España no puede permitir que las residencias de ancianos vuelvan a ser un foco de infección, un tanatorio al que ni siquiera los deudos tienen acceso por obvias razones relacionadas con el Covid. Tiene que haber un protocolo a seguir que impida la masacre. El 65% del total de fallecidos en España a consecuencia de la pandemia que sufrimos fueron usuarios de residencias de mayores. Repetir aquellas dramáticas situaciones que se vivieron en los meses de marzo y abril y que llevaron al fallecimiento de más de 20.000 personas mayores, debería convertirse en un delito de lesa humanidad.

Si las residencias han elaborado un plan de contingencia para enfrentar esta segunda ola, se evitará todo aquello que vimos y vivimos con horror. Quienes en verdad tienen que ponerse las pilas son los centros públicos ya que tienen más fallecidos que los privados. En las residencias públicas el índice de fallecimientos es del 7,3% de los residentes, frente al 4,8% de las privadas. El toque de atención lo ha dado el sindicato de Enfermería Satse a través del estudio “Análisis de la situación en las residencias sociosanitarias”, elaborado durante un mes a partir de cuestionarios y visitas en 270 de estos centros en toda España. De este estudio también se desprende que el 12,5% de estos establecimientos todavía no tiene preparados planes de respuesta para frenar el virus, el 80% lo ha diseñado recientemente y sólo el 7,5% lo tenía hecho de mucho antes para situaciones similares a las vividas.

Tampoco todos los centros cuentan con si quiera un responsable de enfermería. En el estudio se comprueba. Sólo 6 de cada 10 centros cuentan con una responsable titulada. En este caso el 81% de las públicas cuenta con una enfermera, mientras que sólo la mitad de las privadas tienen contratado a un profesional enfermero. Así y todo, en el momento de realizar el estudio, las de titularidad pública presentaban casi la totalidad de los residentes con síntomas y sin test, sin embargo en las privadas el porcentaje baja hasta el 0,5%. Algo está fallando en el sistema público para que la sangría de ancianos contagiados y fallecidos les coloque en cabeza.

Los responsables políticos, más que decir, algo tendrán que hacer en lugar de permanecer calentitos en sus despachitos oficiales. Necesitamos responsables políticos que se pateen la calle y que acudan a las residencias y no de forma virtual y directores o directoras que impidan que la carga de trabajo no repercuta en la atención y cuidado de los usuarios, contratando el personal necesario. Los ancianos son responsabilidad de todos nosotros, sobre todo en las residencias.