba por lo “coherente” de la decisión adoptada y era aplaudida por las organizaciones ecologistas. Y aun reconociendo, de entrada, la necesidad de conservar la biodiversidad con las distintas especies autóctonas (y el lobo lo es en este territorio) garantizando así la armonía de la Naturaleza para luchar contra la crisis climática, resulta paradójico que el Ministerio hable de coherencia si tenemos en cuenta las circunstancias que rodean a la polémica decisión.

La reunión transcurrió en una tensión inédita en el seno de la comisión y fueron necesarias dos votaciones para adoptar una decisión en la que un solo voto definió la exclusión del lobo como especie cinegética. Los votos de comunidades en las que el animal brilla por su ausencia pesaron tanto como los de las cuatro comunidades que acumulan en sus territorios al 95% de la población del lobo ibérico y el desempate se produjo con el voto de calidad del representante ministerial. De esta forma queda en entredicho la función de arbitrio que debiera ejercer el Ministerio para que los juicios emitidos fueran ponderados, sobre todo cuando se trata de cuestiones en las que partidarios y detractores están decantados y mantienen puntos de vista opuestos hasta el punto de resultar casi irreconciliables.

La batalla próxima ya se adivina ante los tribunales. Así lo ha anunciado la Junta de Castilla y León que, para colmo, hacía coincidir en el día y casi también en la hora, el anuncio de su Ley de Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos de Castilla y León, o sea una nueva normativa sobre la caza después de los varapalos judiciales que se llevaron las anteriores y también el plan de conservación del lobo que tenía en vigor la Administración regional y que fue llevado a los tribunales por las organizaciones ecologistas.

La Junta califica el acuerdo de mínimos de “ataque absoluto al desarrollo rural de Castilla y León”, al tiempo que niega credibilidad a los argumentos del Comité Científico del Ministerio de la Transición Ecológica que, en todo momento, se ha posicionado del lado de los argumentos de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Los conservacionistas rechazan que exista el conflicto tal y como lo pintan las organizaciones agroganaderas y aseguran que “la mayor parte de la gente que protesta está cometiendo un fraude estructural porque recibe dinero de la Comunidad Europea para ser respetuosos con el medioambiente”. Y es verdad que en uno de sus últimos informes la Comisión Europea del Estado de la Naturaleza, basándose en datos aportados por las comunidades autónomas concluía que el cánido estaba en un “estado de conservación desfavorable”, aunque ese no parece ser el caso de Castilla y León ni mucho menos de Zamora, donde el último censo cifraba en unos 400 los ejemplares distribuidos en 45 manadas. La proliferación del lobo ha generado ingresos para el denominado “turismo natural”, mediante la observación del animal “in situ”. Una actividad que genera ingresos y también aglomeraciones que hacen dudar de su carácter pretendidamente ecologista.

Hasta ahora el control de población se realizaba a través de batidas controladas y autorizadas al Norte del Duero, mientras al Sur del río el lobo mantenía su estatus de especie protegida. La actividad cinegética queda ahora prohibida también en las zonas donde se producen más ataques, que deben ser indemnizados por la Administración regional. La Junta ha expresado su más que evidente malestar anunciando acciones jurídicas porque considera que la decisión de la Comisión traspasa, a su vez, la directiva Hábitat de la UE que autoriza la caza controlada en casos de superpoblación. Con ese espíritu, y puede también que poniéndose la venda a la espera de recibir la pedrada ministerial, la recién presentada Ley de Gestión Sostenible, cuya legalidad corre peligro de quedar, de paso, en el limbo, incluye la “emergencia cinegética” para situaciones en caso de superpoblación de una especie. 

A su vez, la Comisión Estatal de la discordia anuncia la creación de un grupo de trabajo para elaborar “una nueva estrategia” de gestión del lobo que sustituya a la de 2005 hasta ahora vigente, con la intención de asegurar “la coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios que habita”. O sea, se deja para el final lo que debiera haber sido el primer objetivo. Porque, en medio de toda la polémica, quedan atrapadas miles de familias de un sector, el ganadero, muy castigado ya, pese a ser considerado, de palabra, por los representantes políticos, como esencial, sin el que la difícil situación de la pandemia hubiera resultado imposible de asumir desde el punto de vista del suministro alimentario. Solo que rara vez se oyen las voces de agricultores y ganaderos en los despachos, como no sea las de sus protestas que le llegan al mandamás de turno a través de las ventanas.

A los malos precios, la repercusión de las restricciones en hostelería, se une el nuevo-viejo problema del lobo. Mastines, collares en el ganado, indemnizaciones... Nadie ha dado con el fiel de la balanza. Tampoco lo hará la nueva decisión que, por otra parte, podría alentar aún más el nunca desaparecido furtivismo, por venganza o por avaricia. Los precios por hacerse con uno de los ejemplares se dispararían y, lo más peligroso, sin control cinegético alguno, no se seleccionarían los animales a abatir. Los machos dominantes, la pieza más cotizada, son también fundamentales en el comportamiento de las manadas. En resumen, la pretendida protección del lobo tejida con la urdimbre de la comisión estatal parece, más bien, haber errado el tiro al ocuparse solo de una parte del problema y tomar la decisión más fácil y popular, lo que no significa, necesariamente, eficaz ni mucho menos útil para el Reto Demográfico que subtitula el Ministerio responsable.