Por una vez, tanto los representantes del Gobierno central como del autonómico reconocen lo obvio: las estrategias contra la despoblación en territorios como Zamora deben ir de la mano con los vecinos de Portugal, si bien en adquirir esa óptica los españoles vamos con bastante retraso. Más vale tarde que nunca, incluso cuando la necesidad ya no aprieta, sino que ahoga. Precisamente ese matiz de desesperación que ha introducido el revolcón económico a cuenta de la pandemia del COVID puede ser la espoleta que se necesitaba para que algunas de las cuestiones enquistadas durante décadas entre ambos territorios salgan adelante como realidades y no como meras promesas que se han ido reeditando en cada encuentro bilateral entre los representantes de ambos países sin traducción palpable, independientemente de las siglas que mandaran en Moncloa.
La emergencia sanitaria no ha conseguido eclipsar lo que tanto tiempo se tardó en lograr, priorizar como asunto de Estado la terrible situación demográfica que afecta a todo Occidente pero que, en el caso de la Raya, amenaza directamente su existencia al extinguirse la población por falta de perspectivas de desarrollo económico y social. Todo un reto estructural que requerirá mucho esfuerzo y que conllevará algo que la urgencia resta: tiempo. Y por medio, el cataclismo de la economía a escala mundial que convierte en imprescindible la inyección económica que pueda propiciarse desde la Unión Europea, esos 140.000 millones de euros que corresponden a España y que dependen de la articulación de unos Presupuestos Generales del Estado cuya aprobación está en el aire, debido al triste panorama de confrontación parlamentaria, sin atisbo de acuerdo para pasmo de la mayoría de los españoles de a pie. En esas circunstancias, los fondos asociados a los proyectos transfronterizos se vuelven aún más trascendentales. Tal vez, eso haya contribuido a que los responsables institucionales zamoranos hayan “descubierto”, casi repentinamente, a nuestros vecinos del otro lado de la frontera, aquellos de los que tanto tenemos que aprender en lo que se refiere a cómo remontar una crisis de envergadura como lo ha hecho Portugal en estos últimos años.
Tras unos meses de continuo intercambio, con una última reunión en Zamora a finales de agosto entre la secretaria general para el Reto Demográfico, Elena Cebrián, y su homóloga lusa, Elena Ferreira, las esperanzas están puestas en la cumbre hispano lusa prevista para el próximo 2 de octubre en la ciudad fronteriza de Guarda entre los presidentes español Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antònio Costa, para que no ocurra como en las citas anteriores. La última, en 2018 entre los mismos mandatarios cuyas conclusiones deberían haber tomado forma en abril de este año, pero en realidad siguen en el papel. Así que las demandas son, básicamente, las mismas, solo que más acuciantes, porque los problemas se han ahondado enormemente.
Un clásico de las cumbres es la comunicación terrestre, vanas promesas en el caso de la autovía que debería conectar el Norte luso con territorio español a través de Zamora para dar salida al tránsito de viajeros y mercancías por carretera hacia el resto de Europa. Y ahí siguen en barbecho, empujoncito burocrático más o menos cada vez que cambia de signo el Gobierno central (y consiguientemente, la protesta de quienes quedan en la oposición), de la conexión a través de autovía por Alcañices, a la que se unen ahora otras reivindicadas con urgencia desde el lado portugués, con la posibilidad de acceso por al AVE cuya puesta en marcha hasta Sanabria es cuestión ya de semanas. Así lo reclama Braganza, otro ejemplo de empuje y desarrollo en la frontera, consolidado en los últimos años, que busca salida a su crecimiento y labor innovadora de su parque científico. Sin embargo, el balance es de suspenso en asfalto y suspenso evidente en otro de los puntos de la lista a tratar en Guarda: el cierre de la brecha digital, otro aspecto en el que el país vecino nos lleva ventaja pese a los lentos pasos que se van dando en Castilla y León y en Zamora.
Como reconoció la propia secretaria para el Reto Demográfico en este diario, la sangría demográfica continua y el envejecimiento de la población ha roto la estructura social del territorio. Volver a armarlo supone dotarlo de oportunidades que hoy parecen remotas y requieren mucho más que el arrojo de un puñado de valientes emprendedores. Por eso, cobra vital importancia una de las reivindicaciones que esta semana daba a conocer el grupo de trabajo para esa “Estrategia Común de Desarrollo”, como se denomina el proyecto transfronterizo, creado en la Consejería de Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León. Las medidas deben incluir un trato fiscal favorable para la zona, la coyuntura y las especiales circunstancias de la Raya la hacen acreedora a una discriminación positiva de la que gozan otros territorios en España en los que no existen, ni por asomo, los problemas que asfixian a provincias como la zamorana. Máxime si, además, nos enfrentamos a que el escenario fiscal sigue exhibiendo disparidades después de que la comunidad de Madrid acabe de anunciar la bajada de todos los tramos del IRPF.
El escenario impositivo en la Raya, donde además existe el agravio nunca suficientemente compensado de los territorios anegados por presas cuya producción hidroeléctrica alumbraba el desarrollo de fábricas a cientos de kilómetros, sin apenas rédito para esta parte y sometido, casi siempre, a pleitos judiciales debe cambiar radicalmente. Esos agravios históricos forman parte ineludible de esa desestructura social cuya factura llevamos pagando generaciones y deben corregirse aplicando el parámetro de la justicia en el reparto de fondos. Sí, como se aseguraba desde el Consejo Económico y Social de la región esta semana, Castilla y León tiene argumentos de sobra para centralizar las ayudas a la reconstrucción europea, pero esa misma equidad debe repetirse en el reparto entre los distintos territorios de la comunidad autónoma para que exista el anhelado reequilibrio. Y, si el problema es, como apunta el PSOE en el caso de los fondos de cohesión para los que Zamora también ejerce papel de Cenicienta, la solvencia de los ayuntamientos por el tamaño de sus arcas, para acceder a financiación, hay armas institucionales a mano, desde la Diputación, la propia Junta y la agrupación de municipios en mancomunidades que se pretende desde la Consejería de Ordenación del Territorio. Entramos en un trimestre crucial con todos los indicativos, sanitarios y económicos, en rojo, unas expectativas de futuro nada halagüeñas, pero también es el tiempo de la política con mayúsculas. La habilidad y la eficacia en la gestión cuentan más que nunca porque es el futuro el que está en juego: los habitantes de los territorios más despoblados de Europa reclaman su derecho a vivir dignamente.
