En mi pueblo en vez de responder al saludo habitual a alguien de tu confianza, aunque veas el trabajo que está haciendo, se le pregunta ¿Qué haces? Con frecuencia la respuesta es ¡velay! Variante de velahí, que significa resignación.

En este momento en España hay dos grandes instituciones que cuando le haces la pregunta de qué están haciendo te dan la misma contestación, que quiere decir ¡velay, qué le vamos a hacer! Una de ellas es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya cúpula de 20 miembros está a punto de exceder en dos años, se cumplen en el próximo mes de diciembre, el cumplimiento del Mandato Constitucional.

El artículo 122 de la Constitución Española entre otras disposiciones dice: “La Ley Orgánica establecerá su estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones, en particular en materia de nombramientos ascensos, inspección y régimen disciplinario”.

Mal andamos si los miembros de este Alto Organismo Constitucional no cumplen con lo preceptuado en la Constitución Española porque la Carta Magna vincula a todos los españoles cualquiera que sea su clase, condición o cargo que ejerza. En cualquier caso, si los partidos políticos no se ponen de acuerdo para renovar los miembros del Consejo, nadie le impedirá que ellos dimitan y obliguen a los parlamentarios a sustituirlos por otros que cumplan las normas constitucionales.

Hace unos días ley en un periódico de tirada nacional un artículo que se titula “Jueces fuera de la Ley (y de la honestidad)”, el autor los llama “deshonestos” colectivamente y además dice que: “este Carlos Lesmes que zancadillea al Rey. Si estos individuos cumplieran la ley, o si Lesmes la respetase, ya se habrían ido a casa hace tiempo”. También los llama conspiradores, que violan la ley y que lo hacen para perpetuarse en el poder. Revelar una conversación política mantenida con el Jefe del Estado me parece, no sólo una falta de respeto a la persona que representa a todos los españoles, sino una escasa formación intelectual para el cargo que ostenta.

El autor del artículo cita algunos nombres y los miles de euros netos de su nómina mensual, lo cual da una idea cabal de cuál es su ideal para perpetuarse en el cargo y que sepamos no ha sido demandado por publicar un artículo muy crítico contra la honestidad de los miembros del Tribunal citado.

Eso a los españoles nos preocupa mucho porque ya tuvimos a uno que se perpetuó en el poder 40 años y no fue un modelo de honradez y virtudes cívicas.

Este acto de la dimisión de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tiene ya un antecedente en la España de 1996, ahora eso no ha sucedido y no debe sorprendernos que cuando alguien tiene que ser juzgado por un Tribunal de Justicia español, los amigos le deseen suerte.

La otra institución está formada por los partidos políticos. Eso lo podemos relacionar a que algunos partidos de la derecha orientan sus esfuerzos a destruir al Gobierno legal y legítimo en unos momentos de máxima necesidad. Si los que están encargados políticamente de colaborar con el Gobierno al bien común, lo único que hacen es agravar el desconcierto de la sociedad, muy asustada por el giro que ha tomado a gravedad del contagio del Covid 19, tenemos una sociedad en permanente estado de alarma. No hace falta decretarla.