La pandemia del COVID-19 y la hecatombe económica que arrastra consigo corre el peligro de desdibujar, aún más, las reivindicaciones para combatir la despoblación que deja a Zamora, un año más, exhausta. Lejos de dar tregua, la lectura económica del nuevo varapalo en forma de padrón de habitantes, tiene connotaciones que se dan de bruces contra la reclamación unánime de agentes sociales asumidas por los partidos políticos, al menos en los discursos de cara a la galería.

El descenso de habitantes que señala nuevamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que nos deja al borde de la frontera psicológica de los 170.000 habitantes, supone, asimismo, una merma en los ingresos procedentes de las arcas del Estado que tendrán los 248 ayuntamientos, se perderá un 1,3% de la parte correspondiente a la tributación de los contribuyentes zamoranos cada vez más escasos por razones demográficas y también económicas. La provincia será la que menos reciba de toda Castilla y León, que, por el contrario, crece un 0,8% hasta los 274 millones. Los municipios zamoranos tendrán que conformarse con los 21 millones de euros que les corresponden y solo la Diputación verá aumentada la partida hasta los 78 millones de euros, con lo cual se redobla la responsabilidad de la institución provincial a la hora de hacer el reparto en el peor año en décadas.

El desastre económico, que se suma al poblacional, ya lo anuncian los drásticos recortes que ha sufrido la recaudación de impuestos y en especial el IVA, lastrada por la contracción del consumo por causa del aumento del desempleo y por las restricciones o el confinamiento absoluto de los primeros meses de la pandemia. La caída, según datos de la Agencia Tributaria, llegaba al 140% en el mes de junio y el IVA en concreto caía un 57%, lo que supone que se recaudaron 106 millones de euros menos durante el primer semestre en comparación con el año anterior.

A pesar de los discursos en los que se habla de la necesidad de frenar la despoblación, Zamora sigue fiel a su papel de Cenicienta. Lo hace, una vez más en los Fondos de Compensación Territorial, establecidos para frenar las desigualdades pero que, desde su aparición, han agraciado a provincias de Castilla y León con mayor renta. Dos de cada tres euros han ido a parar a Valladolid, Salamanca y León, según los datos aportados por el Consejo regional de Cuentas. Entre 2003 y 2018, Zamora ocupó la penúltima posición en el reparto, dejando a Soria, otra provincia emblema de la despoblación, como eterno farolillo rojo hasta el pasado 2020. En el último año Zamora ha descendido a ese último escalón de una iniciativa cuyo gasto no se destina a proyectos concretos, sino a subprogramas elaborados desde las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León. Es tiempo ya de cumplir la reivindicación de los agentes sociales que se repite periódicamente y que no es otra que un reparto más equitativo.

El drama que supone el recuento diario de fallecidos y contagios por coronavirus lo solapa todo, aunque crece el miedo al terrible impacto económico a medida que empeoran las previsiones a la baja, ya históricas, de la situación en todo el país. Para provincias especialmente debilitadas por la constitución de su tejido social y empresarial como Zamora, puede tener consecuencias aterradoras. Y la despoblación sigue formando parte de la ecuación a resolver para trazar cualquier plan de futuro.

Las Cortes de Castilla y León han venido coordinando un grupo de trabajo sobre despoblación y envejecimiento dentro de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa hasta este mismo mes en el que ha pasado a encabezar la responsabilidad del grupo estratégico para el desarrollo sostenible de las regiones europeas.

Por otro lado, la Junta regional se ha unido en una declaración institucional a Aragón y Castilla-La Mancha para solicitar al Gobierno que los criterios relativos al reto demográfico sirvan de referencia para la distribución de los fondos de la UE de Nueva Generación. Los fondos para la reconstrucción serán la piedra clave para poder resurgir de las cenizas en las que nos ha sumido el COVID-19. La propuesta realizada por el Ejecutivo de Castilla y León al Gobierno central plantea más de 400 proyectos con un previsible gasto de 6.000 millones de euros, de los cuales 289 tienen un componente digital y 201 se relacionan con la transición verde.

Los proyectos recogidos están vinculados con la reindustrialización, la automoción, la industria alimentaria y el sector energético. En los dos últimos, al menos, Zamora debería tener mucho que decir, y se convierte en seria candidata al primer objetivo de potenciar la industria. Los proyectos, según la Junta, supondrían un importante apoyo en el reto demográfico, el impulso a la cohesión económica, social y territorial, al generar nuevas actividades económicas y de ocupación, una parte importante de ellas localizadas en el ámbito rural, la que más sufre los efectos de la despoblación. Hay 60 núcleos de población en la provincia que se encuentran al borde de desaparecer, con menos de veinte habitantes cada uno.

El obstáculo, además, de la loca carrera desatada entre administraciones regionales para acceder al dinero aprobado por Europa, es, como de costumbre, la falta de coordinación, pero, sobre todo, el reto de la gestión, del Estado en primer lugar, para que el reparto favorezca a quienes afrontarán el futuro en peores condiciones. Zamora busca desesperadamente salir de los puestos de cola en la economía y dejar de ser la provincia con menos atractivo para los inversores, según la encuesta realizada entre los propios empresarios de Castilla y León. Esta semana, el Ayuntamiento de Benavente se esforzaba en ofrecer las bondades de la ciudad como nudo estratégico en el certamen Invest in Cities, en el que participaron más de 500 inversores. Pero hay que avanzar más allá de los proyectos individuales a favor de una estrategia provincial en la que se necesita la participación de los Gobiernos central, autonómico, con el concurso de la Unión Europea.

Sobre el papel, y en lo que se refiere a fondos europeos, más allá de los de Nueva Generación, el nuevo reglamento de los fondos Feder abre paso por primera vez a que los países reserven parte del dinero recibido a proyectos en las regiones, comarcas o municipios que cumplan una de estas dos condiciones: tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o haber sufrido caídas de empleo persistentes e intensas (de al menos el 1% de media anual) entre 2007 y 2017. En Zamora, echando un simple vistazo al cuadro por municipios existen razones más que de sobra. Veremos si, llegado el momento, se impone la justicia o se continúa con la tendencia a reforzar más al que más tiene.