Se dice que los puntos se ponen sobre las íes y que los acentos cuentan. Al hablar de residencias en general nos enfrentamos a un término polisémico, que puede tener varios sentidos y por tanto conviene siempre decir a qué se refiere. Mi reflexión intenta incidir sobre las que se denominan, de mayores, de tercera edad. Y las hay en la provincia de diversas clases. Se distinguen en parte por la propiedad, a quién pertenecen, quién las gestiona, cómo se financian, a quién rinden cuentas, los objetivos que buscan.
Las hay totalmente privadas seglares puestas en funcionamiento como un negocio. Otras son propiedad de entidades religiosas cuyo fin en origen fue cuidar a los que nadie atendía, abandonados, enfermos y lo mejor que sabían y podían. Otras son del Obispado, Cáritas y en algunas ocasiones provienen de donaciones, fundaciones, legaciones. Las hay también de titularidad municipal, de los ayuntamientos, cuya gestión puede hacerla el propio consistorio, arrendando a entidades privadas o gestionarlas por medio de fundaciones. En estos casos el verdadero control tanto en la composición del consejo como en el control lo llevan los propios alcaldes con figura intermedia. Cuentan con estatutos, pero subordinado todo o en gran parte en última estancia al titular de la alcaldía. Las hay propias de la comunidad autónoma, institucionales Y otras figuras que por no alargarme no refiero. Las residencias sin ánimo de lucro, municipales o institucionales tampoco pueden convertirse en centros de beneficencia. Una cosa es no hacer negocio pecuniario y otra emplear los fondos de los ayuntamientos para su sostenimiento. Quien pueda pagar lo que gasta que lo haga. Y siempre sería bueno que los presidentes del patronato, den cuenta de todo a los habitantes del lugar. Y todos comprenderán y aceptarán de buen grado que se ayude con fondos de todos al necesitado. Pues también los ayuntamientos tienen obligaciones sociales.
El hecho es que con ocasión de la pandemia se han contabilizado muchas muertes y enfermos en las residencias. No pocos de ellos personas mayores con dolencias crónicas, que por otra parte son los inquilinos habituales de tales lugares. Y se han puesto de manifiesto con equidad o apasionamiento deficiencias estructurales, organizativas, competenciales, personales de las mismas, llegando incluso a cuestionar su titularidad y a hacerse cargo de estas residencias organismos públicos superiores. Hasta se ha prometido nueva legislación sobre ellas. Lo cierto es que a estas residencias van llegando cada vez personas de mayor edad, fragilidad y dependencia respecto a la salud. No pocas de ellas han tenido y tienen que resolver muchas situaciones de emergencia, con poco dinero y escasos presupuestos. Cobran poco, para lo que ofrecen. En tiempos normales con buena gestión han salido adelante. Pero ahora es distinto. Ha habido gastos no previstos y no pocos ni baratos, contagios, desinfecciones, ropas, mejor alimentación, contratación de más personal. Y no siempre los patronos, es decir los titulares de la propiedad han respondido con altura de miras. Es decir haciendo saber a todos los vecinos, informando bien y con datos y números de la situación y por tanto, la ncesidad de dotar con más recursos. Tampoco las familias, quienes hubieran podido llevar a su casa a sus padres o parientes ante la situación de posibles contagios y así potenciar la ayuda a los más necesitados de atención.
También podían asumir una subida de la cuota mensual, cuando su economía lo permite pues los gastos se han incrementado. Es más fácil achacar todo o gran parte a trabajadores y administradores. Y en todas estas cuestiones hay siempre vigilancia e inspección y si esta funciona también puede aportar soluciones. También en este sector ocurre como lo que el día 22 de noviembre (página 18) comenta con mucho tino y gracia Luis Miguel de Dios. Se dan situaciones surrealistas como lo de la secretaria de Prado que al final termina con la paciencia y la buena intención de la alcaldesa, el caso de los policías con los pantalones rotos y los ecologistas con los lobos. Labradores, alcaldesa , policías descorazonados se cansan y mientras , la Diputación, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, la Consejería de Sanidad, los miembros de los patronatos, los alcaldes, los inspectores, callan. Es más fácil. Y mientras trabajadores y gestores a enfermar, sufrir penurias, complejo e culpabilidad y otros dolores morales de tener que ver muchas cosas y no poder hacer o decir nada o muy poco por falta de sensibilidad y responsabilidad de los verdaderos responsables. Cualquier pueblo y cualquier familia entienden que en esta situación puede proceder dedicar partidas de los propuestos municipales o aumentar la cuantía a pagar por las familias o llevarse a sus casas a los más sanos para preservarles de contagios. Informando bien se pueden comprender y hasta justificar muchas cosas. No hacerlo produce agravios a todos y desconfianzas.
