Mucho se ha venido especulando a lo largo de los últimos meses sobre la existencia o no del tan traído y llevado Comité de Expertos, a cuyos criterios el Gobierno de España ha venido atribuyendo las recomendaciones en las que se han basado sus decisiones durante la pandemia. Son muchos los que han exigido conocer la identidad de sus integrantes. Son muchos también los que han puesto en tela de juicio su existencia. El Gobierno no ha dado ni por boca de Simón ni por la del ministro Illa una respuesta convincente que aplacara los ánimos un tanto exaltados de los que hablan del Comité que nunca existió.

El Gobierno ha insistido hasta la saciedad en la existencia real del mismo alegando que se trata de personal funcionario. Ante la opacidad empleada por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, las sospechas se han disparado hasta el punto de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien ha exigido aclaraciones al Ejecutivo español hasta en 25 ocasiones, obliga al Ministerio de Sanidad, al que ha dado diez días para cumplir con su demanda, a revelar la identidad de los miembros del Comité de la discordia.

No entiendo por qué, desde un principio, haciendo gala de la transparencia de la que el Ejecutivo blasona no se ha procedido a esclarecer lo que al final están en la obligación de hacer. Es más fácil cumplir que callar y pasar página cuando a diario se atribuye a estos presuntos expertos las recomendaciones en las que el Gobierno ha basado sus decisiones. Son ganas de liar la madeja. Son ganas de dar que hablar. Son ganas de encender los ánimos de por sí bastante encendidos.

El Ejecutivo se muestra dispuesto a tramitar el expediente. Lo hace con calma, lo que para muchos significa que están trabajando contrarreloj en las identidades que se nos ofrecerán y que a buen seguro también serán objeto de debate y disconformidad. La sociedad en su conjunto espera que sean grandes profesionales del ámbito científico, médicos, farmacéuticos, gente acreditada, personal cualificado, especialmente capacitado para aconsejar al Gobierno y, sobre todo fiable.

Ya veremos si, al final, esos nombres se publican como exige Transparencia. En este caso cabe decir que su publicación no vulnera el derecho a la protección de datos y sin embargo favorece el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos. Son los ciudadanos, tanto o más que la propia oposición, los que esperan un gesto del Gobierno que les devuelva la confianza perdida. Con lo fácil que sería dotar de transparencia, luz y taquígrafos todas las decisiones gubernamentales.