Procurar la correcta, completa, eficaz, eficiente, etc., consecución de los objetivos, de las metas, de las obligaciones, del ejercicio responsable de las obligaciones y competencias, etc., exige, entre otros muchísimos requisitos, el que sus respectivos titulares el dispongan de toda la documentación, información, conocimiento, etc., como su puesta “al día” de las técnicas, de la normativa legal vigente, de los avances científicos más actualizados, etc., que contribuyan a satisfacer, lo más plenamente posible, las demandas, las necesidades, etc., de los destinatarios de sus respectivos quehaceres. Y que piensen, también, “cuando encuentren algún segundo”, que “todos nos necesitamos unos a otros, siempre”, aunque la soberbia, la ignorancia y la envidia, entre otras “características” que adornan al autodenominado “homo sapiens”, no lo quieran manifestar.

Y si todos pretendemos “el buen hacer” de los demás, para la mejor solución de la problemática que tengamos; ello, también, se debe alcanzar con el esfuerzo personal y laboral propio. Por lo tanto, hay que interiorizar la necesidad de ser “lo más aplicados posibles” en el desempeño del trabajo, lo que exige afán de superación, de motivación, de responsabilidad, etc.

La autonomía en el desempeño del puesto de trabajo como consecuencia de su ejercicio atento y concienzudo, la satisfacción personal que se deriva de la “entrega” al mismo, la “tensión” por realizar mejor la tarea cada día, la “observancia” de cómo lo hacen los “mejores” aplicando, y adaptando, sus mejores prácticas, etc., implicará el óptimo desenvolvimiento de las responsabilidades laborales.

Así, si nos circunscribimos al ámbito de las atribuciones de las Administraciones Públicas, por ejemplo, que tienen parte de la regulación jurídica, que les afecta, diferente; sus responsables políticos y directivos, tendrían que conocer y adoptar en su caso, con las modificaciones a que hubiere lugar en función de sus propias competencias, la que fuera relevante para el cumplimiento mejor de éstas. Por lo tanto, si nos referimos, más concretamente, a la Administración Local, como son los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, y como debieran disponer cualquier persona natural o jurídica, para el más acertado desempeño de sus obligaciones y tareas, un plan de actuaciones tendentes a tal fin, con el diseño adecuado de sus estrategias, de sus tácticas, de sus objetivos, de sus mecanismos de seguimiento y de corrección de las desviaciones que pudieran surgir; pues sin planificación se va “a la deriva”, al “amiguismo”, al “compadreo”, a la arbitrariedad, a la discriminación, al despilfarro, etc., no a la sabia, prudente y concienzuda gestión de los recursos públicos, que lo son de todos los honestos contribuyentes, para atender, de forma solidaria y equitativa, las carencias de interés general.

Es por todo ello, y porque lo demanda el respeto a las leyes y a los derechos de toda la ciudadanía, como la recta administración de la Hacienda pública local, que los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales dispusieran de un “Programa Municipal, o Provincial, de Fomento” para lograr, con el rigor, sapiencia y justicia que sus habitantes exigen, acometer acciones para “promover… actividades consideradas de utilidad general”, “al desarrollo de las obras públicas”, según los Diccionarios de la lengua española y panhispánicos del español jurídico, respectivamente, definen el vocablo “fomento”, competencia principal de las Corporaciones Locales, entre otras Administraciones Públicas.

Más concretamente, podríamos referirnos al denominado “Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno, 2020-2024”, ORDEN EEI/758/2020, publicado en el BOCYL del 14 de agosto de 2020, “Cuando… se trate de zonas en declive”, según la Ley 6/2014, de Industria de Castilla y León, “dixit”. Así, se prevé, según el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, la circunstancia “3. Que se produzca un proceso de cierre o deslocalización que afecte gravemente a una zona rural determinada de Castilla y León”, etc. Entre sus objetivos están “el promocionar el territorio como atractivo para la inversión productiva, fomentar la creación de empresas y el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, actividades con potencial de crecimiento, facilitar la financiación; cualificación, retención y atracción del capital humano, como la colaboración y coordinación institucional”. Contempla, en su Anexo, “medidas de la Diputación de Ávila” como son las relativas a “suelo industrial y empresarial”, “Centro de Transferencia del Conocimiento Innovación y Emprendimiento” y “Plataforma logística agroalimentaria”.

Servirán las “reflexiones” y las “disposiciones normativas” reseñadas para “tomar nota” a “quién corresponda”.

Marcelino de Zamora