La terrible pandemia que nos asola ha sumido a nuestro país en una profunda crisis sanitaria y, como cada día se hace más patente, también en una crisis económica y social. Pero la pasada semana conocíamos una encuesta realizada por GAD3 titulada ‘La memoria de un país. Estudio sobre el conocimiento de la historia de ETA en España’ que, además, nos tiene que hacer reflexionar sobre la profunda crisis de valores que nos afecta como sociedad.

De la encuesta se desprenden datos tan llamativos como que más del 50% de los jóvenes no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco y qué significó y significa hoy en día para todos los demócratas. O que más del 95% de los encuestados desconoce el número de asesinados por la banda terrorista. O que el 70% de los menores de 35 años reconoce que nunca ha estudiado, ni en el colegio, ni en la Universidad, la historia del terrorismo de ETA y que aquello que conocen es lo que han oído en sus casas, en algunos medios de comunicación o en el cine.

Y desde estas líneas, yo me pregunto: ¿Puede haber algo más doloroso para las familias de quienes dieron la vida en la defensa de la democracia y nuestras libertades que caer en el olvido?

No podemos permitirlo porque es nuestro deber como sociedad. ETA cometió el primer atentado en 1968 asesinando al guardia civil José Pardines y el último en suelo español, el 30 de julio de 2009 colocando una bomba-lapa en los bajos de un coche patrulla de la guardia civil segando la vida de los agentes Carlos (28 años) y Diego (27). Entre un atentado y otro, las cifras son escalofriantes: 857 asesinados, entre ellos 22 niños, y más de 16.000 víctimas totales entre muertos, heridos y extorsionados que todavía hoy siguen sufriendo los estragos del terror en forma de secuelas físicas y psicológicas que se unen al dolor por el relativismo y la indiferencia que en ocasiones demostramos como sociedad.

Pese a que yo contaba con sólo 8 años de edad, recuerdo perfectamente aquellos días de julio de 1997 en los que se conoció el secuestro de Miguel Ángel Blanco y el ultimátum que la banda terrorista dio: acercamiento de los presos etarras en 48h o asesinarían al joven concejal de Nuevas Generaciones del PP en Ermua. Ahora comprendo que durante aquellos momentos todos los españoles eran conscientes de que el Estado no iba a ceder ante el chantaje y por eso, mientras se iba consumiendo el reloj de arena del que todos estábamos pendientes, la única esperanza era que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograsen encontrar con vida a Miguel Ángel. Lo consiguieron, pero ETA ya había apretado el gatillo. A Miguel Ángel lo asesinaron con dos tiros en la nuca y a toda la sociedad española nos clavaron un puñal en el corazón. Fue entonces cuando todos nos despertamos y nació el llamado Espíritu de Ermua, una rebelión cívica que fue la primera piedra del fin de la banda y que dio muestra de lo mejor que teníamos como país, la dignidad y la valentía en forma de manifestaciones por toda España.

Es un deber moral y jurídico de los poderes públicos, como así se reconoce por Ley, garantizar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. En Zamora todavía estamos esperando que el alcalde dedique un espacio público a Miguel Ángel Blanco, por todo lo que significó. Que cumpla así con los acuerdos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en una iniciativa que salió adelante en 2017 con los 10 votos a favor del Partido Popular.

Las víctimas del terrorismo lo son por servir a la noble causa de defender nuestros más firmes principios democráticos, constituyen una referencia ética y, por ello, merecen todo nuestro reconocimiento y solidaridad. La dignidad de una sociedad se mide también por el grado de dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo. Por tanto, es tarea fundamental de los jóvenes recoger el testigo de Miguel Ángel Blanco y de tantos otros que defendieron la libertad. No al olvido, no a la desmemoria.

(*) David Ángel Hernández. Presidente de Nuevas Generaciones del PP y concejal en el Ayuntamiento de Zamora