Por todos es sabido que desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, las comunicaciones en las distintas prisiones españolas quedaron expresamente prohibidas, tanto en el interior como en el exterior, es decir, entre reclusos y en los locutorios. El fin que se perseguía no era otro que impedir la expansión del COVID-19 en el ámbito penitenciario. Muy mal no han debido hacerse las cosas cuando no han saltado las alarmas como ha ocurrido en otro tipo de establecimientos como los geriátricos.

Lo que son las cosas, siempre hay excepciones que son las que vienen a confirmar la regla. Esa excepción ha llegado con el visto bueno del Ministerio del Interior permitiendo que dos familiares del etarra Iñigo Gutiérrez Carrillo le hayan visitado en la prisión de Picassent, en Valencia, junto a su pareja también condenada por pertenecer a ETA. Familiares que tuvieron que desplazarse desde el País Vasco, gracias a un salvoconducto que les permitía tanto el desplazamiento entre comunidades como la entrada en el penal.

Qué ganas tiene Interior de provocar a las asociaciones de Víctimas del Terrorismo, crear malestar en Instituciones Penitenciarias y proceder a un agravio comparativo con otros presos que también pidieron un trato igual o parecido y se quedaron a verlas venir. Los despropósitos del Gobierno y en especial los despropósitos del ministro Grande-Marlaska son de antología, de antología del disparate. Este preso, pertenece al grupo más activo de ETA, el Comando Vizcaya desarticulado por la Guardia Civil, no se trata de ninguna hermanita de la caridad. Sin embargo, al ministro no le ha temblado la mano a la hora de firmar el salvoconducto para la privilegiada familia del etarra.

Y saber que Grande-Marlaska en su mejor etapa, la de juez, fue absolutamente beligerante con ETA. El juez que ha dado paso al ministro del Interior es un completo desconocido. Está irreconocible. Es una lástima que se haya echado a perder de esa forma. El PNV está sacándole al Gobierno todo lo que quiere y más y el Gobierno está pagando un chantaje inasumible por permanecer en el poder. Demasiadas canonjías con el separatismo y con los que durante tantos años sembraron el terror en España y para el resto de los ciudadanos raciones y más raciones de ajo y agua.

Un preso de ETA no es más que un preso común o cualquier otro preso con delitos de distinta índole, sólo que es vasco y parece que los presos vascos tuvieran bula presos en general y abogados están tomando buena nota de estas salidas de pata de banco a la carta de Grande-Marlaska.