El Gobierno de Castilla y León lleva presumiendo desde hace meses de haber tomado las medidas más drásticas contra la Covid. Protegiéndose bajo la capa del gobierno de Sánchez y señalando con el dedo acusatorio al de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, confinar la región, cerrar la hostelería (salvo las terrazas en pleno invierno, con nuestro clima), los centros comerciales y los gimnasios, impedir en los momentos de mayor relajación ningún tipo de actividad más allá de las 22:00 con lo que en la práctica obligó al cierre de muchos establecimientos hosteleros y no hosteleros, no ha servido para lo que se pretendía, esto es, que nuestros datos de contagios, ingresos hospitalarios en UCI y fallecimiento fueran mejores que los de las demás Comunidades.

Ahora, después de dañar gravemente nuestra ya débil y maltrecha estructura económica, empresarial y de actividad y empleo el vicepresidente Igea y el presidente Mañueco deciden demostrar que son más castellanos que nadie y perseverar en el “mantenella y no enmendalla” con una nueva batería de restricciones con las que llegan a caer en el ridículo de la ilegalidad. Porque al momento de la publicación en el boletín oficial de las nuevas restricciones es manifiestamente ilegal el establecimiento del confinamiento domiciliario obligatorio a las 20:00 y cualquier jurista que no esté zumbado o comprado con el cargo de turno sabe que eso es algo jurídicamente indiscutible.

Desconozco si se trata de soberbia, vanidad, ineptitud manifiesta o miedo, pero en un Estado de derecho los primeros que deben ser rigurosos con el cumplimiento de la ley son los gobernantes que después han de velar porque el resto hagamos lo propio. Y da igual que a continuación el gobierno de la nación cambie la norma para que ya tenga cabida el capricho del tonto de turno. El caso es que, por sus santos bemoles, nuestros dirigentes regionales han hecho a grandes rasgos lo mismo que alguno de los dirigentes catalanes encarcelados por la payasada, convertida en golpe de estado, de la declaración de independencia.

La impresión es que ni el gobierno de la nación ni el de la comunidad están pendientes de la pandemia, del coste en vidas y a la economía sino de que el chaparrón les caiga a otros y no a ellos. Tengo el defecto de que me gustan los políticos que dan la cara y arriesgan para buscar las mejores soluciones y resultados. Con excepciones, está de moda lo contrario.

Ante la crisis sanitaria más seria en muchas décadas, debemos preguntarnos qué políticos son esos que acobardados porque se demuestra su incapacidad para dar soluciones, como reforzar -y llevamos casi un año- la dotación hospitalaria de medios humanos y materiales, ampliar UCIS definitivas, realizar test a su población o tener preparado el plan de vacunación para no perder un minuto, pierden el norte y deciden, a sabiendas, incumplir la ley en algo tan serio como es la restricción de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Como Émile Zola en su histórico y ejemplar manifiesto en el Caso Dreyfus, yo acuso al gobierno de la Junta de Castilla y León de ataque a mis derechos fundamentales como ciudadano, esos que debe proteger.

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