Este juez de la Audiencia Nacional parece que se quiere parecer a Baltasar Garzón ya que pasan por sus manos los casos más mediáticos del momento: Púnica, Lezo, Tándem (sobre Villarejo), Kitchen, BBVA y Dina. Y acaba de colocar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al borde de la imputación. Nació en Valladolid y en sus primeras etapas ocupó varios juzgados en Castilla y León.
En el año 2000, en la época del Ángel Acebes, ministro de Justicia del Partido Popular (PP), le ofrecieron irse a Francia como juez de enlace donde estuvo 12 años. Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaría su traslado como juez de enlace a Italia en el año 2012. Este relevo estuvo impulsado por el ministro de Justicia de entonces, Alberto Ruiz-Gallarón (PP). Tras haber estado más de dieciséis años en el extranjero, en 2017 desembarcaría de nuevo en España para volver a ocupar su puesto en el juzgado central de instrucción número 6.
Su vuelta a España estuvo envuelta en polémica ya que unos meses antes se produjo una conversación, que se desvelaría más tarde y que fue ampliamente difundida en todos los medios de comunicación, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González hablaba con el exministro Eduardo Zaplana y le expresaba su deseo de que fuera apartado Eloy Velasco y que volviese García-Castellón a la Audiencia.
Zaplana aseguraba que el problema estaba en la “instrucción”, es decir, en el juez Velasco. A lo que González respondía: “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional... lo ascienden... yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que te toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular”. Tanto Zaplana como Ignacio González, ambos del PP, están condenados por corrupción.
Finalmente, Velasco sería ascendido a otra plaza y García-Castellón regresaría, siendo la primera vez que pedía volver a España desde su nombramiento exterior en el año 2000, renunciando a un mayor sueldo y a una menor carga de trabajo fuera de las fronteras. De esta manera volvía a la Audiencia Nacional. Todo sea por la Justicia en mayúsculas.
García Castellón es un juez de corte conservador y pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
Volviendo al caso Dina citado al principio de este artículo, el magistrado había elevado al Supremo en octubre 2020 la situación del vicepresidente por el caso Dina y lo envió al Alto Tribunal por su condición de aforado. Pidió que se imputase al líder de UP por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. Una decisión no exenta de polémica, después de que la propia Audiencia Nacional revocara hacía unas semanas otra decisión de García-Castellón y devolviera a Iglesias su condición de perjudicado.
Según se ha sabido hace unos días, el Tribunal Supremo ha devuelto a la Audiencia Nacional la causa contra el Sr. Iglesias por el caso Dina ya que no ve indicios sólidos para sostener ninguno de los delitos que el juez Manuel García Castellón atribuyó al Sr. Iglesias, máximo dirigente de Unidas Podemos y que forma parte del gobierno de coalición con el Partido Socialista. El Supremo le pide que agote la investigación y solo entonces, puede volver a remitir el auto al Supremo.
Cada cual puede sacar las conclusiones que crea oportunas sobre esta “bonita” historia de nuestra Justicia Superior, pero se entiende que muchos sintamos una enorme desconfianza sobre su independencia. La última decisión sobre el caso Dina saltó en el peor momento político, con la pandemia, la bronca continua, las tensiones en un gobierno de coalición, la crisis en el Consejo del Poder Judicial, los medios de comunicación alineados, la negociación de los presupuestos generales del estado. El despropósito ha durado tres meses.
¿Esto no lo ve un juez de tan alto nivel? ¿Se puede elevar un asunto como tal al Tribunal Supremo con los deberes tan mal hechos? ¿Quién repara el daño político que se ha hecho a Podemos y al Gobierno de forma indirecta? ¿Quién es el principal beneficiado de todo este paso en falso? No es de extrañar que muchos ciudadanos piensen que el caso se elevó al Tribunal Supremo en el momento político más apropiado.
Si de nuevo volvemos a fijarnos en la negativa del PP a no renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de dos años en funciones, muchos entenderán los motivos. El argumento que pone el citado partido es pueril y eso es lo de menos: no quiere que el Sr. Iglesias forme parte del Gobierno de España. Todo el mundo creía que eso depende de los españoles. A lo mejor leyendo con cuidado lo anterior, se entienden mejor los verdaderos motivos.
Todo el mundo dice que esta negativa por parte del PP es inconstitucional ¿Se puede decir algo más grave? La independencia de Cataluña, que pedían varios partidos catalanes, también lo era y han acabado sus líderes juzgados y llevados a prisión. En este caso no pasa nada, parece que no se puede denunciar este delito. Y yo me pregunto, ¿Por qué no dimiten todos los miembros del Consejo? Tengo entendido que trabajan mucho y no cobran nada. Será el deseo de justicia, a su manera e interés, que no se lo permite. Vaya por Dios. Qué pena.
