La recuperación del campamento militar de Monte la Reina se ha convertido ya en un símbolo de la lucha contra la despoblación en una Zamora agónica en lo demográfico y en lo laboral. Sin embargo, acostumbrados a la tradicional resignación ante la evaporación de iniciativas de futuro, pocos contaban con un golpe de efecto como el protagonizado por Caja Rural esta semana. Los directivos de la entidad han defendido con ardor el proyecto en todos los foros, incluido el organizado justo hace un año por este periódico, donde el director general Cipriano García, lo reivindicó en presencia de la vicepresidenta y ministra responsable del Reto Demográfico, Teresa Ribera. Mucho ha llovido desde entonces y, por lo que se refiere a la despoblación, poco ha escampado.

En medio de la pandemia sanitaria y económica, el proyecto ha quedado aparcado salvo como pretexto de polémica entre partidos e instituciones de distinto signo tras el jarro de agua fría de los 350.000 euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado. Caja Rural ya avisó con el millón de euros ofrecido para el proyecto preliminar. Ahora ha lanzado todo un órdago, respaldada por los empresarios reunidos en la asociación Zamora 10, comprometiéndose a aportar la totalidad del proyecto, cifrado en su día en unos 85 millones de euros, a coste financiero cero, para adelantar las partidas ahora inexistentes que pongan en pie la rehabilitación de las instalaciones y, con ellas, la llegada del millar de militares y sus familias. En el siglo XI eran los propios reyes los que, por decreto, imponían las repoblaciones que beneficiaron a Zamora en aquellos tiempos también afectada por la emigración, el hambre y las guerras que habían expulsado a sus habitantes.

Mil años después, con el mismo problema por medio, a falta de concreción de proyectos por parte institucional, es una entidad privada la que pretende poner en marcha la misma operación, aún sabiendo que se trata solo de un primer paso en un proceso complejo, pero tremendamente urgente porque a Zamora solo le falta colgar en su límite provincial el mismo cartel de liquidación que, tristemente, decoran tantos negocios en quiebra por la crisis económica de 2010, por la falta de oportunidades y rematados por el coronavirus. Quienes no parecen haber entendido la urgencia, para desgracia de los zamoranos, son sus representantes políticos y en particular, los que se sientan en el Parlamento nacional. No es un fenómeno nuevo, porque la norma ha sido la de la ceguera política frente a la desesperación tanto de empresarios como de los asalariados que se ven empujados al paro y, después, a la emigración, durante las últimas décadas. Esa obsesión por interpretar absolutamente cualquier gesto, cualquier acción colectiva, en clave electoral que tienen los dos partidos que se han alternado en los Gobiernos durante las décadas en las que Zamora ha visto como se complicaba cada vez más su situación, ha sumido a los políticos en una parálisis de los que sus votantes son sus principales víctimas. Y cuando las víctimas se hartan de ser tales o se rebelan o hacen el hatillo y se van con la música, y su talento, a otra parte. La oferta de Caja Rural ha desatado toda una tormenta, sobre todo en el seno del partido en el Gobierno.

Aunque de cara a la galería haya agradecimientos y sonrisas forzadas, compromisos de elevar la propuesta y declaraciones de que el proyecto no se ha olvidado, la procesión se vive por dentro de las filas del PSOE. Sobre todo, si a la proposición de la entidad se le añade lo vivido en la tarde del jueves en el Ayuntamiento de Toro con la presentación de una moción del grupo socialista aprobada por unanimidad, en la que también saca los colores al Ejecutivo por lo que, también los propios concejales socialistas, entienden como desatención de una cuestión sobre la que se lleva dando vueltas mucho más tiempo. Porque han sido varias las ocasiones en que el Ayuntamiento de Toro ha intentado recuperar las instalaciones, siempre con resultado fallido, gobernara PP o PSOE. El Ministerio de Defensa optó por sacar los terrenos a subasta en 2014 como finca rústica. Tres años más tarde se iniciaron las conversaciones con participación de diversas administraciones para que las instalaciones pudieran recuperar la actividad con la ocupación, de nuevo, por parte, de uno o dos batallones del Ejército de Tierra. Y en 2019, en plena campaña electoral, Pedro Sánchez pronuncia su discurso en el teatro Ramos Carrión con el compromiso de reabrir Monte la Reina y un claro objetivo recogido como frase textual en las hemerotecas: “Vamos a repoblar”. Como diez siglos atrás, a grandes males, grandes remedios. Nadie está diciendo que Monte la Reina se convierta en el bálsamo de Fierabrás que alivie una herida tan profunda como la que afecta a la desintegración económica y social de Zamora. Pero contribuiría notablemente a reactivar una provincia exhausta. Sería un primer paso, el punto de luz que todo el mundo busca al final del túnel.

El Gobierno de Sánchez está obligado a reaccionar y explicar tan claro y tan alto como lo hizo el entonces candidato a la Presidencia en Zamora en qué momento se encuentra el proyecto de Monte la Reina si, tal y como aseguran sus representantes en Zamora, no se ha dejado de trabajar en él. La oferta de Caja Rural pone en un serio aprieto a los parlamentarios socialistas por Zamora. Si rechazan cortésmente la iniciativa teniendo en cuenta que, como asegura el grupo del PSOE de Toro, una partida de cien millones poco abulta en el conjunto de los Presupuestos, expliquen qué otras dificultades existen. Si se trata de encajar un proyecto con connotaciones militares dentro o fuera de los fondos europeos para la reconstrucción que estudien las fórmulas oportunas. Como quiera que, más allá de la euforia del discurso electoral, es obvio que las cosas no funcionan en el siglo XXI como en tiempos del románico, resulta comprensible que haya reticencias entre los posibles trasladados. Y reacciones entre las poblaciones que vean perderlas. Eso, por no hablar de las últimas tensiones entre mandos del Ejército y Gobierno, relevo del Jemad incluido.

No, no es una cuestión fácil, aunque, a cambio, bien podría servir la operación para la “venta” de los atractivos de Zamora: seguridad, vivienda barata, coste de vida más asequible, buena educación para los hijos, red de transporte público en una hora a Madrid si el Ministerio colabora mejorando horarios del tren de alta velocidad. Conectividad si se espabila en la imprescindible digitalización y, al fin, calidad de vida. Todos los partidos, todas las instituciones deberían, al menos, ponerse de acuerdo en esto último. Sería un primer paso de un camino difícil que se hará más empinado cuanto más se tarde en emprender. Zamora vivió su momento de esplendor después de esas repoblaciones del siglo XI. La historia da extrañas vueltas sobre sí misma porque los hombres tienden a repetir errores y algún acierto. Lo que resulta imperdonable es la inacción y, como única respuesta, la resignación. Ya no.